jueves 22.08.2019

Corrupción objetiva: el caso Chamartín

Corrupción objetiva: el caso Chamartín

-“¿Trabajar para mí? ¿De qué, de matón? No necesito matones, necesito abogados”.

-“Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen, debe dejarnos sacar agua del pozo, cierto que puede presentar factura por el servicio, después de todo no somos comunistas”.

-“Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en esto.”

(Fragmentos de El Padrino)


La Operación Chamartín, tanto en su proceso o procedimiento, como en sus resultados, contiene hasta ahora todos los ingredientes para que su calificación de ‘corrupción objetiva’ adquiera su sentido pleno y cabal

El término corrupción traído al caso que nos ocupa –Chamartín, la Operación urbanística de mayor envergadura en el Madrid postconstitucional-, puede causar asombro y hasta escándalo por lo descarnado de tal expresión.

Fue Tierno- el ‘viejo profesor’ y seguramente el mejor alcalde que ha tenido Madrid- quien hace ya casi 40 años nos previno sobre lo que él llamaba “corrupción objetiva”.

Según nos enseñó, la corrupción objetiva, en síntesis, es la que se origina, instala o incrusta silenciosamente en los ‘procedimientos’, sin apenas apariencia alguna de ilegalidad, creando las condiciones que permiten, inducen o facilitan que, en asuntos de gran entidad y trascendencia –principalmente económica-, tal corrupción se subjetive después, al transformarse en lucro privado, trasfiriendo con ‘ventajas’ a ese ámbito, lo que es o pertenece al común.

Los insurrectos de 1936, con su victoria militar tres años más tarde, implantaron un Régimen de excepción que duró 40 años y que, por sí mismo, fue la más cruda de las encarnaciones de la ‘corrupción objetiva’. Sobre ella germinaron sin cesar toda clase de ‘casos’ de ‘subjetivación’ de esa corrupción, la mayor parte de ellos insuficientemente investigados y conocidos todavía.

La singular restauración de la democracia, formalizada –como Transición- mediante la Constitución aprobada en 1978, tendría que haber ocasionado, si no el fin de la corrupción en sus manifestaciones subjetivas, sí en cambio el de la ‘corrupción objetiva’, entendida en los términos más arriba descritos.

Lamentablemente no fue así, o no lo fue enteramente, porque incluso el propio texto de la suprema Norma quedó infestado ya, al menos por dos virus letales íntimamente asociados: un sistema electoral tramposo y un bipartidismo dinástico, heredero del viejo sistema del turno entronizado con la Primera Restauración.

Con el temprano debilitamiento del sistema democrático de contrapesos y alarmas, en un contexto -o cultivo- de ausencia de depuración de los anteriores poderes surgidos del putrefacto Régimen precedente, la simbiosis de aquellos dos virus trajo pronto como resultado la reaparición de la ‘corrupción objetiva’.

Tras la instauración de aquella Norma, uno tras otro, en un incesante ‘crescendo’, fueron desvelándose ‘casos’ de corrupción, sin que al parecer nadie se tomase la molestia de investigar cuáles eran las causas y condiciones que permitían su advenimiento, aquí o allá, indistinto, cualquiera que fuese el color del Gobierno de turno y el de los protagonistas de tales ‘casos’.

Como indistinta ha venido siendo, siempre, la presentación de tales ‘casos’ –sus coartadas, tras su desvelamiento ajeno a las instituciones-, como meras desviaciones de la conducta de algunos sujetos -los directamente protagonistas-, asimilable por tanto a cualquier otra modalidad criminal– de robo o estafa-, pretendidamente sin vínculo alguno con la realidad institucional y de poder (partidos y administraciones).

Pues bien, la Operación Chamartín, tanto en su proceso o procedimiento, como en sus resultados, contiene hasta ahora todos los ingredientes para que su calificación de ‘corrupción objetiva’ adquiera su sentido pleno y cabal.

Repasemos siquiera sumariamente:

La Operación Chamartín arranca en 1993 con un inédito –e insólito- Concurso público convocado por RENFE, bajo administración socialista, tras un sonado escándalo urbanístico en San Sebastián de los Reyes con ocasión de la compra por dicha empresa pública de unos terrenos en el entorno de una futura Estación.

