UGT pone en marcha una campaña en defensa de los servicios públicos locales
La reforma de la Administración Local pone en peligro servicios básicos en un momento de gran necesidad de protección social.
El Pleno del Congreso debate hoy las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una reforma que supondrá la eliminación o privatización de un gran número de servicios a la ciudadanía y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Se trata de una reforma injusta, injustificada y anticonstitucional. Uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia de nuestra democracia que reduce la atención y la protección a las personas, en un momento en el que la tasa de pobreza supera ya el 21% y el desempleo el 26% y hay una gran necesidad de protección social.
Además, UGT subraya que más allá del criterio económico, obedece a un componente ideológico que apuesta por la recentralización poniendo en peligro la cohesión social y territorial al invadir competencias de las Comunidades Autónomas y reducir las competencias y la financiación de los ayuntamientos.
Con esta iniciativa, desaparecerán gran parte de los servicios públicos más cercanos al ciudadano como las escuelas infantiles, de adultos, de música o danza, los servicios de salud municipal, de prevención e inserción social, de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, y supondrán copagos en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.
Pero no sólo eso, según el proyecto del Gobierno casi el 84% de los municipios españoles dejaran de prestar servicios, e incluso podrían dejar de existir. Su supervivencia se evaluará en función de su rentabilidad económica.
El sindicato considera que las Entidades Locales son las auténticas prestadoras de servicios públicos a la ciudadanía, garantizan la cohesión social, interterritorial y la igualdad. Por ello, ha puesto en marcha una campaña en defensa de los servicios públicos locales y hace un llamamiento al Gobierno para que retire su propuesta, rectifique y busque el necesario consenso político y social.
Los ayuntamientos no son los culpables del déficit público, de hecho, su deuda supone apenas un 3,7% del total de las administraciones públicas y más de 3.000 administraciones locales tienen superávit.