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viernes 20/5/22

Cerrar un medio de comunicación "es de difícil encaje" en nuestras leyes

Así lo afirma la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la que se absuelve a los cinco directivos del diario 'Egunkaria' acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA, al descartar que el rotativo "fuera instrumento para la comisión de delitos o soporte de actividad criminal alguna".
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 12.4.2010

La sentencia no sólo echa por tierra las acusaciones de Dignidad y Justicia y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que llevaron al cierre temporal del diario decretado por el juez Juan Del Olmo en 2003, sino que supone una severa reprimenda para las dos organizaciones y para el magistrado.

A las primeras les acusa de presentar hipótesis "artificiosas", a partir de un punto de partida "endeble". Las acusaciones, subraya, "han invertido el proceso inductivo: primero se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible, luego se buscan las señales, vestigios o indicios, y por último se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye la conclusión". Lo que hicieron la AVT y Dignidad y Justicia fue dar por sentado que Egunkaria, el único diario íntegramente editado en lengua vasca, "tuvo que nacer porque ETA lo quiso". Y la Sala carga contra esta interpretación de la realidad que califica de "estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA". "La omnipresencia de ETA en la cultura vasca es una falacia interesada, buscada por la propia banda", insiste, haciendo suyas las palabras pronunciadas por los acusados durante la última sesión del juicio.

En cuanto al juez, los magistrados de la Audiencia destacan que el artículo 129 de la Código Penal, al que el magistrado Del Olmo se acogió para decretar la clausura, referido a la adopción cautelar de medidas de seguridad en relación a empresas y personas jurídicas para evitar la comisión de delitos, "pudiera ser una cobertura incierta e insuficiente" en este caso, ya que "un periódico diario no admite ser considerado como una empresa cualquiera". Los medios de comunicación, afirma, "desarrollan una actividad imprescindible en una sociedad democrática al ser vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales básicos para los ciudadanos".

El cierre sólo podría haberse decretado, argumentan, en "supuestos excepcionales" para la "evitación de nuevos delitos graves", algo que en este caso queda descartado ya que en las páginas del diario "no se amenazaba ni coaccionaba, ni se provocaba al delito, ni se hacía apología o enaltecimiento de los actos terroristas o de sus autores, ni se calumniaba ni se injuriaba".

En definitiva, el tribunal considera que un juicio de ponderación "entre la libertad de prensa que fue sacrificada o suspendida singularmente" por Del Olmo y "los fines de prevención de la supuesta reiteración delictiva que se declaraban" muestra que estos fines "podían haberse conseguido usando otras posibilidades alternativas de intervención cautelar que no implicaran la interrupción de la actividad informativa de la elaboración, impresión y distribución del diario".

De la lectura de la sentencia se deduce que las acusaciones que llevaron a Martxelo Otamendi, Ignacio María Uria, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga a enfrentarse con pensas de entre 12 y 14 años de prisión no tenían ni pies ni cabeza. Pero el caso es que les ha costado siete años y el cierre del medio para el que trabajaban poder demostrarlo. "Nos han fastidiado la vida", ha dicho Iñaki Uría, consejero delegado del diario, tras conocer la sentencia. Y ha añadido que esto "nunca tenía que haber pasado" y que "han sido siete años muy duros".

Martxelo Otamendi, el que fuera director del diario clausurado en aquel momento, ha explicado que con este fallo terminan "siete años de calvario" en una "primera fase", porque resulta "previsible" que se presente un recurso y, "por lo tanto, habrá que jugar la segunda fase en el Tribunal Supremo".

Es de suponer que la AVT y Dignidad y Justicia quieran seguir con el proceso como ya lo hicieron en 2006, cuando se negaron a apoyar la petición de la Fiscalía y de varios colectivos para que se archivara la causa. Ahora, las víctimas de las dos asociaciones no descartan exigir una reparación. El subdirector del diario, Xabier Oleaga, ha advertido de que "habría motivos para pedir cuentas" por los daños causados por el cierre del periódico, aunque esperará a ver "hasta qué punto es conveniente o posible hacerlo dentro de lo que es la estrategia jurídica".

Entrentanto, el daño ya está hecho. Iñaki Uría lo ha expresado con estas palabras: "Esta sentencia empieza a arreglar algo. Lo hecho, hecho está pero a nivel personal siete años oyendo que eres de ETA no lo arregla nada. No hay dinero ni nada que lo arregle".

> PDF: Sentencia íntegra del caso Egunkaria

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