La finalidad declarada de tal Concurso era la consecución de la financiación necesaria para acometer la modernización de la Estación de Chamartín y sus instalaciones ferroviarias, con cargo a un aprovechamiento urbanístico futuro, expectante e irreal al tiempo de la convocatoria. Con la particularidad de que habría de ser el ganador quien se ocupase de conseguir, con su ‘mediación’ ante las instituciones urbanísticas, la mutación de aquella indeterminada expectativa en algo efectivamente materializable y por tanto susceptible de transformación en valor económico.

El Concurso, adjudicado finalmente a una sociedad mercantil con abrumadora presencia pública (la por entonces recién creada Argentaria, por fusión de todas las entidades bancarias asimismo públicas), se circunscribe a un ámbito territorial de poco más de 60 has, urbanísticamente calificado como ferroviario y con una edificabilidad relativa a ese uso en torno a los cuatrocientos mil metros cuadrados (Plan General de 1985 por entonces vigente).

El adjudicatario de la ‘concesión’ aceptó entre sus obligaciones el pago de un ‘canon fijo’ más el resultante de una elevada ‘cuota variable’ asociada a las futuras plusvalías, todo ello con el fin de la realización de las referidas obras de modernización-con sus correspondientes costes. Y asimismo, asumió junto a la mediación antes mencionada, para conseguir los 870 mil metros cuadrados edificables de cualquier uso que reclamaba en su “oferta”, la gestión de los problemas derivados del ejercicio de los derechos de reversión con sus consiguientes indemnizaciones. Estamos todavía en 1994.

chamartin2

Al día de hoy, casi 25 años después de tal adjudicación, salvo una- la ‘mediación’-, ninguna de las demás obligaciones contraídas ha sido satisfecha por el beneficiario de aquella o mejor dicho por quienes la recibieron como una herencia que prometía ser suculenta.

Entre medias tanto ha sido lo modificado que el origen resulta ya plenamente irreconocible. Personas, cosas, empresas, sistema financiero con su muy cambiante correlación de fuerzas, Normas (ah hoc), Planes (ad hoc), Leyes (ah hoc), Sentencias  anulatorias en varias instancias, Administraciones, Gobiernos centrales, Autonómicos, Locales, con cambios también en la coloración y posicionamiento de los mismos …,nada igual, excepto algunas invariantes muy sustanciales.

La más determinante sin duda entre estas últimas, ha sido la permanente presencia de quien a día de hoy sigue presidiendo el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), afortunado heredero del adjudicatario primigenio, incólume pese a tanto cambio.

Porque ya al comienzo de tan dilatado ínterin, la banca pública dejó de  serlo, primero a medias con el Gobierno de Felipe González y finalmente a enteras con José Mª Aznar. Y un sinfín de cambios sustanciales a lo largo de esa ardua preparación que momentáneamente, tras 25 años, acaba de culminar con una aprobación municipal (inicial), más un renovado contrato, que hubiera permanecido ‘secreto’, de no haber sido por su desvelamiento anteayer, gracias a una audaz periodista de un diario digital.

Cambios conseguidos a través de una más que opaca y dudosa ‘mediación’ –en la que han ido involucrándose muy destacados personajes y cargos públicos-y que, resumidamente, han consistido en quintuplicar primero el ámbito cubierto por la Operación para después, mediante sucesivos cambios, multiplicar por casi diez la edificabilidad y finalmente quizás hasta por quince el volumen de negocio.

El Club de Debates Urbanos (CDU)- cuyo nacimiento se remonta, casualmente, a aquellas mismas fechas en que se concibió la Operación-, presentó hace un par de semanas ante el concurrido público asistente en una de las salas del Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid , un Alegato a dicha Operación. El principal mensaje de tal documento de carácter crítico y propositivo es sin duda la afirmación de que otro urbanismo es posible.

El acto tenía lugar con ocasión del cierre del periodo de información al público de la última propuesta de DCN-BBVA, sumisa más que neutralmente tramitada por el Ayuntamiento de Madrid, como una nueva Modificación del Plan General de Ordenación Urbana– con Plan Parcial incorporado-, tras haberla adoptado como propia con su aprobación inicial.

Con posterioridad, hace tan solo unos días se ha producido el desvelamiento del “contrato secreto” de la Operación Chamartín- en el que se establecen las condiciones de la venta de mil doscientos millones de metros cuadrados de suelo público, titularidad de ADIF, a una entidad privada constituida por el BBVA y el Grupo San José (DCN),

Ello, además de poner al descubierto el desafuero -antesala de la corrupción- que ha acompañado a esta Operación urbanística, permite centrar la atención y el debate en las siguientes cuestiones encubiertas bajo lo que comenzó siendo, en apariencia, una concesión para financiar la modernización del sistema ferroviario:

1ºLa privatización de suelo público mediante su venta.

