nuevatribuna.es
7 de marzo de 2010, 11:12
NUEVATRIBUNA.ES/ AGENCIAS - 06.03.2010
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró este sábado "un tanto extravagante" que el imputado por la trama Gürtel Francisco Correa haya puesto una querella al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aunque confió en que al final se hará justicia y el propio proceso hará que "cada uno se vea en su lugar".
Así lo puso de manifiesto Caamaño en declaraciones a Onda Cero donde admitió que asuntos como éste "levantan mucho ruido mediático", aunque resaltó que el juez dispone de una presunción de inocencia que "hay que respetar". "La justicia demostrará su independencia si la dejamos trabajar", indicó.
Sobre si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabará finalmente suspendiendo a Garzón, Caamaño se limitó a decir que ésa es una decisión que corresponde sólo al CGPJ y que él, como ministro de Justicia, no interferirá en la misma.
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, calificó hoy de "sorprendente" que el imputado por el caso 'Gürtel' Francisco Correa haya interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y alertó de que "algo falla cuando el acusado se convierte en acusador".
Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, es "incomprensible" que se haya admitido la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, y consideró que "debería haber una reacción, una respuesta, de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales que se cree eso de la independencia del Poder Judicial".
De otro lado, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, reivindicó el "servicio imponente" a España que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante la "operación orquestada por el PP".
A su juicio, "tiene gracia" que Falange quiera acabar con quien quiere aclarar las muertes que provocó ella misma al tiempo que consideró "significativo que al final el PP y sus acompañantes intenten acabar (con el magistrado) por el mero hecho de tapar lo que han hecho". "No sé si lo conseguirán, pero espero que se quede en una broma de mal gusto", apostilló.
"MUY DIFÍCIL" PROBAR LA ENEMISTAD
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD) coincidieron el viernes en considerar que al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le va a resultar "muy díficil" probar que los tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende que se abstengan de la decisión sobre su suspensión tiene una "enemistad manifiesta" contra él.
En cualquier caso, las tres asociaciones de jueces también se mostraron de acuerdo en señalar que el juez Garzón, que presentó sus alegaciones ante su posible suspensión al máximo órgano de gobierno de los jueces, tiene "todo el derecho" a defenderse con cuantos instrumentos jurídicos están a su alcance y establecer la "estrategia de defensa" que considere oportuna.
Según explicó Ignacio Espinosa, de JpD, el juez deberá demostrar ahora que los tres vocales --Fernando de Rosa, Gemma Gallego y Margarita Robles-- tienen hacia él una "enemistad manifiesta", algo que va a resultar "muy difícil", ya que se trata de un "concepto etéreo".
De la misma opinión es el portavoz de la APM, Antonio García, para quien, además, "es difícil que se dé" esa circunstancia entre jueces. "Me cuesta creer muchísimo que esas tres personas tengan enemistad manifiesta real con Baltasar Garzón", afirmó.
En cualquier caso, a su juicio, aunque el magistrado puede esgrimir las pretensiones que considere oportuno, tiene que tener claro que "no se puede pretender que a uno se le ejuicio única y exclusivamente por personas de su particular y personal gusto".
Igualmente, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, insistió en que las acusaciones de Garzón son algo "muy subjetivo", si bien apuntó que podría "tener cierto sentido" en lo que se refiere a De Rosa, un magistrado que "proviene de la política".
FIN A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
Un total de 1.400 miembros de la carrera judicial ya han firmado un Manifiesto que pide poner fin a la "politización judicial", al tiempo que ponen "en tela de juicio" el sistema de elección de los órganos de gobierno de la carrera judicial que son, a su juicio, cada vez "más permeables a la política".
Miembros del colectivo de jueces y magistrados, firmantes del 'Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial', denunciaron este sábado que "la lucha política se haya trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", por lo que reclamaron un gran pacto de Estado para "recuperar división de poderes, la dignidad del Poder Judicial y democratizar la elección de todos sus órganos de gobierno", ante el creciente interés de la clase política por controlar la Justicia.
El magistrado-juez Decano de Valencia, Pedro Luis Viguer Soler, criticó que "no haya ningún interés en dotar de medios a la Justicia, pero sí de controlarla". Por ello, calificó la judicatura como una "profesión de alto riesgo" en estos momentos.
"El CGPJ se ha convertido en un clon del Parlamento, en un Parlamento en miniatura", afirmó Viguer, que lamentó que la Justicia se haya "alejado" de la Constitución española y de las Constituciones europeas desde que en 1985 se aprobara la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se privó a los jueces de la posibilidad de elegir a sus vocales.
