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25 de noviembre de 2009, 7:33
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 25.11.2009
"Descoordinación, opacidad, mentira" y "contradicciones". En estos términos se resume la valoración que hace el PP de la gestión del Gobierno durante el secuestro del atunero vasco 'Alakrana'. Por eso, recomienda a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que asuma su responsabilidad "por vergüenza propia", antes de que el Congreso vote su reprobación.
La portavoz 'popular' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido el uso de la fuerza en estos casos y el embarco de militares en los buques. En su opinión, son los "prejuicios" de los socialistas lo que les impide un "uso legal, proporcionado y reglado de la fuerza". Además, ha denunciado la "ambigüedad" del Gobierno en relación con el posible pago del rescate y ha pedido explicaciones. Las leyes, ha dicho, "prohíben pagar rescates por razones de sentido común", ya que "alienta" a que haya más secuestros en el futuro. "Los piratas ya saben si se ha pagado o no rescate, los que tenemos que saberlo son los demás". Y ha rematado con esta acusación: "O ustedes no se enteran, o quisieron engañar a todos, lo que es peor, o se dejaron engañar y encima pagando".
Otros grupos de la Cámara como CiU e IU han abundado en las críticas al Ejecutivo, ante lo que Fernández de la Vega, que fue la que asumió la coordinación de la célula para hacer frente a la crisis, ha asegurado que se cumplió la ley "de manera escrupulosa": "Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación".
De la Vega ha evitado entrar en detalles alegando que ya lo hizo Defensa pero si se ha detenidos en dos de los aspectos más polémicos del secuestro: la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.
Sobre este último punto, ha dicho: "Sabíamos dónde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente". Y ha añadido que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía "estar llegando a su fin", de que se iniciaba "la cuenta atrás para la liberación", y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.
DETENCIÓN DE LOS PIRATAS
Para la vicepresidenta, la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. Concretamente, es la operación Atalanta la que obliga a detener a los sospechosos de piratería y "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles. De la Vega ha aprovechado para criticar que hay quien "no ha dejado pasar la oportunidad" de abrir "polémicas interesadas" sobre este asunto.
La orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio "el centro de mando operativo" a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día. El Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara "los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir". Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía "ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas" y, siempre según el relato de la vicepresidenta, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del día 4 de octubre.
De la Vega ha defendido que desde el primer día el secretario general del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Por eso, ha señalado, "cuando alguien dijo que nadie sabía lo que estaba haciendo el Gobierno, se equivocaban", porque lo cierto es que "todos cuantos debían saber lo que era prudente transmitir, lo sabían".
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La vicepresidenta ha reiterado la intención del Gobierno de combatir la piratería en el Índico y en el marco de ese compromiso ha anunciado que activará un protocolo de actuación en casos de secuestro de buques para "salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces" para su gestión, pero sobre todo para la comunicación con instituciones o particulares afectados. Esta propuesta será enviada en breve a los grupos parlamentarios.
Y, como se trata de un problema que "sólo puede afrontarse con posibilidades de éxito, contando y actuando coordinadamente con la comunidad internacional", ha hablado de otras iniciativas como hacer que la operación Atalanta de la UE en la región vigile más de cerca los puertos y la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de piratería, que propugnan ya Holanda, Alemania y Rusia y que España apoyará. También ha recordado que el Gobierno ha propuesto que la UE emprenda una misión de entrenamiento de 2.000 soldados somalíes para fortalecer el Estado somalí, asunto que se llevará a una conferencia internacional durante la presidencia española de la UE.
"Descoordinación, opacidad, mentira" y "contradicciones". En estos términos se resume la valoración que hace el PP de la gestión del Gobierno durante el secuestro del atunero vasco 'Alakrana'. Por eso, recomienda a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que asuma su responsabilidad "por vergüenza propia", antes de que el Congreso vote su reprobación.
La portavoz 'popular' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido el uso de la fuerza en estos casos y el embarco de militares en los buques. En su opinión, son los "prejuicios" de los socialistas lo que les impide un "uso legal, proporcionado y reglado de la fuerza". Además, ha denunciado la "ambigüedad" del Gobierno en relación con el posible pago del rescate y ha pedido explicaciones. Las leyes, ha dicho, "prohíben pagar rescates por razones de sentido común", ya que "alienta" a que haya más secuestros en el futuro. "Los piratas ya saben si se ha pagado o no rescate, los que tenemos que saberlo son los demás". Y ha rematado con esta acusación: "O ustedes no se enteran, o quisieron engañar a todos, lo que es peor, o se dejaron engañar y encima pagando".
Otros grupos de la Cámara como CiU e IU han abundado en las críticas al Ejecutivo, ante lo que Fernández de la Vega, que fue la que asumió la coordinación de la célula para hacer frente a la crisis, ha asegurado que se cumplió la ley "de manera escrupulosa": "Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación".
De la Vega ha evitado entrar en detalles alegando que ya lo hizo Defensa pero si se ha detenidos en dos de los aspectos más polémicos del secuestro: la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.
Sobre este último punto, ha dicho: "Sabíamos dónde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente". Y ha añadido que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía "estar llegando a su fin", de que se iniciaba "la cuenta atrás para la liberación", y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.
DETENCIÓN DE LOS PIRATAS
Para la vicepresidenta, la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. Concretamente, es la operación Atalanta la que obliga a detener a los sospechosos de piratería y "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles. De la Vega ha aprovechado para criticar que hay quien "no ha dejado pasar la oportunidad" de abrir "polémicas interesadas" sobre este asunto.
La orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio "el centro de mando operativo" a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día. El Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara "los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir". Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía "ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas" y, siempre según el relato de la vicepresidenta, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del día 4 de octubre.
De la Vega ha defendido que desde el primer día el secretario general del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Por eso, ha señalado, "cuando alguien dijo que nadie sabía lo que estaba haciendo el Gobierno, se equivocaban", porque lo cierto es que "todos cuantos debían saber lo que era prudente transmitir, lo sabían".
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La vicepresidenta ha reiterado la intención del Gobierno de combatir la piratería en el Índico y en el marco de ese compromiso ha anunciado que activará un protocolo de actuación en casos de secuestro de buques para "salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces" para su gestión, pero sobre todo para la comunicación con instituciones o particulares afectados. Esta propuesta será enviada en breve a los grupos parlamentarios.
Y, como se trata de un problema que "sólo puede afrontarse con posibilidades de éxito, contando y actuando coordinadamente con la comunidad internacional", ha hablado de otras iniciativas como hacer que la operación Atalanta de la UE en la región vigile más de cerca los puertos y la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de piratería, que propugnan ya Holanda, Alemania y Rusia y que España apoyará. También ha recordado que el Gobierno ha propuesto que la UE emprenda una misión de entrenamiento de 2.000 soldados somalíes para fortalecer el Estado somalí, asunto que se llevará a una conferencia internacional durante la presidencia española de la UE.
