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lunes 16/5/22

Cospedal dice que la España de Zapatero es un "Estado policial"

Lejos de rectificar las declaraciones en las que acusó al Gobierno de utilizar a la Fiscalía para perseguir al PP y no a ETA, la segunda de a bordo de Rajoy vuelve a la carga afirmando que se están realizando escuchas telefónicas a destacados dirigentes nacionales de su partido.
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NUEVATRIBUNA.ES 06.08.2009

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formación.

Cospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y ha lamentado además que España viva ahora "un Estado policial" como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

Un "Estado policial" que, a su juicio, lleva al Gobierno a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

"Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "Esto es lo que practica el Gobierno, aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido.

La número dos del PP ha denunciado que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial. "Y se hacen de manera ilegal, nos consta", ha puntualizado Cospedal, quien ha apuntado que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".

Cospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".
Asimismo, ha asegurado que "los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno" en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos".

Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

"La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE", ha apostillado Cospedal, quien no se ha retractado de sus palabras de hace dos días pese a las críticas que ha recibido desde las filas socialistas.
Para la número dos de los populares, a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP, en esta tesitura, seguirá denunciando "la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones" y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía.

DIMISIÓN DE LA VICEPRESIDENTA

El portavoz de Economía del PP en las Corts Valencianes, José Marí, afirmó hoy que su grupo está planteando la posibilidad de instar a la Cámara autonómica a que promueva la solicitud de dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por la "terrible injerencia en relación al Ministerio Fiscal que ha demostrado estos días", al anunciar un recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra el auto de sobreseimiento libre de la causa que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en relación con el "caso Gürtel".

Marí, que hizo estas declaraciones en rueda de prensa, señaló que De la Vega "en estos momentos no ha estado muy acertada en las decisiones que ha adoptado y en las presiones que ha realizado respecto del Gobierno de la Generalitat". Así, criticó que en "ningún país o Estado de Derecho, el vicepresidente de asuntos políticos del Gobierno comunica las decisiones estrictamente técnicas del Ministerio Fiscal".

Al respecto, explicó que, en el caso de que hubiera estado personada la Abogacía del Estado, no hubiera visto "ningún inconveniente" para que De la Vega, "como ministra, hubiera anunciado la decisión de su abogado, que es el del Estado, pero no la del Ministerio Fiscal" porque se trata de un órgano "imparcial, que vela por el interés público tutelado por la ley y no por el interés político del Gobierno".

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