nuevatribuna.es
6 de septiembre de 2009, 4:22
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 06.09.2009
El presidente de CiU, Artur Mas, contempla que Cataluña recurra a tribunales internacionales si el Tribunal Constitucional (TC) recorta el Estatut, todo ello además de la reacción "serena pero firme" del pueblo de Cataluña.
En una entrevista del diario El Mundo recogida por Europa Press, Mas consideró que Cataluña "se tiene que reservar todos los mecanismos de recurso", porque, pase lo que pase con el Constitucional, Cataluña "ni se puede doblegar, ni se puede encerrar en sí misma, ni se puede resignar, sino que tiene que reaccionar".
A su juicio, la respuesta catalana debe pasar primero por una manifestación en la calle, ordenada y pacífica, y por la reacción del Parlament y de la Generalitat y su presidente, José Montilla, "por muy amigo que sea del PSOE".
Al preguntarle por un posible desacato de la sentencia, Mas precisó que no es una expresión que se pueda admitir en un Estado de Derecho. "No soy partidario de desobedecer", dijo.
Eso sí, remarcó que una cosa es una sentencia, que es la interpretación del Constitucional, y otra la voluntad soberana del pueblo catalán, que es aspirar a más autogobierno y a más libertad, señaló. "Y eso no se puede quedar simplemente circunscrito a una sentencia", añadió.
Para él, "si el TC fuera independiente debería inhibirse", teniendo en cuenta que el Estatut ha sido aprobado por el Parlament, por el Congreso y por el pueblo de Cataluña. De hecho, opinó que las leyes y estatutos que son refrendados por la ciudadanía no deberían ser recurribles ni llegar al Constitucional.
Mas cargó contra un tribunal "dividido, condicionado y claramente desprestigiado, que no se ha renovado cuando tocaba y cuya capacidad para dictar una sentencia sobre el Estatut es dudosa". El presidente de CiU consideró por todo ello que se trata de un tribunal "caducado", por lo que sus sentencias "están bajo sospecha y son desnaturalizadas".
En una semana marcada por la decisión judicial de prohibir al Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) organizar una consulta independentista, Mas subrayó que toda nación tiene derecho a decidir su futuro, aunque "otra cosa es que los catalanes decidan que ese futuro quieren compartirlo con España o no". Aseguró que él nunca se ha definido como independentista, pero cree que el proceso de construcción nacional de Cataluña no tiene límites.
EL GOBIERNO NO TIENE NINGUNA PREOCUPACIÓN
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño (quien tuvo en su momento una participación destacada en la redacción de algunos artículos del Estatut como secretario de Relaciones con las Cortes) defendió este sábado que “una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España debe siempre entenderse que es constitucional, por respeto a esa voluntad de las Cortes, mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario", dijo en una entrevista con Efe.
El ministro aseguró que "el Gobierno no tiene ninguna preocupación específica en torno a esta sentencia". "Hay que dejar que el Constitucional lleve a cabo su tarea y que el día que dicte su sentencia, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, todos la acatemos y la cumplamos", señala.
Caamaño cree que el debate sobre el Estatuto de Cataluña “fue en su día decidido por los representantes del pueblo español en las Cortes Generales”. En su opinión, lo que se está produciendo ahora "es un debate exclusivamente jurídico". "No debemos mezclar nunca los tiempos de la política con los de la Justicia. Estoy seguro de que los catalanes, como cualquier otro ciudadano español, están de acuerdo en que quien cierra el debate jurídico es el Constitucional; y que, por tanto, lo que él diga en su sentencia tiene que ser cumplido y acatado", concluyó.
Al respecto también se pronuncio el catedrático, ex presidente del Congreso y ponente de la Constitución, el socialista Gregorio Peces-Barba, que sostuvo en una entrevista en la cadena SER que el Estatuto "tiene dimensiones que no son constitucionales". Citó, entre otras, la bilateralidad y el recorte de las funciones del Defensor del Pueblo.
