nuevatribuna.es
25 de agosto de 2009, 11:35
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 25.8.2009
Tras la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, la portavoz del PP ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el informe que prepara para demostrar la "persecución" por parte del Gobierno a dirigentes "populares" se limita a detallar las actuaciones judiciales y policiales de las que dicen ser víctimas y no entra en las escuchas ilegales denunciadas por su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
Según ha detallado, el "dossier" en el que trabaja tiene el objetivo de demostrar el "diferente" comportamiento que existe a la hora de perseguir delitos que impliquen a militantes del PP o del PSOE: "Hemos acreditado que 53 actuaciones contra el PP han quedado en nada o han sido archivadas mientras que la inmensa mayoría de las actuaciones contra miembros del PSOE siguen abiertas y nunca han aparecido las imágenes en los medios de comunicación".
Sáenz de Santamaría ha afirmado que el informe también pondrá en "evidencia" que el fiscal general del Estado "no está investigando ni persiguiendo" sospechas de delitos denunciadas por el PP en el Congreso, como las relacionadas con la concesión de una subvención por parte del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, a la empresa en la que trabaja su hija, las actuaciones de Caja Castilla-La Mancha o las acusaciones que llevaron a dimitir al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz.
Sin embargo, la portavoz "popular" ha reconocido que no entrará a detallar las escuchas ilegales a altos cargos del partido denunciadas este verano por Cospedal y de las que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró tener pruebas, así como tampoco ha aclarado cuál será la utilidad de este informe. "Lo estamos ultimando y el partido será quien decida el uso que se le dé", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre si se aportará como prueba judicial de sus acusaciones.
"EL QUE CALLA OTORGA"
La dirigente del PP ha defendido que ahora es el turno del Gobierno para dar explicaciones y ha calificado como "muy sorprendente" que la Diputación Permanente haya rechazado las comparecencias de De la Vega y Rubalcaba para "intentar refutar o desmentir" las denuncias de los "populares". "Son acusaciones muy graves y lo lógico es que el Gobierno hubiera venido a dar explicaciones -ha indistido-. El público sacará sus conclusiones de la negativa del Gobierno a ni siquiera intentar desmentir las denuncias del PP, el que calla otorga".
Sáenz de Santamaría ha recordado que los demás grupos parlamentarios también han censuraron el anuncio hecho por la vicepresidenta primera desde Costa Rica de que la Fiscalía recurriría el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y "el uso" de las detenciones en Mallorca a los relacionados con el caso "Palma Arena", así como las filtraciones de sumarios judiciales. Y además, la dirigente "popular" se ha aferrado a la denuncia de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, que ha desvelado una supuesta infiltración de "elementos socialistas" en el seno de Aralar, para insistir en su petición de explicaciones al Gobierno.
Tras la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, la portavoz del PP ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el informe que prepara para demostrar la "persecución" por parte del Gobierno a dirigentes "populares" se limita a detallar las actuaciones judiciales y policiales de las que dicen ser víctimas y no entra en las escuchas ilegales denunciadas por su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
Según ha detallado, el "dossier" en el que trabaja tiene el objetivo de demostrar el "diferente" comportamiento que existe a la hora de perseguir delitos que impliquen a militantes del PP o del PSOE: "Hemos acreditado que 53 actuaciones contra el PP han quedado en nada o han sido archivadas mientras que la inmensa mayoría de las actuaciones contra miembros del PSOE siguen abiertas y nunca han aparecido las imágenes en los medios de comunicación".
Sáenz de Santamaría ha afirmado que el informe también pondrá en "evidencia" que el fiscal general del Estado "no está investigando ni persiguiendo" sospechas de delitos denunciadas por el PP en el Congreso, como las relacionadas con la concesión de una subvención por parte del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, a la empresa en la que trabaja su hija, las actuaciones de Caja Castilla-La Mancha o las acusaciones que llevaron a dimitir al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz.
Sin embargo, la portavoz "popular" ha reconocido que no entrará a detallar las escuchas ilegales a altos cargos del partido denunciadas este verano por Cospedal y de las que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró tener pruebas, así como tampoco ha aclarado cuál será la utilidad de este informe. "Lo estamos ultimando y el partido será quien decida el uso que se le dé", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre si se aportará como prueba judicial de sus acusaciones.
"EL QUE CALLA OTORGA"
La dirigente del PP ha defendido que ahora es el turno del Gobierno para dar explicaciones y ha calificado como "muy sorprendente" que la Diputación Permanente haya rechazado las comparecencias de De la Vega y Rubalcaba para "intentar refutar o desmentir" las denuncias de los "populares". "Son acusaciones muy graves y lo lógico es que el Gobierno hubiera venido a dar explicaciones -ha indistido-. El público sacará sus conclusiones de la negativa del Gobierno a ni siquiera intentar desmentir las denuncias del PP, el que calla otorga".
Sáenz de Santamaría ha recordado que los demás grupos parlamentarios también han censuraron el anuncio hecho por la vicepresidenta primera desde Costa Rica de que la Fiscalía recurriría el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y "el uso" de las detenciones en Mallorca a los relacionados con el caso "Palma Arena", así como las filtraciones de sumarios judiciales. Y además, la dirigente "popular" se ha aferrado a la denuncia de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, que ha desvelado una supuesta infiltración de "elementos socialistas" en el seno de Aralar, para insistir en su petición de explicaciones al Gobierno.