Asimismo, subrayó la "necesidad de más jueces", pues España cuenta con la mitad de los jueces que hay de media en Europa, lo que ha llevado a nuestro país al "desbordamiento de los juzgados" y a funcionar con un 20% de jueces sustitutos. "No queremos trabajar a destajo, queremos resolver los casos con la reflexión y el tiempo necesarios", argumentó
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró este sábado "un tanto extravagante" que el imputado por la trama Gürtel Francisco Correa haya puesto una querella al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aunque confió en que al final se hará justicia y el propio proceso hará que "cada uno se vea en su lugar".
Así lo puso de manifiesto Caamaño en declaraciones a Onda Cero donde admitió que asuntos como éste "levantan mucho ruido mediático", aunque resaltó que el juez dispone de una presunción de inocencia que "hay que respetar". "La justicia demostrará su independencia si la dejamos trabajar", indicó.
Sobre si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabará finalmente suspendiendo a Garzón, Caamaño se limitó a decir que ésa es una decisión que corresponde sólo al CGPJ y que él, como ministro de Justicia, no interferirá en la misma.
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, calificó hoy de "sorprendente" que el imputado por el caso 'Gürtel' Francisco Correa haya interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y alertó de que "algo falla cuando el acusado se convierte en acusador".
Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, es "incomprensible" que se haya admitido la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, y consideró que "debería haber una reacción, una respuesta, de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales que se cree eso de la independencia del Poder Judicial".
De otro lado, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, reivindicó el "servicio imponente" a España que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante la "operación orquestada por el PP".
A su juicio, "tiene gracia" que Falange quiera acabar con quien quiere aclarar las muertes que provocó ella misma al tiempo que consideró "significativo que al final el PP y sus acompañantes intenten acabar (con el magistrado) por el mero hecho de tapar lo que han hecho". "No sé si lo conseguirán, pero espero que se quede en una broma de mal gusto", apostilló.
"MUY DIFÍCIL" PROBAR LA ENEMISTAD
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD) coincidieron el viernes en considerar que al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le va a resultar "muy díficil" probar que los tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende que se abstengan de la decisión sobre su suspensión tiene una "enemistad manifiesta" contra él.
En cualquier caso, las tres asociaciones de jueces también se mostraron de acuerdo en señalar que el juez Garzón, que presentó sus alegaciones ante su posible suspensión al máximo órgano de gobierno de los jueces, tiene "todo el derecho" a defenderse con cuantos instrumentos jurídicos están a su alcance y establecer la "estrategia de defensa" que considere oportuna.
Según explicó Ignacio Espinosa, de JpD, el juez deberá demostrar ahora que los tres vocales --Fernando de Rosa, Gemma Gallego y Margarita Robles-- tienen hacia él una "enemistad manifiesta", algo que va a resultar "muy difícil", ya que se trata de un "concepto etéreo".
De la misma opinión es el portavoz de la APM, Antonio García, para quien, además, "es difícil que se dé" esa circunstancia entre jueces. "Me cuesta creer muchísimo que esas tres personas tengan enemistad manifiesta real con Baltasar Garzón", afirmó.
En cualquier caso, a su juicio, aunque el magistrado puede esgrimir las pretensiones que considere oportuno, tiene que tener claro que "no se puede pretender que a uno se le ejuicio única y exclusivamente por personas de su particular y personal gusto".
Igualmente, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, insistió en que las acusaciones de Garzón son algo "muy subjetivo", si bien apuntó que podría "tener cierto sentido" en lo que se refiere a De Rosa, un magistrado que "proviene de la política".
FIN A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
Un total de 1.400 miembros de la carrera judicial ya han firmado un Manifiesto que pide poner fin a la "politización judicial", al tiempo que ponen "en tela de juicio" el sistema de elección de los órganos de gobierno de la carrera judicial que son, a su juicio, cada vez "más permeables a la política".
Miembros del colectivo de jueces y magistrados, firmantes del 'Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial', denunciaron este sábado que "la lucha política se haya trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", por lo que reclamaron un gran pacto de Estado para "recuperar división de poderes, la dignidad del Poder Judicial y democratizar la elección de todos sus órganos de gobierno", ante el creciente interés de la clase política por controlar la Justicia.
El magistrado-juez Decano de Valencia, Pedro Luis Viguer Soler, criticó que "no haya ningún interés en dotar de medios a la Justicia, pero sí de controlarla". Por ello, calificó la judicatura como una "profesión de alto riesgo" en estos momentos.
"El CGPJ se ha convertido en un clon del Parlamento, en un Parlamento en miniatura", afirmó Viguer, que lamentó que la Justicia se haya "alejado" de la Constitución española y de las Constituciones europeas desde que en 1985 se aprobara la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se privó a los jueces de la posibilidad de elegir a sus vocales.
Asimismo, subrayó la "necesidad de más jueces", pues España cuenta con la mitad de los jueces que hay de media en Europa, lo que ha llevado a nuestro país al "desbordamiento de los juzgados" y a funcionar con un 20% de jueces sustitutos. "No queremos trabajar a destajo, queremos resolver los casos con la reflexión y el tiempo necesarios", argumentó
