viernes. 29.03.2024
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Foto: Ministerio Defensa

El Gobierno no entra en detalles sobre “qué cuantía presupuestaria se ha invertido” para poner en marcha las medidas contra el acoso en las Fuerzas Armadas, ni sobre “cuántas personas están trabajando en el conjunto de las Unidades de Protección puestas en marcha”

El Gobierno reconoce, según datos del Tribunal Militar Central, que de 174 denuncias de acoso en las Fuerzas Armadas entre 2004 y 2015 apenas el 13% (en concreto 22) “concluyeron con sentencia condenatoria”.

Es ha sido la respuesta dada por el Ejecutivo a las preguntas por escrito planteadas hace más de tres meses por la diputada y portavoz de IU en temas de igualdad, Eva García Sempere, y la también parlamentaria en el grupo confederal Tania Sánchez.

El Ejecutivo especifica que del total de denuncias por acoso ‘110 fueron archivadas, 7 remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 resultaron inhibidas a otros órganos y finalmente 46 fueron consideradas de naturaleza penal’.

Ambas diputadas se interesaron hace más de tres meses por el contenido del estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas realizado por el Observatorio de la Vida Militar (OVM) en el que, según la opinión de las parlamentarias, “se reflejaban algunos datos preocupantes al respecto de la situación del acoso y la agresión sexual en el Ejército”.

Por ello, preguntaron al Gobierno por la “valoración” que le merecía este informe y si tenía pensado tomar “alguna medida” para hacer frente a “este bajo índice de sentencias”, entre otras cuestiones.

Frente a la pregunta de si considera el Gobierno “que el mecanismo de denuncia por vía de la cadena de mando militar está desactivando la denuncia de casos”, el Ejecutivo explica que ‘la víctima tiene diferentes canales para presentar la denuncia, siendo una opción de la misma la vía elegida (el conducto reglamentario es sólo una de las seis vías y es una opción voluntaria)’. 

A continuación detalla que estas seis vías son: ‘directamente ante el juez togado militar, directamente ante la Fiscalía jurídico militar, directamente ante la jurisdicción ordinaria, directamente ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), directamente a la autoridad con competencia sancionadora (JEME,s) sin necesidad de observar el conducto reglamentario y ante su jefe de unidad’.

Las diputadas García Sempere y Sánchez se interesan también por “cuántas Unidades de Protección frente al Acoso se han puesto en marcha”, a lo que el Ejecutivo indica que ‘se han creado 8 unidades (UPA) distribuidas de la siguiente forma: en el Órgano Central, dependiente de la División de Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal para el personal destinado en aquél; en el Estado Mayor de la Defensa, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos del mismo; en el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, incardinadas en los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos; en cada uno de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Defensa: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED)’.  

El Gobierno no entra en detalles sobre “qué cuantía presupuestaria se ha invertido” para poner en marcha las medidas contra el acoso en las Fuerzas Armadas, ni sobre “cuántas personas están trabajando en el conjunto de las Unidades de Protección puestas en marcha”. Sobre el primer asunto se limita a señalar que las medidas contra el acoso ‘son atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio dentro del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Defensa’.

En relación al personal, el Ejecutivo afirma de forma genérica que ‘además del jefe de unidad, personal militar de las diferentes escalas y personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Sanidad (médico y psicólogo), las UPA contarán con el personal de apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones mediante las respectivas relaciones de puestos militares y relaciones de puestos de trabajo’.

Casi el 90% de las denuncias por acoso en las Fuerzas Armadas acaban archivadas