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28 de mayo de 2009, 3:07
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 27.5.2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado este miércoles tras conocer la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una querella en su contra por prevaricación que "la ley es igual para todos", al tiempo que ha destacado que "está tranquilo" y que se defenderá de la acusación "en su momento". "No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", ha añadido.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.
Fuentes del seudosindicato querellante han señalado que en su querella también solicitaban en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, como así ha ocurrido, que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento. En un primer momento, fuentes del CGPJ han asegurado que este órgano sólo suspenderá cautelarmente en sus funciones al juez en el caso de que el Tribunal Supremo dicte en su contra un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Después, el Consejo ha rectificado y ha aclarado que se puede suspender temporalmente en sus funciones al juez una vez sea firme la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite la querella.
El presidente del Sindicato, Miguel Bernard, ha explicado que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
El caso es que desde que Garzón repartió la causa contra el franquismo entre los 62 juzgados donde había fosas, el pasado 18 de noviembre, ningún juez ha aceptado seguir con la investigación salvo una, una juez de Benavente (Zamora), que según se acaba de saber va a ser la primera en tutelar la exhumación de una fosa común de la Guerra Civil en España. Su juzgado recibió de la Audiencia Nacional los datos de ocho de los más de 100.000 desaparecidos que asociaciones de familiares de víctimas de todo el país llevaron al juez Baltasar Garzón. La fosa, en la que yacen ocho fusilados, se abrirá el próximo 8 de junio.
DELITOS PERMANENTES
Apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, el 18 de noviembre decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En un auto de 152 folios (pdf), el juez de la Audiencia Nacional acordó además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Elevó también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Por ello, sugierió la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.
Para reforzar la idea de permanencia del delito destacó "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refierió concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".
Garzón recuerdó que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que corresponde a los juzgados territoriales.
> PDF: Auto del Tribunal Supremo
> PDF: Auto de inhibición del juez Garzón
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado este miércoles tras conocer la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una querella en su contra por prevaricación que "la ley es igual para todos", al tiempo que ha destacado que "está tranquilo" y que se defenderá de la acusación "en su momento". "No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", ha añadido.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.
Fuentes del seudosindicato querellante han señalado que en su querella también solicitaban en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, como así ha ocurrido, que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento. En un primer momento, fuentes del CGPJ han asegurado que este órgano sólo suspenderá cautelarmente en sus funciones al juez en el caso de que el Tribunal Supremo dicte en su contra un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Después, el Consejo ha rectificado y ha aclarado que se puede suspender temporalmente en sus funciones al juez una vez sea firme la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite la querella.
El presidente del Sindicato, Miguel Bernard, ha explicado que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
El caso es que desde que Garzón repartió la causa contra el franquismo entre los 62 juzgados donde había fosas, el pasado 18 de noviembre, ningún juez ha aceptado seguir con la investigación salvo una, una juez de Benavente (Zamora), que según se acaba de saber va a ser la primera en tutelar la exhumación de una fosa común de la Guerra Civil en España. Su juzgado recibió de la Audiencia Nacional los datos de ocho de los más de 100.000 desaparecidos que asociaciones de familiares de víctimas de todo el país llevaron al juez Baltasar Garzón. La fosa, en la que yacen ocho fusilados, se abrirá el próximo 8 de junio.
DELITOS PERMANENTES
Apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, el 18 de noviembre decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En un auto de 152 folios (pdf), el juez de la Audiencia Nacional acordó además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Elevó también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Por ello, sugierió la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.
Para reforzar la idea de permanencia del delito destacó "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refierió concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".
Garzón recuerdó que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que corresponde a los juzgados territoriales.
> PDF: Auto del Tribunal Supremo
> PDF: Auto de inhibición del juez Garzón
