viernes. 26.04.2024
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 01.10.2009

El PSOE denunció este jueves ante el Tribunal Constitucional el “bloqueo”, por parte del PP en Valencia, a la designación de Leire Pajín como senadora territorial.

Los portavoces del PSOE en el Congreso y el Senado, José Antonio Alonso y Carmela Silva, respectivamente, acudieron a la sede del alto tribunal acompañados por Ángel Luna, a su vez portavoz socialista en las Cortes Valencianas.

En el recurso de amparo, los socialistas denuncian la inactividad del Parlamento autonómico (donde el PP goza de mayoría absoluta) que lleva meses bloqueando el escaño en el Senado para la secretaria de Organización del PSOE.

En declaraciones a los medios, Alonso dijo que el PP “no sólo está ejecutando algo absolutamente ilegítimo, sino que está causando un daño tremendo a las instituciones, a las Cortes valencianas, al Parlamento de España, y también, sobre todo, a los ciudadanos que tienen el derecho indiscutible a que sus representantes políticos están donde tienen que estar”.

El portavoz ha denunciado que “es la primera vez que ocurre en toda la historia constitucional de nuestro país” y que “el PP no puede seguir haciendo lo que en términos constitucionales, legales y políticos es una auténtica atrocidad”.

RAJOY NO MANDA MUCHO EN EL PP

Sobre el caso Gürtel, Alonso afirmó que si Mariano Rajoy no da explicaciones por el caso Gürtel, “está condicionado su futuro político” a lo que resulte de las investigaciones.

Preguntado por la reunión que el líder del PP mantuvo con el presidente valenciano, Francisco Camps, Alonso sostuvo que, además de los dirigentes del PP en Valencia, con Camps a la cabeza, “Rajoy como presidente del PP tiene que responder. La pelota está en el tejado de Rajoy. Veremos si la mueve en algún sentido porque, a tenor de la entrevista de ayer, parece que Rajoy no manda mucho en el PP ni tiene ningún ascendiente sobre el señor Camps”.

“El PP, Rajoy y Camps tienen que dar explicaciones y asumir las responsabilidades políticas que se deriven”, insistió.

El 'caso Pajín' llega al Constitucional