Castilla-La Mancha se ha convertido en un laboratorio de experimentación de las políticas más neoliberales asociadas ideológica e instrumentalmente a las reformas estructurales como única salida a la crisis. En los más de dos años y medio de gobierno del PP, esta Región ha asistido a unas prácticas que se asemejan en muchos aspectos a las tácticas militares de “tierra quemada” o de “tierra arrasada”. Esto es, asolar cualquier bien común, público o privado, que pudiera despertar un interés al enemigo. De esta forma, la educación, la sanidad o los servicios sociales se están viendo desmantelados progresivamente, borrando cualquier parecido con la situación de éstos en el momento previo a la entrada en el gobierno de María Dolores Cospedal.
Estas prácticas castrenses, que tan bien domina la Presidenta, más allá de los efectos perjudiciales que proyecta a la sociedad, parten del presupuesto de que las personas que pueblan Castilla-La Mancha somos los enemigos a abatir. Nos encontramos, pues, ante una labor intencionada de construcción simbólica de la figura del enemigo, que toma como objetivo condicionar y moldear el concepto de ciudadano, intentando impedir cualquier expresión política distinta de la participación a través del voto cada cuatro años. De este modo, cualquier persona que muestre públicamente su rechazo a determinadas políticas, por antisociales e ineficaces económicamente, aparece asociado a la figura de un supuesto sujeto socialmente peligroso (antisistema), del que conviene dar la debida cuenta.
A este panorama, se ha de sumar la podredumbre y mediocridad de las políticas puestas en marcha en este último período, que dificultan cada vez más la convivencia social y política con un poder público progresivamente más enrocado en posiciones autoritarias. El empeño por reducir el número de parlamentarios autonómicos castellano-manchegos constituye un buen ejemplo del autoritarismo antidemocrático que Cospedal y los suyos tienen como horizonte. Una vez más, el parecido con aquella táctica militar de “tierra quemada” resulta revelador e inquietante, ya que no resulta necesaria la elaboración articulada de un discurso político, ni tampoco un conocimiento técnico suficiente y adecuado para poner en marcha aquellas reformas estructurales. Por el contrario, parece ser suficiente para esta forma de entender la acción de gobierno características tales como la firmeza, la determinación y mucha retórica creativa –de esto la Presidenta es un adalid-.
Está sucediendo, para tristeza e inquietud de la Presidenta, que frente a esta forma de actuar por parte del poder público, las personas, ciudadanos, organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales presentes en Castilla-La Mancha han trabado una acción de contestación social al que nunca se había asistido en esta parte del planeta. Por una parte, la dimensión de la respuesta social y política ha alcanzado niveles tan masivos que, en otros lugares, ello hubiera comportado la caída del ejecutivo autonómico. Por otra parte, esta respuesta contundente presenta la característica de aparecer entreverada por los diferentes agentes sociales, políticos y sindicales, articulando un frente amplio de síntesis entre las diferentes visiones y estrategias de la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos de las personas y ciudadanos.
Dicha reacción contra las políticas de Cospedal está siendo fuertemente reprimida desde hace ya un tiempo, observando una escalada en la intensidad y estrategia por parte del poder público en la represión de la movilización social. Así, en un primer momento la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las órdenes de la Delegación de Gobierno, mostraron una contra-ofensiva basada en la burorrepresión indiscriminada que se ha erigido en fuente de recaudación y de disciplinamiento social. Sin embargo, últimamente la estrategia represora ha experimentado un cierto refinamiento, siendo reconducida ésta a las personas y organizaciones que más visibilidad mantienen en la movilización. Por ello, no es de extrañar que en los últimos tiempos aparezcan sancionados administrativa o penalmente determinadas personas que muestran un activismo político de mayor protagonismo.
Este último ha sido el caso de un grupo nutrido y variopinto de personas, que en la defensa de los derechos de ciudadanía, se han visto castigados reiteradamente por la acción continua de represión por parte del poder público.
El 16D serán juzgados por ejercer su derecho fundamental de reunión y manifestación los 7 de Ciudad Real. Seis ciudadanos y una ciudadana cuyo único “delito” es mostrar públicamente su desacuerdo y rechazo a las políticas antisociales del gobierno regional de Cospedal. En realidad, serán juzgados por defender los derechos sociales y económicos conquistados por la lucha del movimiento obrero y ciudadano durante décadas. Serán juzgados por lo que, en el Manifiesto que han publicado denominan “dignidad”: “Nos lo han quitado todo. Nos están expulsando de nuestro propio país. Ni siquiera nos permiten soñar con un futuro. Pero al menos nos queda una cosa: La dignidad de quienes no permiten que todo esto ocurra sin alzar su voz para evitarlo. La dignidad de quienes todos los días luchan por defender sus derechos fundamentales, por su vivienda, por su empleo, por su educación, por su sanidad, por la libertad de todas y de todos. La libertad y la dignidad que ahora también están en juego”.
El próximo 16D, ciertamente, la libertad y la dignidad van a juicio.
Joaquín Aparicio Tovar | Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. UCLM
Jorge Fernández Morales | Acusado en el juicio 16D
Francisco Trillo Párraga | Profesor de Derecho del Trabajo. UCLM