El presidente de CiU, Artur Mas, contempla que Cataluña recurra a tribunales internacionales si el Tribunal Constitucional (TC) recorta el Estatut, todo ello además de la reacción "serena pero firme" del pueblo de Cataluña.
En una entrevista del diario El Mundo recogida por Europa Press, Mas consideró que Cataluña "se tiene que reservar todos los mecanismos de recurso", porque, pase lo que pase con el Constitucional, Cataluña "ni se puede doblegar, ni se puede encerrar en sí misma, ni se puede resignar, sino que tiene que reaccionar".
A su juicio, la respuesta catalana debe pasar primero por una manifestación en la calle, ordenada y pacífica, y por la reacción del Parlament y de la Generalitat y su presidente, José Montilla, "por muy amigo que sea del PSOE".
Al preguntarle por un posible desacato de la sentencia, Mas precisó que no es una expresión que se pueda admitir en un Estado de Derecho. "No soy partidario de desobedecer", dijo.
Eso sí, remarcó que una cosa es una sentencia, que es la interpretación del Constitucional, y otra la voluntad soberana del pueblo catalán, que es aspirar a más autogobierno y a más libertad, señaló. "Y eso no se puede quedar simplemente circunscrito a una sentencia", añadió.
Para él, "si el TC fuera independiente debería inhibirse", teniendo en cuenta que el Estatut ha sido aprobado por el Parlament, por el Congreso y por el pueblo de Cataluña. De hecho, opinó que las leyes y estatutos que son refrendados por la ciudadanía no deberían ser recurribles ni llegar al Constitucional.
Mas cargó contra un tribunal "dividido, condicionado y claramente desprestigiado, que no se ha renovado cuando tocaba y cuya capacidad para dictar una sentencia sobre el Estatut es dudosa". El presidente de CiU consideró por todo ello que se trata de un tribunal "caducado", por lo que sus sentencias "están bajo sospecha y son desnaturalizadas".
En una semana marcada por la decisión judicial de prohibir al Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) organizar una consulta independentista, Mas subrayó que toda nación tiene derecho a decidir su futuro, aunque "otra cosa es que los catalanes decidan que ese futuro quieren compartirlo con España o no". Aseguró que él nunca se ha definido como independentista, pero cree que el proceso de construcción nacional de Cataluña no tiene límites.
EL GOBIERNO NO TIENE NINGUNA PREOCUPACIÓN
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño (quien tuvo en su momento una participación destacada en la redacción de algunos artículos del Estatut como secretario de Relaciones con las Cortes) defendió este sábado que “una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España debe siempre entenderse que es constitucional, por respeto a esa voluntad de las Cortes, mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario", dijo en una entrevista con Efe.
El ministro aseguró que "el Gobierno no tiene ninguna preocupación específica en torno a esta sentencia". "Hay que dejar que el Constitucional lleve a cabo su tarea y que el día que dicte su sentencia, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, todos la acatemos y la cumplamos", señala.
Caamaño cree que el debate sobre el Estatuto de Cataluña “fue en su día decidido por los representantes del pueblo español en las Cortes Generales”. En su opinión, lo que se está produciendo ahora "es un debate exclusivamente jurídico". "No debemos mezclar nunca los tiempos de la política con los de la Justicia. Estoy seguro de que los catalanes, como cualquier otro ciudadano español, están de acuerdo en que quien cierra el debate jurídico es el Constitucional; y que, por tanto, lo que él diga en su sentencia tiene que ser cumplido y acatado", concluyó.
Al respecto también se pronuncio el catedrático, ex presidente del Congreso y ponente de la Constitución, el socialista Gregorio Peces-Barba, que sostuvo en una entrevista en la cadena SER que el Estatuto "tiene dimensiones que no son constitucionales". Citó, entre otras, la bilateralidad y el recorte de las funciones del Defensor del Pueblo.
