La Policía ha detenido al ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han informado fuentes jurídicas.
Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas
En concreto, esta detención llevada cabo en su domicilio de Madrid, está relacionada, según las fuentes consultadas, con la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.
El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
10.000 ACREEDORES
En el auto de la Sección Segunda, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que "un número de acreedores superior a 10.000" habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.
La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada "podría perjudicar" el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que "los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento".
