CCOO llama a un "frente común" contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia
CCOO presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que la actuación que ambos han tenido por la decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y Mercantiles, presuntamente, podría ser constitutiva de un delito.
El Consejo de Ministros del viernes 4 de julio aprobó el Real Decreto Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia en el cual se incluye la privatización de los Registros Civiles mediante el traspaso de su gestión a los registradores de la Propiedad y Mercantiles, “sin que conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) ni del ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores) pese a que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone, en su artículo 7, el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos”, recuerda el sindicato.
Comisiones Obreras cree que de dicha decisión se podría desprender la comisión de un presunto delito por vulneración del deber de abstención o inhibición. Asimismo, se ha presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA ANTE EL SUPREMO
Al mismo tiempo CCOO ha convocado, contra esta privatización del Registro Civil y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una concentración este miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el acto de apertura del año judicial, y una huelga en la Administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre, “pues dichas reformas supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo, la desaparición de cientos de partidos judiciales, el cierre de Juzgados en toda España, y de Juzgados o Agrupaciones de Paz y la privatización de procedimientos y actuaciones, que hasta ahora eran competencia exclusiva de los juzgados y tribunales, que tramitaban y desempeñaban los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta Administración de Justicia, además de alejar la justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso a la misma”.
CCOO hace así mismo un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, y/o asociaciones afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia” que este Gobierno está llevando a cabo.
