nuevatribuna.es
24 de noviembre de 2009, 13:46
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 24.11.2009
La posibilidad de que buena parte de los 126 preceptos del Estatuto de Cataluña –40 de los cuales fueron impugnados en 2006 por el PP- puedan ser declarados inconstitucionales ha levantado una tormenta política antes incluso de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Las filtraciones sobre ese inminente fallo han desencadenado una serie de declaraciones y advertencias de los partidos catalanes que han llegado a cuestionar la legitimidad de un órgano en estado de interinidad cuyos miembros hace ya tiempo deberían haber sido renovados por acuerdo del PSOE y del PP.
La sentencia podría estar al caer ya que la previsión del TC era darla a conocer en diciembre pero las informaciones aparecidas en la prensa han levantado mucha polvareda tres años después de que el Partido Popular presentará su recurso. Perdida la batalla política (hay que recordar que en ese momento el principal partido de la oposición se lanzó a la calle al grito de “se rompe España”), el equipo de Mariano Rajoy no desaprovechará ganar este nuevo órdago en los tribunales si finalmente el TC les da la razón.
El desconcierto cunde en las filas del PSOE al tiempo que el Gobierno pide calma a la espera de conocer la sentencia. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero manifestó este martes su confianza en el “buen criterio” del tribunal y puso en duda las informaciones aparecidas al considerar que las filtraciones “son un mal método de trabajo”.
”EL TÉRMINO NACIÓN EN EL PREÁMBULO NO ES VINCULANTE”
Algunos dirigentes socialistas no dan mucha credibilidad a la posibilidad de que el TC dé un buen revolcón a la Ley sobre todo en lo que respecta al término “nación”. Las fuentes consultadas mantienen que la acepción no es inconstitucional dado que no figura en el articulado sino sólo en el preámbulo, en el sentido de que “el pueblo catalán se siente nación”.
“El preámbulo no es un texto jurídico, no vincula, es un desiderátum que tiene valor meramente interpretativo”, afirman estas mismas fuentes que se muestran convencidas de que la sentencia declarará finalmente “constitucional” el Estatuto de Autonomía.
Si bien nadie niega la complejidad de la ley, las fuerzas políticas que apoyaron la reforma estatutaria se mantenían en el convencimiento de que el Constitucional dictaría una “sentencia interpretativa, unas líneas maestras, dejando sólo algunos puntos menores de inconstitucionalidad sin interpretación posible”. Ese “ha sido siempre su modo natural” de trabajar, señalan las fuentes consultadas. Pero el proceso ha sido distinto y la tardanza para emitir el fallo solo se explica por el intento de los miembros del TC de consensuar “párrafo a párrafo y coma a coma” todo el texto, critican.
TROMBA DE DECLARACIONES CONTRA EL CONSTITUCIONAL
El Estatuto de Cataluña fue aprobado por las Cortes Generales (con los votos en contra de Esquerra Republicana de Catalunya y del PP) después de “limar” algunas cuestiones del texto original que salió del Parlament. Entre otras cosas se quitó el término “nación” del articulado y se trasladó al preámbulo. Salvados los escollos fue aprobado en referéndum, suficiente justificación, a juicio de los partidos catalanes, para respetar en integridad su contenido.
Desde Cataluña se ha empezado a cuestionar al Alto Tribunal pidiendo la dimisión de sus miembros. En total son 10 magistrados y la correlación de fuerzas se escenificó la semana pasada al quedar desestimada una ponencia que avalaba el Estatut por 6 votos contra 4. Tanto el catalán Eugeni Gay como el magistrado Pascual Sala se mostraron a favor de dar luz verde a la ley. A partir de ese momento, los partidos catalanes se han lanzado en tromba contra el TC.
El republicano Joan Ridao -que defiende hacer un “frente común” con el tripartito y CiU- aseguró que el TC está “caducado y politizado” y destacó que "lo importante es lo que en su día pueda decidir el pueblo de Cataluña", un "escenario" que puede "acelerarse" si el Alto Tribunal cuestiona la reforma estatutaria, advirtió. Por su parte, el líder de ICV, Joan Saura pidió abiertamente la “dimisión” en bloque. Ambas fuerzas políticas llegaron a proponer en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja reformar la ley para impedir que los Estatutos de Autonomía pudieran ser vistos por el Tribunal, máximo intérprete de la Carta Magna.
Aunque el presidente José Montilla se ha desmarcado de los excesos dialécticos sí ha advertido de que Cataluña no renunciará a alcanzar ninguno de los objetivos planteados en el Estatut. Desde CiU, su presidente Artur Mas, también habla de dimisiones y califica de “esperpéntico” el retraso de la sentencia. Pero hay quien ha llegado más lejos, como el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, al abogar por la independencia de Cataluña si el tribunal falla en contra del Estatut.
A la espera de que se conozca dicha sentencia, la ofensiva de los partidos catalanes y sus críticas al TC -reprobadas por las principales asociaciones de jueces- pueden verse refrendados en las consultas por la independencia que el 13 de diciembre se celebrarán simultáneamente en más de 150 municipios catalanes. Aunque sin carácter vinculante, alrededor de 600.000 personas podrán manifestarse a favor o en contra de que Cataluña se convierta “en un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea”.
