nuevatribuna.es
30 de marzo de 2009, 14:12
NUEVATRIBUNA.ES - 30.03.2009
Recurso contra la legislación de Esperanza Aguirre y además por partida doble. La Abogacía del Estado presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Cajas aprobada el pasado 29 de diciembre por el Parlamento regional, y otro en el que pide que se impugne el artículo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por el que se regula el régimen del personal sanitario.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que ambas normativas vulneran las competencias del Estado. Según el texto, elaborado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, la ley autonómica de cajas de ahorro “altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante, subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los consejeros generales de Caja Madrid".
Con estos fundamentos, el Ejecutivo central pide que se impugne la Ley de Cajas sobre la nueva regulación en el régimen de elección de los consejeros. "La Constitución atribuye al Estado competencia para fijar, entre otros aspectos, las bases que deben informar el modelo organizativo de las cajas de ahorros", dice el recurso. La ley estatal de 2003 fija dichas bases por las que se garantiza el carácter representativo de los órganos de dirección de la entidad financiera, así como la gestión eficaz y la igualdad en la representación territorial.
A esto se añade el recurso, al que también dio luz verde el Consejo de Ministros del viernes pasado, contra el artículo 12 de la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos. El precepto regula el régimen del personal que trabaja en la sanidad pública madrileña y pretendía incentivar a los profesionales que se trasladaran a los nuevos hospitales de gestión privada. "Se entiende que la nueva regulación que afecta al personal del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid violenta la vigencia general de los principios de valoración del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública", dice el Gobierno.
Los sindicatos han valorado positivamente el recurso. "La Comunidad pretendía incentivar a buenos profesionales para que se fueran a los nuevos hospitales privados, mientras dejaba sus vacantes sin cubrir en los públicos. Ofreciendo mejores condiciones roba médicos de especialidades escasas a otros hospitales", ha denunciado CCOO.
Por su parte, UGT, ha advertido de que la suspensión afectará a los más de 5.000 profesionales que se trasladaron a los nuevos hospitales mediante la reordenación de efectivos que impulsó la consejería. "Se quedan en el limbo", ha dicho la secretaria de políticas de empleo del sindicato, Encarnación Parra.
Recurso contra la legislación de Esperanza Aguirre y además por partida doble. La Abogacía del Estado presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Cajas aprobada el pasado 29 de diciembre por el Parlamento regional, y otro en el que pide que se impugne el artículo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por el que se regula el régimen del personal sanitario.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que ambas normativas vulneran las competencias del Estado. Según el texto, elaborado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, la ley autonómica de cajas de ahorro “altera frontalmente el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo vulnera de forma flagrante, subvirtiendo el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los consejeros generales de Caja Madrid".
Con estos fundamentos, el Ejecutivo central pide que se impugne la Ley de Cajas sobre la nueva regulación en el régimen de elección de los consejeros. "La Constitución atribuye al Estado competencia para fijar, entre otros aspectos, las bases que deben informar el modelo organizativo de las cajas de ahorros", dice el recurso. La ley estatal de 2003 fija dichas bases por las que se garantiza el carácter representativo de los órganos de dirección de la entidad financiera, así como la gestión eficaz y la igualdad en la representación territorial.
A esto se añade el recurso, al que también dio luz verde el Consejo de Ministros del viernes pasado, contra el artículo 12 de la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos. El precepto regula el régimen del personal que trabaja en la sanidad pública madrileña y pretendía incentivar a los profesionales que se trasladaran a los nuevos hospitales de gestión privada. "Se entiende que la nueva regulación que afecta al personal del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid violenta la vigencia general de los principios de valoración del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública", dice el Gobierno.
Los sindicatos han valorado positivamente el recurso. "La Comunidad pretendía incentivar a buenos profesionales para que se fueran a los nuevos hospitales privados, mientras dejaba sus vacantes sin cubrir en los públicos. Ofreciendo mejores condiciones roba médicos de especialidades escasas a otros hospitales", ha denunciado CCOO.
Por su parte, UGT, ha advertido de que la suspensión afectará a los más de 5.000 profesionales que se trasladaron a los nuevos hospitales mediante la reordenación de efectivos que impulsó la consejería. "Se quedan en el limbo", ha dicho la secretaria de políticas de empleo del sindicato, Encarnación Parra.
