miércoles. 24.04.2024

@caval100 | Por el gran número de casos conocidos, parece que la corrupción económica y política impera en este reino, cuya realeza también está implicada en tramas propias de famiglia calabrese. Pues bien, desde el día 1 de agosto, con la comparecencia de Rajoy —capo de otra familia conocida como los Genoveses-, con luz, taquígrafos y retransmitido por radio y televisión, ha dejado claro, que la corrupción ha llegado a la máxima institución, donde cada cuatro años depositamos nuestra soberanía. La corrupción institucional se ha instalado en las Cortes Generales. Todo queda ya emponzoñado.

Están esquilmando las arcas públicas del Estado y a la propia institución misma, con el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito, no hubieran podido alcanzarse; sobornos, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, evasión de capitales o delitos fiscales

El caso Gürtel, o caso Bárcenas, o de financiación ilegal del PP, se convierten en uno: caso Rajoy. Es tan grave que el Sistema se ha resentido. Rajoy negó la mayor —defendió su culo, con perdón, pero no la democracia—, quedando hasta catorce menores sin respuesta: las que le implican en el caso. Lo cierto es que los papeles de Bárcenas, en poder de la justicia y publicados, implican al presidente del gobierno como beneficiario y consentidor de la trama. Rajoy dice que todo es falso. Entonces dijo que «salvo alguna cosa» ahora matizó que todo, «soy inocente», «final de la cita». Un presidente, compareciendo en sede parlamentaria, tiene que ser inocente; pero éste políticamente es culpable —penal o administrativamente se verá, o no, vaya usted a saber—. Por todo tiene que dimitir: por la lealtad a la Institución, por dignidad democrática y por el respeto que se nos debe.

Todo parece que el caso Bárcenas es el mayor caso de corrupción y financiación ilegal de un partido político en España, según Ernesto Ekaizer en su libro «Bárcenas». Y el jefe nacional del partido sin enterarse. Los casos de corrupción continuarán, junto con los políticos; y llegarán las puñaladas, las delaciones y las ratas abandonarán el barco, si pueden. Eso, si no consiguen antes que la justicia archive la causa, por prescripción o falta en el procedimiento; «hacemos lo que podemos», según el famoso SMS de Mariano a Luis. De momento la castellano-manchega, el andaluz y el asturiano, tienen que declarar; y si yo fuera ellos estaría preocupado. Los procesos los carga el diablo y se puede entrar como testigo y salir como imputado; que altos cargos tenían en el partido que se está investigando por financiación ilegal.

Los instrumentos para luchar contra la corrupción, pero no se utilizan, porque no hay voluntad política. El juez Ruz ha fijado una fianza por responsabilidad civil en el caso Gürtel de 43.250.000 euros a Bárcenas y de 6.000.000 a su esposa. Lo que hacen 8.194.510.500 (ocho mil ciento noventa y cuatro millones, quinientas diez mil, quinientas) de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Tenerlas las tiene, a alguien se las sacó y no por la cara, sino por conseguidor de adjudicaciones de contratos públicos. Han salido de las arcas públicas, de los dineros que usted y yo pagamos en impuestos y tasas —que parece que somos los únicos que pagamos—, para que el Estado nos preste educación, sanidad, pensiones, subsidios y seguridad en los trenes. Como entre todos se lo están llevando atacan a las instituciones y a nuestro bienestar.

Están esquilmando las arcas públicas del Estado y a la propia institución misma, con el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito, no hubieran podido alcanzarse; sobornos, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, evasión de capitales o delitos fiscales. Nadie que se gane la vida trabajando honradamente, acumula tan grandes fortunas, ni por la lotería, ni por la herencia del tío indiano. Negocios oscuros, prácticas corruptas asimiladas y delitos tipificados.

El principal problema para los españoles es el paro (80,9%) y el segundo la corrupción (37,4%) y como consecuencia estamos perdido la confianza en la clase política y en la política misma. Parece que es lo que quieren. La mitad de los españoles no se identifican con ningún partido político. La abstención llega al 24% y el voto en blanco al 7%. Los del «no sabe» al 20,2%. En intención directa de voto, la encuesta otorga el 13,2% al PP; el 12,5% al PSOE; IU el 7,8%, y UPyD el 4,9%. Es decir tan solo el 25,7% votaría a alguno de los dos partidos mayoritarios. La mayoría absoluta, cómplice de la política de Rajo, representa el 13,2% de los votantes —datos recogidos entre el 1 y el 10 de julio. Un mes antes de la indecente comparecencia del presidente del gobierno—. (Barómetro de julio del CIS). Descorazonador. El Sistema está tocado y hay que cambiarlo, volándole si es preciso y construyendo otro.

«El Estado de Derecho no admite chantajes», dice Rajoy, y efectivamente no admite chantajes, ni tampoco sinvergüenzas, ni traidores, ni vende patrias, ni corruptos, ni a quienes reciben sobresueldos, mientras llaman a austeridad de los pobres. Cuando la corrupción alcanza a las Instituciones, cualquier forma de resistencia es lícita; tendremos que pensar cual es la más indicada. Mientras, no podemos legitimar las prácticas corruptas con el silencio, que sería un delito contra la democracia. Rajoy quiere a la ciudadanía sierva, a los trabajadores esclavos, a los jóvenes rehenes ignorantes, a los enfermos y jubilados muertos vivientes y a todos en silencio.

Alguien decía que hacer el amor cada cuatro años, no es tener vida sexual. Pues votar cada cuatro años, no es hacer una vida democráticamente sana. La democracia es participación, debate, crítica, responsabilidad y transparencia, cuando sea necesario; lo contrario es a donde nos ha traído. El Sistema que la Constitución establece ha abandonado a la ciudadanía, al pueblo llano, y pretenden legitimarlo de forma torticera, utilizando las mayorías parlamentarias, en contra de la mayoría social, que se ha alejado de las instituciones. Si se ha subvertido el Sistema democrático y deteriorado el «pacto social», ¿no tendremos la ciudadanía también el derecho a subvertir ese orden corrupto?

Corrupción institucional