2ºLa venta sin competencia y sin trasparencia.

3ºEl sinfín de renovaciones y cambios desde la más que discutible adjudicación originaria.

4ºLa “consolidación de derechos” (hasta ahora inexistentes como tales) ‘por la puerta de atrás’ (contrato secreto).

5º Las innumerables irregularidades y aberraciones del proceso a lo largo de 25 años.

6º Muy posiblemente la “venta a bajo precio” y, quizás, sin tasaciones independientes y solventes de por medio.

Y, para agravarlo aún más, el papel desempeñado por el Ayuntamiento de Madrid al actuar, objetivamente, como ‘cooperador necesario’, tanto por ignorar– si así fuese- los términos de ese contrato infame, como por haber prestado pese a conocerlo- como era su obligación-, su decisivo asentimiento.

Olvido o ignorancia cuya responsabilidad ha de extenderse, con igual o mayor razón aún, a cuantas personas e instituciones durante tanto tiempo testigos directos del desenvolvimiento de la Operación, en vez de otorgar algún crédito o simplemente prestar atención a las documentadas denuncias que han venido haciéndose, prefirieron hacer suyas y repetir las consignas de una publicidad tan interesada como engañosa.

Denuncias contenidas no solo en un libro de más de 500 páginas editado en 2013 (“Operación Chamartín. Historia de una realidad virtual”. Jesús Espelosín), sino en varios Informes técnicos oficiales y más recientemente en el Informe confidencial que el ministro Ábalos recibió antes de la aprobación municipal de la última propuesta del Promotor- y por tanto antes también de suscribirse el ‘contrato secreto’-, en el que se le advertía de los graves riesgos en que incurriría en acaso de prestar apoyo, como acabó haciéndolo, a dicha propuesta.

Ayer mismo una persona de larga trayectoria profesional en el campo del urbanismo, tras haberse conocido el susodicho contrato se preguntaba desconcertada en su cuenta de ‘facebook’ qué ‘razones’ (descartando a priori las de orden moral) habrían podido llevar a una alcaldesa como Carmena y a la gente que en esto la secunda, a prestar sostén al BBVA en su afán de adueñarse de esta Operación. Alguien le recordó que la colonización de la mente resulta ser la más perversa de las modalidades de dominación: la que al no ser percibida como tal por quien la padece, impide que éste pueda liberarse jamás de tal sometimiento.

Conociéndose como se conoce la entidad de quienes han manifestado de modo explícito su rechazo al Proyecto que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo, no cabe sino anticipar la existencia de un potencial conflicto político de extrema trascendencia.

No solo por lo que supone tal oposición de una parte muy significativa del tejido civil y asociativo que posibilitó la elección de quienes ahora gobiernan, sino sobre todo y de cara al inmediato futuro, por la inconsecuencia adicional -de orden programático- de aunar en una misma Candidatura a quienes hacen del actual proyecto su estandarte y quienes lo rechazan de modo frontal, como lo pone en evidencia la PNL presentada recientemente ante el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

¿Podrá por ejemplo el candidato a la Asamblea de Madrid por esa misma formación, en ticket electoral con la actual Alcaldesa, sostener simultáneamente su apoyo a esa Operación en su calidad de aspirante a Presidente de la Comunidad y al tiempo su radical rechazo en tanto parlamentario en el Congreso de Diputados?

Por no hablar de la debilidad de una futura alianza en la que la otra parte- el PSOE- tiene tras de sí una muy larga trayectoria de expresas manifestaciones de rechazo a importantes aspectos de esta Operación y que siguen presentes en la última propuesta municipal.

Camuflada bajo distintos nombres o disfraces a lo largo de veinticinco años, esta Operación que ha tratado de vender como ‘moderno’ desarrollo urbanístico lo que no es sino puro negocio financiero-inmobiliario, publicitado mercantilmente por DCN con la aquiescencia del Ayuntamiento, es muy posible que, de proseguir, termine pasando a la historia como “el caso Chamartín”, justo en alguno de los inevitables momentos en que la ‘corrupción objetiva’ sobre la que se ha asentado, comience a subjetivarse para entrar definitivamente en el territorio del Código Penal.

Jesús Gago Dávila . Arquitecto, socio del Club de Debates Urbanos

Comentarios