nuevatribuna.es
5 de octubre de 2009, 2:46
NUEVATRIBUNA.ES - 29.9.2009
Preguntada sobre el auto del juez que instruye la rama madrileña del caso, Antonio Pedreira, Esperanza Aguirre ha optado por la prudencia pero dejando la puerta abierta a posibles decisiones: "En el momento que sepamos qué personas están acusadas de algún delito, de qué delito se les acusa, podremos los responsables políticos, y yo como presidenta regional, tomar quizá medidas".
La presidenta regional ha recordado que aceptó las dimisiones de personas salpicadas por el caso desde el principio (en referencia a su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo), y ha lamentado que se haya juzgado a miembros de su partido en función de "filtraciones de conversaciones que pueden haber sido troceadas, mal transcritas o no ser ciertas, o habiéndose ordenado por un juez pudieran no estar en el sumario".
Lo que no ha mencionado es el cierre en falso de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, el mantenimiento en sus escaños contra viento y marea de Bosch Tejedor y Martín Vasco mientras la oposición pedía sus actas de diputados hasta la extenuación, la revelación de los vínculos entre el PP regional y Fundescam, que pudo contribuir a financiar su campaña para las elecciones del tamayazo, los documentos, grabaciones e imágenes que acreditan el caso del espionaje que sitúa a su consejero de Interior, Francisco Granados, en el epicentro de una tupida red de seguimientos a colegas del propio ejecutivo madrileño y del Ayuntamiento...
Son muchos flecos y no todos entran en la investigación de Pedreira. Pero quizá sea cierto que por fin ha llegado el momento de tomar medidas. De momento, Aguirre se empecina en lo que hasta ahora está siendo la línea argumental de la defensa del PP: el supuesto acoso por parte de Interior. Por eso, en Barcelona, ha vuelto a criticar que a miembros de su partido en Baleares se les haya mantenido "72 horas en el calabozo" y que incluso hayan sido esposados por la mano derecha. Este procedimiento, ha dicho, no ha visto que se les aplicara "ni a los etarras asesinos más peligrosos".
Preguntada sobre el auto del juez que instruye la rama madrileña del caso, Antonio Pedreira, Esperanza Aguirre ha optado por la prudencia pero dejando la puerta abierta a posibles decisiones: "En el momento que sepamos qué personas están acusadas de algún delito, de qué delito se les acusa, podremos los responsables políticos, y yo como presidenta regional, tomar quizá medidas".
La presidenta regional ha recordado que aceptó las dimisiones de personas salpicadas por el caso desde el principio (en referencia a su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo), y ha lamentado que se haya juzgado a miembros de su partido en función de "filtraciones de conversaciones que pueden haber sido troceadas, mal transcritas o no ser ciertas, o habiéndose ordenado por un juez pudieran no estar en el sumario".
Lo que no ha mencionado es el cierre en falso de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, el mantenimiento en sus escaños contra viento y marea de Bosch Tejedor y Martín Vasco mientras la oposición pedía sus actas de diputados hasta la extenuación, la revelación de los vínculos entre el PP regional y Fundescam, que pudo contribuir a financiar su campaña para las elecciones del tamayazo, los documentos, grabaciones e imágenes que acreditan el caso del espionaje que sitúa a su consejero de Interior, Francisco Granados, en el epicentro de una tupida red de seguimientos a colegas del propio ejecutivo madrileño y del Ayuntamiento...
Son muchos flecos y no todos entran en la investigación de Pedreira. Pero quizá sea cierto que por fin ha llegado el momento de tomar medidas. De momento, Aguirre se empecina en lo que hasta ahora está siendo la línea argumental de la defensa del PP: el supuesto acoso por parte de Interior. Por eso, en Barcelona, ha vuelto a criticar que a miembros de su partido en Baleares se les haya mantenido "72 horas en el calabozo" y que incluso hayan sido esposados por la mano derecha. Este procedimiento, ha dicho, no ha visto que se les aplicara "ni a los etarras asesinos más peligrosos".
