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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.10.2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abrirá este jueves el pleno de la Asamblea respondiendo a la portavoz de IU, Inés Sabanés, sobre una posible remodelación de Gobierno en una sesión que estará marcada por la resaca del levantamiento parcial del sumario del caso Gürtel, que investiga la presunta trama de corrupción que lideraba el empresario Francisco Correa.

El examen de la documentación entregada por el juez Pedreira permite deducir que la trama continuó contratando con el Gobierno de Esperanza Aguirre después de que Garzón comenzara la instrucción del caso en agosto de 2008. Es más, ese fue uno de los años más rentables para Correa y sus secuaces en Madrid.

Según la documentación que obra en el sumario, la trama facturó uno de sus últimos contratos el 12 de noviembre de 2008. Fue un contrato de la Dirección General de Turismo en concepto de "Relevo de la Guardia Real" y por el que la red facturó sin ningún problema a pesar de ya estar iniciada la investigación. De hecho la factura de ese contrato (el momento en el que fue abonado por la Comunidad de Madrid) corresponde a febrero de 2009, cuando ya había estallado públicamente el caso Gürtel.

Las relaciones entre Gürtel y el Gobierno de Aguirre se rigieron siempre por la "doctrina López Viejo", consistente en firmar muchos contratos y muy pequeños, nunca superiores a los 12.000 euros, para evitar que tuvieran que salir a concurso público. El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, era el contacto de la trama en Madrid, el "muñidor de la operativa", como le llaman los cabecillas en sus conversaciones.

Un ejemplo de cómo facturaba Gürtel es la organización del homenaje del 11-M de 2004, que supuso 150.000 euros para la trama de Correa. Sin embargo, el contrato se fraccionó en 15 pequeños. La Comunidad facturó por separado las coronas de laurel, las flores, el coro, las sillas e incluso las azafatas. Así también la Comunidad se evitaba la luz y los taquígrafos y la red facturaba discretamente al Gobierno Aguirre, sólo dos semanas después de los brutales atentados del 11-M.


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