Carromero cumplirá en España el resto de su condena
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido una "investigación internacional" sobre la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, fallecido en el accidente de tráfico ocurrido con el coche que conducía el dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero.
Aguirre ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras visitar esta tarde al dirigente de Nuevas Generaciones en la prisión de Segovia, donde Carromero, sentenciado a cuatro años de cárcel por la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el accidente de tráfico, permanece interno desde el pasado 29 de enero, tras llegar a España desde Cuba.
Aguirre ha precisado que ha encontrado a Carromero "muy tocado" y ha expresado su deseo de que pueda pasar enseguida al tercer grado carcelario, además de insistir en que no se trata de un delincuente. Aguirre visitó a Carromero acompañada por la vicesecretaria de Organización del PP madrileño, Gádor Ongil.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder de los 'populares' madrileños ya acudió a la prisión de Segovia el pasado día 29, cuando Carromero fue internado al llegar desde Cuba, aunque aquel día no pudo visitarle al no haber solicitado permiso para ello el recluso.
Según el reglamento penitenciario, el régimen de visitas establece que cuando ingresa un nuevo recluso en un centro, solo pueden visitarle sus familiares, siempre y cuando demuestren su parentesco. El resto de las visitas tienen que ser explícitamente solicitadas por el interno, y después tiene que ser el director de la cárcel quien dé el visto bueno a su petición.
Carromero llegó a Madrid el pasado día 29 de diciembre, y desde allí fue trasladado a la cárcel de Segovia, para cumplir la condena que le fue impuesta en Cuba por la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de tráfico en el que el dirigente de Nuevas Generaciones conducía el vehículo siniestrado.
Su traslado a España es fruto de la aplicación del convenio bilateral de ejecución de sentencias penales que España y Cuba mantienen desde 1998 y que establece que las penas impuestas en Cuba a nacionales de España podrán ser realizadas en centros penitenciarios españoles.
