El Círculo de empresarios afirma que algunos jueces “han llegado a convertirse en reguladores de facto”
Que el lobby empresarial no está nada contento con las resoluciones judiciales que ponen coto a la reforma laboral del PP es una evidencia a todas luces. Pero que ese descontento lo plasmen en un documento de tono amenazante es cuanto menos reseñable.
En su última ofensiva mediática, el Círculo de Empresarios critica el “activismo judicial” de aquellos magistrados que se han atrevido a declara despidos nulos o improcedentes o que han enmendado la plana al legislador en muchos otros asuntos laborales desde el inicio de la crisis en 2008.
El informe “La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social”, en el que han participado entre otros el expresidente del Supremo Pascual Sala y el magistrado del Constitucional J. Antonio Xiol junto a representantes de destacadas firmas de la abogacía en España, se presenta como un manual de instrucciones para aquellos jueces díscolos que no se avienen al pie de la letra a lo que dicta el legislador.
“El papel de los tribunales no siempre es acorde con el espíritu y la letra de las nuevas leyes en las que se han concretado las reformas”, se afirma en el documento, en un intento, a juicio de CCOO, de “atemorizar y disuadir a los jueces para lograr que estos efectúen interpretaciones jurídicas conforme a los recortes sociales y a las reformas laborales de empobrecimiento y devaluación salarial”.
Ese y no otro parece ser el objetivo real de un documento que sitúa el supuesto “activismo judicial” como uno de los principales problemas del sistema jurídico español.
El informe abunda sobre esta cuestión alegando que en las últimas décadas (principalmente desde el inicio de la crisis económica en 2008) “se ha registrado en España la tendencia de algunos tribunales a buscar soluciones consideradas ‘justas’, aunque se separen de una interpretación razonable de las leyes aplicadas”. En este sentido, critica las “lecturas forzadas” de algunos textos normativos realizadas por los jueces y que “se alejan del programa normativo que el legislador democrático ha adoptado”, en este caso el PP.
Para Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO, con esta llamada de atención, los empresarios pretenden “amedrentar y atemorizar” a los jueces “para que no hagan interpretaciones favorables a los trabajadores”.
El Círculo de empresarios afirma que algunos jueces “han llegado a convertirse en reguladores de facto” y que “en su afán por la búsqueda de una justicia material, siempre subjetiva”, han adoptado “razonamientos económicos defectuosos y muy poco rigurosos susceptibles de causar graves daños a la gestión ya la productividad de muchos sectores económicos”. En definitiva, una actitud judicial “de rechazo a las reformas arbitradas por el legislador”.
COMPLEJIDAD JURÍDICA DEL ACTUAL DERECHO LABORAL
Como recuerda Enrique Lillo, “el derecho laboral no es solo la voluntad del PP y de la CEOE”, sino que está sujeto a otras fuentes del derecho e instrumentos normativos vinculantes como son los propios del derecho comunitario, directivas, reglamentos y Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y Tratados de la Unión; además de los convenios internacionales ratificados por España como el de la OIT y los pactos de Naciones Unidas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos e incluso la Carta Social Europea en el ámbito del Consejo de Europa. Este marco normativo superior legitima a los jueces a plantear cuestiones prejudiciales, sobre todo en el ámbito europeo, en muchas otras materias, no solo la laboral. A ello se suman la pluralidad de interpretaciones jurídicas que no solo emanan de tribunales españoles sino también de otros tribunales judiciales con competencia para la resolución de estos asuntos como son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Comité de Derechos Económicos y Sociales vinculado a la Carta Social Europea.
