nuevatribuna.es
8 de febrero de 2009, 13:04
NUEVATRIBUNA.ES - 07.02.2009
A la trama sobre el espionaje político en Madrid se une ahora la trama de corrupción urbanística en la que están implicadas personas relacionadas con el Partido Popular.
En declaraciones a la SER, el diputado y miembro de la ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado que estos casos darán pie a una “actuación contundente” de su partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha subrayado.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó el viernes la puesta en marcha de una operación anticorrupción en la que han sido detenidas cinco personas y ya son treinta los imputados, entre los que figuran alcaldes y ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y de Valencia (sus principales feudos) y que se ha extendido también a Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).
El empresario Francisco Correa Sánchez figura entre los cinco detenidos a los que el juez tomará declaración el próximo lunes. Es responsable de la compañía Special Events, dedicada a la organización de eventos y que trabajó para el PP en las dos legislaturas de José María Aznar.
Junto a Correal también se ha detenido a su compañera María del Carmen Rodríguez Quijano y a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y administrador único de las dos compañías implicadas Special Events y Viajes Pasadena.
Los arrestados están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
La operación está dirigida por Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, y la Fiscalía Anticorrupción, que han ordenado a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda. En el operativo colaboran especialistas de la Agencia Tributaria y el juez ha declarado el secreto de las actuaciones.
Los agentes judiciales han pedido documentación al Ayuntamiento de Boadilla del Monte sobre empresas que han tenido presuntamente relaciones económicas con el Consistorio. También se ha solicitado información a los ayuntamientos de Majadahonda y Paterna sobre contratos y las adjudicaciones realizadas al de empresas.
En concreto, según informa la SER, el juez ha solicitado al ayuntamiento de Boadilla información sobre tres contratos, el de la oficina de atención al ciudadano del municipio, adjudicada a la empresa Easy Concept por valor de 7 millones de euros en 14 años. Esta empresa está vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación, cuya actual pareja es Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de la localidad madrileña.
Los otros dos expedientes tienen que ver con la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri, y unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.
A la trama sobre el espionaje político en Madrid se une ahora la trama de corrupción urbanística en la que están implicadas personas relacionadas con el Partido Popular.
En declaraciones a la SER, el diputado y miembro de la ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado que estos casos darán pie a una “actuación contundente” de su partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha subrayado.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó el viernes la puesta en marcha de una operación anticorrupción en la que han sido detenidas cinco personas y ya son treinta los imputados, entre los que figuran alcaldes y ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y de Valencia (sus principales feudos) y que se ha extendido también a Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).
El empresario Francisco Correa Sánchez figura entre los cinco detenidos a los que el juez tomará declaración el próximo lunes. Es responsable de la compañía Special Events, dedicada a la organización de eventos y que trabajó para el PP en las dos legislaturas de José María Aznar.
Junto a Correal también se ha detenido a su compañera María del Carmen Rodríguez Quijano y a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y administrador único de las dos compañías implicadas Special Events y Viajes Pasadena.
Los arrestados están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
La operación está dirigida por Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, y la Fiscalía Anticorrupción, que han ordenado a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda. En el operativo colaboran especialistas de la Agencia Tributaria y el juez ha declarado el secreto de las actuaciones.
Los agentes judiciales han pedido documentación al Ayuntamiento de Boadilla del Monte sobre empresas que han tenido presuntamente relaciones económicas con el Consistorio. También se ha solicitado información a los ayuntamientos de Majadahonda y Paterna sobre contratos y las adjudicaciones realizadas al de empresas.
En concreto, según informa la SER, el juez ha solicitado al ayuntamiento de Boadilla información sobre tres contratos, el de la oficina de atención al ciudadano del municipio, adjudicada a la empresa Easy Concept por valor de 7 millones de euros en 14 años. Esta empresa está vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación, cuya actual pareja es Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de la localidad madrileña.
Los otros dos expedientes tienen que ver con la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri, y unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.
