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miércoles. 07.12.2022
LA RAMA VALENCIANA DE GÜRTEL

Camps no se ha librado todavía de la Justicia: los trajes no se archivan

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSPV contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer libremente la causa abierta al presidente de la Generalitat y a otros cargos del PP valenciano.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.4.2010

Junto a Francisco Camps, la causa se dirige contra el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret, todos ellos relacionados con la denominada 'trama valenciana' del 'caso Gürtel'.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió el pasado mes de agosto el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel, con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que entendía que este archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

Los magistrados a favor del sobreseimiento sostuvieron que no había una relación "de causalidad" entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes' e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'. De esta forma, estimaban los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PPCV contra el auto del magistrado instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, quien sí que entendió que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por supuestamente haber aceptado regalos de Orange Market.

A través de una providencia, el TS ha comunicado a las partes que la sala --compuesta por los magistrados Juan Saavedra; Perfecto Andrés; Miguel Colmenero; Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar-- celebrará el 12 de mayo una deliberación sin vista para estudiar ambos recursos, según informaron fuentes jurídicas.

El PSPV formalizó el 28 de septiembre su recurso de casación en el que alegaba que la decisión del alto tribunal valenciano suponía una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" del artículo 426 del Código Penal, que tipifica el cohecho impropio y que señalaba que la autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

El PSPV consideraba que la interpretación realizada por dos de los magistrados de la sala valenciana --José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa--, es distinta de la que hizo el propio tribunal el 21 de abril de 2009 cuando se declaró competente para asumir las investigaciones del caso y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".

Además, los socialistas valencianos, que ejercieron la acusación popular en esta causa, defendían que la resolución de sobreseimiento vulneraba los artículos 9.3 de la Constitución, que prohíbe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el 24 porque consideraban que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento judicial con todas las garantías, lo que les provocó indefensión.

Por su parte, la Fiscalía formalizó el pasado octubre su recurso, que anunció en agosto, al considerar que el sobreseimiento era prematuro porque la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos "acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market", ligada a la red de Francisco Correa.

Además, la Fiscalía considera en su escrito, de 20 páginas, que el Tribunal Superior valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código Penal, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.


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