miércoles 22/9/21

29N, urge más justicia social

Por José Campos Trujillo | En el tercer año triunfal del Gobierno los excesos del casino financiero y de la banca los sigue pagando la ciudadanía

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En el tercer año triunfal del Gobierno los excesos del casino financiero y de la banca los sigue pagando la ciudadanía

En el tercer año triunfal del Gobierno los excesos del casino financiero y de la banca los sigue pagando la ciudadanía. El establishment se articula con democracias sumisas al poder financiero y económico, quitándoles derechos a los ciudadanos y a cambio empobreciéndolos más. El balance de la economía especulativa y la mala gestión gubernamental es la causa de que en España a día de hoy tengamos 5,4 millones de personas en paro, 11,7 millones que sufren exclusión social, o un 36,3% de pobreza infantil. Somos un país industrializado lamentable. La quinceava potencia económica mundial, ya figura también como único país europeo en el Índice Mundial de Miseria.

Con todo el Gobierno mantiene sus anuncios sobre la recuperación y la cercana salida de la crisis. Mientras que para una mayoría de la gente no hay mejora alguna, los ministros insisten en que vamos saliendo de las penurias gracias “al esfuerzo de todos”. Este tipo de afirmaciones está a la altura ética de la reciente amnistía fiscal, es una provocación innecesaria que debe irritar mucho a quienes ya no tienen cobertura de desempleo,  o a los 2,5 millones de personas en paro de larga duración, y seguro que a ese 60% de jóvenes sin empleo, la llamada "generación perdida".

Pero el pago de la deuda, la estabilidad presupuestaria y el límite de gasto público son prioritarios según reforma constitucional pactada con nocturnidad y alevosía por Zapatero y Rajoy. Y por ese pacto van cinco años consecutivos de recortes en los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas que deberían estar blindadas a favor del empleo de calidad, y de la cantidad y calidad de los servicios públicos. Unas cuentas que deberían contar con el respaldo de una política fiscal mucho más progresiva porque la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida para acabar con tanta desigualdad social. Pero no hay posibilidades de recaudar más y lograr más ingresos con la reforma fiscal tan propagandística que va a suponer recaudar  9.000 millones de euros menos en un año, máxime en un contexto en el que cada año se tiene que echar mano de la caja de las pensiones o sube el número de las pensiones no contributivas y  a la vez, porcentualmente, más gente queda desamparada. Se necesita más inversión pública para ganar en cohesión social.

Adónde quedan los derechos constitucionales de tantos, dónde quedan los valores de esta democracia, qué hay del Estado Social… Tal vez mucho de ello esté atesorado en paraísos fiscales. Aquí, en este infierno fiscal,  sin embargo se esquilma a las clases medias y a los menos pudientes a cambio de unos servicios públicos cada vez más reducidos. Tenemos a una legión de desahuciados y de personas necesitadas de las que se ocuparán la beneficencia y la caridad ya que la cobertura de las prestaciones públicas ha caído el 22% desde 2010. Es indignante que se le dé alas a la iniciativa privada a la vez que se dejan caer los servicios públicos, que son los que  fortalecen el Estado de Bienestar y, consecuentemente, proveen una sociedad más justa y equitativa.

Tampoco es admisible que la estabilidad presupuestaria o el pago de la deuda la logre el Estado por la vía de la devaluación salarial y de las condiciones laborales, maniatando cada vez más a los sindicatos o legislando reformas con aspectos leoninos para los trabajadores.

En medio de esta lacerante realidad el Gobierno saca tiempo para satisfacer a lo más rancio de la ideología conservadora. Es el caso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Innecesaria e inoportuna, entre otras cosas, quiere amordazar la protesta social y criminalizar al movimiento sindical. Rechazamos este tipo de experimentos involucionistas que solo buscan ahondar en la desigualdad, consolidar el recorte de derechos y libertades en beneficio de las grandes empresas y de una banca que el poder político no embrida y que por tanto no cumplen debidamente su papel social.

Esta situación es insostenible socialmente. CC OO denuncia la gestión insuficiente del Gobierno hacia las personas. No es de recibo que siga sin cumplir su compromiso del 29 de julio pasado, en el arco del diálogo social. En octubre pasado debiera haber puesto en marcha un plan de recuperación del empleo y la creación de una nueva prestación para desempleados de larga duración que han agotado sus ayudas sociales.

Es urgente y no caben dilaciones dada la extrema necesidad que atraviesan las personas. En consecuencia, los sindicatos y otras fuerzas sociales han convocado para el 29 de noviembre, movilizaciones en todo el país bajo el lema Dignidad y Derechos: más inversión y servicios públicos, empleo de calidad, recuperar salarios, protección a las personas desempleadas, contra la ley de seguridad ciudadana y en defensa de la libertad sindical.

Además reclamamos más implicación pública para reducir el desempleo; impulsar el cambio de modelo productivo, (más I+D+i); y fortalecer las políticas sociales (prestaciones desempleo prestaciones sociales básicas, atención a la Dependencia, revalorización de las pensiones). Más empleo de calidad, frente al empeoramiento de las condiciones de trabajo, y precariedad e inestabilidad laboral, y más protección a las personas desempleadas.

El Estado Social de derecho está en riesgo de colapsarse si sigue la agresión a sus servicios públicos. Y mientras, caminamos hacia una sociedad sometida al imperio de la ley sin derechos ni garantías. Más con la ley mordaza, la futura ley de seguridad ciudadana, que no va por precisamente por el camino de defender la libertad sindical. Tal vez sea porque la construcción del Estado de Bienestar se debe a la presión social en gran parte articulada por los sindicatos.

Ahora tenemos que recuperar el terreno perdido. En la situación actual no hay sitio para la resignación ni el miedo, quienes tienen miedo son otros, son los que necesitan de la ley mordaza y criminalizar el sindicalismo. Pero se puede revertir la situación, con propuestas alternativas y con la movilización porque los sindicatos somos la mejor herramienta de que disponen los trabajadores para su defensa.

El 29N ha de ser determinante para reanimar el diálogo social, y lograr avances fundamentalmente en la inversión y los servicios públicos, hacia el empleo de calidad, la recuperación salarial y de manera singular, la protección a las personas desempleadas. Son pasos a favor de un futuro mejor de mayor cohesión social y oportunidades para el empleo y para la ciudadanía.

29N, urge más justicia social