"Si se asume que dicha reforma exprés de la Constitución fue un error, por su contenido y por el procedimiento, la posición política del PSOE respecto al mismo no puede quedar en el mero lamento o en impotentes peticiones de perdón"
Pérez Tapias y sus compañeros de la corriente socialista Juan Antonio Barrio de Penagos y Vicent Garcés sostienen que el incremento de la deuda pública española por encima del billón de euros demuestra el "fracaso" de la política económica del PP, pero también ponen en evidencia la reforma constitucional de 2011 que obliga a considerar "prioridad absoluta" el pago de la deuda pública por parte de todas las instituciones del Estado.
A su juicio, esa obligación introducida en el controvertido artículo 135 "hace previsibles las enormes dificultades por las que va a atravesar el Estado social hasta poner en peligro su viabilidad futura, afectando eso de lleno a una ciudadanía que ve cada vez más mermados sus derechos".
Por ello, Izquierda Socialista cree "absolutamente necesario" que entre las propuestas de reforma constitucional que piensa promover el nuevo secretario general del PSOE "se incluya como imprescindible la modificación del artículo 135 de la Constitución, de manera que se elimine la abusiva y constriñente fórmula de la 'prioridad absoluta' en cuanto al pago de la deuda pública".
"Por esa rectificación pasa la recuperación de la credibilidad que desde el PSOE pretendemos"
NO BASTA CON PEDIR PERDÓN
"Si se asume que dicha reforma exprés de la Constitución fue un error, por su contenido y por el procedimiento, la posición política del PSOE respecto al mismo no puede quedar en el mero lamento o en impotentes peticiones de perdón", consideran.
De igual modo, Pérez Tapias avisa de que si el PSOE lanza ahora propuestas para 'blindar' derechos sociales como la sanidad o la educación sin modificar ese artículo 135, esas iniciativas "quedarán a medias". "Por esa rectificación pasa la recuperación de la credibilidad que desde el PSOE pretendemos", concluyen.
Aquella reforma constitucional pactada por PSOE y PP en el verano de 2011 y aprobada por las Cortes en poco más de quince días fue contestada por los partidos de izquierda. Cuando se debatió en el Congreso, Pérez Tapias, que entonces era diputado, se negó a votarla.