La posibilidad de que buena parte de los 126 preceptos del Estatuto de Cataluña –40 de los cuales fueron impugnados en 2006 por el PP- puedan ser declarados inconstitucionales ha levantado una tormenta política antes incluso de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Las filtraciones sobre ese inminente fallo han desencadenado una serie de declaraciones y advertencias de los partidos catalanes que han llegado a cuestionar la legitimidad de un órgano en estado de interinidad cuyos miembros hace ya tiempo deberían haber sido renovados por acuerdo del PSOE y del PP.
La sentencia podría estar al caer ya que la previsión del TC era darla a conocer en diciembre pero las informaciones aparecidas en la prensa han levantado mucha polvareda tres años después de que el Partido Popular presentará su recurso. Perdida la batalla política (hay que recordar que en ese momento el principal partido de la oposición se lanzó a la calle al grito de “se rompe España”), el equipo de Mariano Rajoy no desaprovechará ganar este nuevo órdago en los tribunales si finalmente el TC les da la razón.
El desconcierto cunde en las filas del PSOE al tiempo que el Gobierno pide calma a la espera de conocer la sentencia. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero manifestó este martes su confianza en el “buen criterio” del tribunal y puso en duda las informaciones aparecidas al considerar que las filtraciones “son un mal método de trabajo”.
”EL TÉRMINO NACIÓN EN EL PREÁMBULO NO ES VINCULANTE”
Algunos dirigentes socialistas no dan mucha credibilidad a la posibilidad de que el TC dé un buen revolcón a la Ley sobre todo en lo que respecta al término “nación”. Las fuentes consultadas mantienen que la acepción no es inconstitucional dado que no figura en el articulado sino sólo en el preámbulo, en el sentido de que “el pueblo catalán se siente nación”.
“El preámbulo no es un texto jurídico, no vincula, es un desiderátum que tiene valor meramente interpretativo”, afirman estas mismas fuentes que se muestran convencidas de que la sentencia declarará finalmente “constitucional” el Estatuto de Autonomía.
Si bien nadie niega la complejidad de la ley, las fuerzas políticas que apoyaron la reforma estatutaria se mantenían en el convencimiento de que el Constitucional dictaría una “sentencia interpretativa, unas líneas maestras, dejando sólo algunos puntos menores de inconstitucionalidad sin interpretación posible”. Ese “ha sido siempre su modo natural” de trabajar, señalan las fuentes consultadas. Pero el proceso ha sido distinto y la tardanza para emitir el fallo solo se explica por el intento de los miembros del TC de consensuar “párrafo a párrafo y coma a coma” todo el texto, critican.
TROMBA DE DECLARACIONES CONTRA EL CONSTITUCIONAL
El Estatuto de Cataluña fue aprobado por las Cortes Generales (con los votos en contra de Esquerra Republicana de Catalunya y del PP) después de “limar” algunas cuestiones del texto original que salió del Parlament. Entre otras cosas se quitó el término “nación” del articulado y se trasladó al preámbulo. Salvados los escollos fue aprobado en referéndum, suficiente justificación, a juicio de los partidos catalanes, para respetar en integridad su contenido.
Desde Cataluña se ha empezado a cuestionar al Alto Tribunal pidiendo la dimisión de sus miembros. En total son 10 magistrados y la correlación de fuerzas se escenificó la semana pasada al quedar desestimada una ponencia que avalaba el Estatut por 6 votos contra 4. Tanto el catalán Eugeni Gay como el magistrado Pascual Sala se mostraron a favor de dar luz verde a la ley. A partir de ese momento, los partidos catalanes se han lanzado en tromba contra el TC.
El republicano Joan Ridao -que defiende hacer un “frente común” con el tripartito y CiU- aseguró que el TC está “caducado y politizado” y destacó que "lo importante es lo que en su día pueda decidir el pueblo de Cataluña", un "escenario" que puede "acelerarse" si el Alto Tribunal cuestiona la reforma estatutaria, advirtió. Por su parte, el líder de ICV, Joan Saura pidió abiertamente la “dimisión” en bloque. Ambas fuerzas políticas llegaron a proponer en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja reformar la ley para impedir que los Estatutos de Autonomía pudieran ser vistos por el Tribunal, máximo intérprete de la Carta Magna.
Aunque el presidente José Montilla se ha desmarcado de los excesos dialécticos sí ha advertido de que Cataluña no renunciará a alcanzar ninguno de los objetivos planteados en el Estatut. Desde CiU, su presidente Artur Mas, también habla de dimisiones y califica de “esperpéntico” el retraso de la sentencia. Pero hay quien ha llegado más lejos, como el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, al abogar por la independencia de Cataluña si el tribunal falla en contra del Estatut.
A la espera de que se conozca dicha sentencia, la ofensiva de los partidos catalanes y sus críticas al TC -reprobadas por las principales asociaciones de jueces- pueden verse refrendados en las consultas por la independencia que el 13 de diciembre se celebrarán simultáneamente en más de 150 municipios catalanes. Aunque sin carácter vinculante, alrededor de 600.000 personas podrán manifestarse a favor o en contra de que Cataluña se convierta “en un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea”.
