jueves. 28.03.2024

Hay que aceptar que los pueblos tienen un derecho básico a decidir en determinadas circunstancias históricas su futuro. No es un derecho divino, ni fruto de herencias de la historia, sino un derecho que un colectivo social determinado se ve obligado a plantearse para elegir, de acuerdo con razones económicas, políticas y sociales, cuál quiere que sea su futuro.

El derecho a decidir colectivo lo tiene una nación concreta, o un pueblo, en un momento histórico concreto y por unas causas concretas y determinadas que lo fuerzan a ejercerlo. No debe establecerlo como un derecho histórico, porque las realidades sociales de los pueblos no son inmutables sino que cambian constantemente en lo que ellos mismos son.

Hoy en Cataluña su mayoría social quiere definir su futuro inmediato y para ello quiere el derecho a decidir mediante el voto en una consulta. Y el porqué de esta reivindicación no se basa en antiguas razones históricas sino en razones derivadas de su realidad actual. Hay un sentimiento mayoritario de la ciudadanía sobre la necesidad de hacer un "reset", de parar y plantearse su futuro, por que no quiere continuar con la situación actual. Y esto está determinado por razones diversas.

Hay razones políticas, la sentencia del Tribunal Constitucional cuestionó el Nuevo Estatuto que era un pacto político entre Cataluña y el Estado, ratificado por ambas partes mediante sus órganos de soberanía y refrendado por el pueblo de Cataluña. La propuesta de nuevo Estatuto propuesto por Pasqual Maragall y el Gobierno del tripartito fue una apuesta estratégica para conseguir un encaje de Cataluña dentro del Estado. La frustración social derivada del resultado de la sentencia del TC fue un punto de ruptura política con fuertes repercusiones. Todo ello se ha incrementado ante una política de recentralización soterrada y constante llevada a cabo por el Gobierno del PP.

Hay razones sociales derivadas en gran medida de la falta de comprensión hacia una realidad cultural y lingüística diferenciada y que ha sido a menudo fuente de fuertes ataques mediáticos y políticos del "centro estatal", especialmente contra su modelo educativo de "inmersión lingüística". En definitiva en el fondo se llega la certeza de que hay una falta de reconocimiento del carácter plurinacional y plurilingüe del Estado.

Y hay razones económicas, Cataluña se siente maltratada en cuanto a la distribución de recursos del Estado. La ruptura del ordinal entre comunidades una vez aplicado el Fondo de Compensación, o el incumplimiento de los acuerdos sobre inversiones estatales van creando resentimiento y sensación de maltrato que se ve incrementado en una situación de crisis económica como la actual.

Ante esta situación es razonable la existencia de la demanda del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña. Lo cual sólo quiere decir el derecho a plantearse que hay que cambiar, y estar abierto a las diversas posibilidades que puede conllevar este cambio. Y a pesar de no defender en principio una salida independentista se puede entender que haya mucha gente que la defienda a partir de planteamientos concretos como los que se han expuesto y la falta de esperanza en el interlocutor estatal.

A pesar de ello la razonable propuesta del derecho a decidir se ve intoxicada por las posiciones de quienes, desde planteamientos conservadores propios de los nacionalismos identitarios, quieren aprovechar el momento para convertirlo en una confrontación entre pueblos y en campo de lucha entre sus ideologías basadas en planteamientos históricos normalmente falseados y que aprovechan de forma demagógica. En momentos de crisis suelen tener bastante audiencia propuestas populistas, basadas en conceptos simples y fácilmente comprensibles, que tratan de aparecer como "salvadores" del pueblo ante las situaciones difíciles que padece, y que tratan de manipular sentimientos populares arraigados enfrentándolos y dirigiéndolos hacia otros a los que hacen aparecer como los causantes y responsables de todos los males. Se trata de fomentar el "victimismo" contra responsables externos, lo cual es más fácil de llevar a cabo si hay hechos que le dan base y lo justifican. De hechos como estos ha habido y hay muchos ejemplos en Europa, y las épocas de crisis son especialmente favorables a la aparición de movimientos populistas que hacen calar su mensaje en poblaciones en situación de desesperanza.

En el caso de Cataluña y España los nacionalismos identitarios se retroalimentan y además se justifican en base a unas falsas realidades históricas eternas manipuladas por ambas partes y que quieren crear un falso y abstracto imaginario colectivo, que después permite una fácil manipulación de los imaginarios sociales.

En el caso de Cataluña hay ejemplos claros. La idealización de la fecha de 1714, como la pérdida de la supuesta independencia catalana. La realidades es que la Guerra de Sucesión era esto, una guerra entre los Austrias y los Borbones para ver quién era el Rey de España. Por tanto era una guerra civil y no una guerra de independencia. Cabe decir sin embargo, que era una guerra entre dos concepciones de estado una más federalista y reconocible de la realidad plural del Estado y otra profundamente centralista que es la que ganó y se impuso sobre la nación catalana. Cataluña, mal que les pese a los nacionalistas identitarios nunca ha sido independiente. Formó parte la mayor parte del tiempo del Reino de Aragón, que era un reino donde se respetaban mucho más las diversidades de sus pueblos, a diferencia del Reino de Castilla.

Lo que echamos de menos, en Cataluña, con todo el tema de la supuesta independencia, es un debate más a fondo de lo que ésta supondría realmente. No valen posiciones ni de los que plantean que se solucionarían todos los problemas, como algunos quieren vender, ni de los que auguran que vendrían las "siete plagas". Parece mentira la frivolidad con que se plantea la cuestión, más que un tema abordado desde la "cabeza" parece más hecho a base de "corazón e hígado". Hay que plantearse que toda ruptura con el Estado tendría consecuencias y no es equivocado decir que todos saldríamos de entrada perdiendo. En estos momentos la ruptura tendría costes económicos y sociales muy importantes para Cataluña, internos, una posible fractura social, y externos, entre ellos quizá la propia salida de la UE. Y esto conllevaría, en una situación como la actual, más sufrimiento social. Lo cual no quiere decir que, posiblemente, el resto del Estado sufriría mayores costes, pero esto no es ninguna compensación.

Pero también hay tergiversaciones en el nacionalismo identitario español. España como realidad estatal única y unificada se crea precisamente con la Guerra de Sucesión. Antes habían convivido juntos pero diferenciados los antiguos reinos de Castilla y Aragón. Por tanto la España eterna no es tan antigua. Podríamos decir que hay menos tiempo de España, como estado, que los ocho siglos de dominación musulmana de la península. A la vez se plantea de forma permanente la imagen de una Cataluña insolidaria que sólo trata de aprovecharse del resto, olvidando que muchos movimientos modernizadores en la historia, políticos y económicos, han tenido su raíz en Cataluña. En este sentido es paradójico cómo, a pesar de su pacifismo, hay más virulencia verbal contra Cataluña que la que se ha dado en relación al caso de Euskadi.

Lo que más se echa en falta por parte de quien gobierna en España es la falta de una capacidad de hacer "política con mayúsculas". No es de recibo afirmar que la única solución del problema catalán pasa por la aplicación de las leyes y la Constitución, como repetidamente se plantea. Con esta negativa lo único que se consigue es un incremento constante de futuros independentistas que no ven, ante la negativa del Estado, otra salida a la situación actual.

El problema de Cataluña y su relación con el conjunto del Estado es un problema político. Y es la política la que debe resolver el problema no las leyes. Las leyes en política están para cambiarlas cuando no pueden resolver el problema. Es universalmente conocido que las leyes siempre suelen ir a remolque de la realidad. Por lo tanto si nos encontramos ante un problema de encaje de Cataluña habría de buscarse, por ambas partes, un pacto político, cambiando las leyes que sea necesario, para garantizar una convivencia amable de los catalanes con el resto del estado. Si se quiere evitar que la independencia sea la única salida posible para la sociedad catalana deben plantearse otras alternativas que puedan serle más aceptables y por las que pueda optar mayoritariamente.

Es evidente que quien tiene más responsabilidad en la actual situación es el Estado, que representa el nacionalismo dominante. Por su parte dentro del nacionalismo dominado, en este caso el catalán, no pueden esconderse brotes de egoísmo insolidario del que se sabe más rico.

En realidad la crisis catalana es parte de una crisis más global derivada de una estructura política del Estado ya agotada. Está en cuestión la realidad constitucional surgida de la Transición. Es necesario un cambio en profundidad del marco legal. Aquí exponemos cómo desde Cataluña se cuestiona el marco territorial, pero podríamos decir que esto es una parte del problema, desde muchos otros ámbitos se cuestionan muchos aspectos de la realidad política, económica y social del país. Todo es en realidad una consecuencia de la crisis económica que ha hecho salir a la superficie problemas no resueltos, y no es un problema que afecte sólo al Estado, también está pasando lo mismo en la propia construcción de la Unión Europa.

Ojalá que la aparición de graves contradicciones, como la de Cataluña, sea aprovechado para buscar una solución apropiada. Las crisis muchas veces sirven para dar saltos hacia delante que mejoren el punto de partida. Sería bueno que en España se abordaran con voluntad de cambio problemáticas territoriales, políticas y sociales mucho tiempo escondidas. Para conseguirlo hace falta una fuerte sacudida social y una reestructuración política donde es imprescindible una izquierda recompuesta y fortalecida que plantee alternativas. OTRA TRANSICIÓN ES NECESARIA. Si no, la alternativa es muy oscura y conflictiva.

El Derecho a Decidir y el nacionalismo identitario