nuevatribuna.es
6 de abril de 2010, 7:59
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 5.4.2010
El juez de Instrucción del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto al matrimonio Correa y sus principales colaboradores, Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, una fianza de casi 201 millones de euros entre los cuatro para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran derivarse como consecuencia de los delitos fiscales y blanqueo de capitales de los que se les acusan.
Pedreira pide el embargo de todos los bienes de Correa y sus socios Pablo Crespo Sabaris, Alvaro Pérez (el bigotes), Carmen Rodríguez Quijano y Ramón Blanco Balín y de sus sociedades, hasta cumplir la cuantía indicada. Por otra parte, indica que la instrucción ha desvelado que cargos públicos han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama, por lo que los imputados están acusados de un delito de cohecho.
La fianza solicitada para Correa es de 85 millones de euros, la misma que para ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para el ex vicepresidente de Repsol, Blanco Balín, la fianza queda en 30 millones de euros. La mujer de Correa, Maria del Carmen Quijano, se enfrenta a una cuantía de 800.000 euros por su participación en la actividad de Correa en Majadahonda, incluidos pagos a cargos públicos. Entre ellos, destaca la operación relativa a un inmueble de la calle La Oliva.
La cuantía es aproximada y no tiene en cuenta los intereses de demora, las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y otras circunstancias que todavía no se han contabilizado. Si no lo abonan en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes.
El abogado José Antonio Choclán, que defiende a Correa, ha dicho que su cliente no cuenta con dinero para pagar la fianza para eludir la cárcel, puesto que tiene "el 100 por ciento de sus bienes conocidos embargados". "Los bienes se tienen que tasar para saber si son suficientes para cubrir la fianza", ha añadido.
Las empresas de Correa consiguieron contratos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su mayoría relacionados con la organización de actos institucionales. Según el sumario, los contratos se troceaban para evitar que el coste fuera superior a los 12.000 euros, con la idea de eludir un concurso público.
Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.
En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.
TREINTA MILLONES PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE REPSOL
Asimismo, el juez fija una fianza de 30 millones de euros al ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.
Según el sumario, Blanco Balín asumió en 2005 la gestión de la estructura empresarial de la trama en España al tomar el relevo del abogado Luis de Miguel, "un especialista en el montaje de sociedades", según declaró Antoine Sánchez, el primo de Correa, durante su declaración ante el juez Baltasar Garzón.
Por su parte, María Carmen Rodríguez Quijano fue detenida el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó la trama, y puesta en libertad por la Policía. La mujer de Correa fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo, uno de los presuntos cerebros de la trama Gürtel. Además, Rodríguez Quijano fue jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, y secretaria general del partido en ese municipio.
LA RECUSACIÓN DE PEDREIRA
En cuanto al presunto 'cerebro' de la trama, Francisco Correa, su abogado, José Antonio Choclán, baraja recusar al juez Pedreira por falta de imparcialidad con motivo de la prórroga que dictó en abril de 2009 sobre las intervenciones de las comunicaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los imputados y sus letrados en prisión. El letrado prevé impugnar este auto, del 10 de abril de 2009, al igual que lo hará el abogado Ignacio Pelaez, que representa al constructor José Luis Ulibarri.
Asimismo, Choclán critica que el magistrado haya decidido mantener bajo secreto de sumario el contenido de las conversaciones grabadas en prisión "para preservar la intimidad" de los afectados, lo que les impedirá "conocer actuaciones que pueden ser nulas de pleno derecho". Una parte de estas escuchas ya se destaparon cuando se levantó en octubre la primera parte del secreto de las actuaciones. Hace dos semanas, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM anuló todas las escuchas intervenidas en la cárcel al considerarlas ilícitas.
El abogado de Correa conocerá este martes parte del contenido del sumario, una vez que su procurador acceda a las claves para entrar en el portal web donde se han volcado los 50.000 folios. El levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez a un total de diez países para obtener datos sobre cuentas bancarias. Tampoco incluirá cuestiones que afecten a la intimidad personal de los imputados, así como asuntos que afecten al interés público.
> PDF: Auto de la fianza para Francisco Correa
> PDF: Auto de la fianza para María del Carmen Rodríguez Quijano
> PDF: Auto de la fianza para Pablo Crespo
> PDF: Auto de la fianza para José Ramón Blanco Balín
> PDF: Auto de la fianza para Álvaro Pérez 'el bigotes'
El juez de Instrucción del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto al matrimonio Correa y sus principales colaboradores, Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, una fianza de casi 201 millones de euros entre los cuatro para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran derivarse como consecuencia de los delitos fiscales y blanqueo de capitales de los que se les acusan.
Pedreira pide el embargo de todos los bienes de Correa y sus socios Pablo Crespo Sabaris, Alvaro Pérez (el bigotes), Carmen Rodríguez Quijano y Ramón Blanco Balín y de sus sociedades, hasta cumplir la cuantía indicada. Por otra parte, indica que la instrucción ha desvelado que cargos públicos han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama, por lo que los imputados están acusados de un delito de cohecho.
La fianza solicitada para Correa es de 85 millones de euros, la misma que para ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para el ex vicepresidente de Repsol, Blanco Balín, la fianza queda en 30 millones de euros. La mujer de Correa, Maria del Carmen Quijano, se enfrenta a una cuantía de 800.000 euros por su participación en la actividad de Correa en Majadahonda, incluidos pagos a cargos públicos. Entre ellos, destaca la operación relativa a un inmueble de la calle La Oliva.
La cuantía es aproximada y no tiene en cuenta los intereses de demora, las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y otras circunstancias que todavía no se han contabilizado. Si no lo abonan en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes.
El abogado José Antonio Choclán, que defiende a Correa, ha dicho que su cliente no cuenta con dinero para pagar la fianza para eludir la cárcel, puesto que tiene "el 100 por ciento de sus bienes conocidos embargados". "Los bienes se tienen que tasar para saber si son suficientes para cubrir la fianza", ha añadido.
Las empresas de Correa consiguieron contratos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su mayoría relacionados con la organización de actos institucionales. Según el sumario, los contratos se troceaban para evitar que el coste fuera superior a los 12.000 euros, con la idea de eludir un concurso público.
Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.
En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.
TREINTA MILLONES PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE REPSOL
Asimismo, el juez fija una fianza de 30 millones de euros al ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.
Según el sumario, Blanco Balín asumió en 2005 la gestión de la estructura empresarial de la trama en España al tomar el relevo del abogado Luis de Miguel, "un especialista en el montaje de sociedades", según declaró Antoine Sánchez, el primo de Correa, durante su declaración ante el juez Baltasar Garzón.
Por su parte, María Carmen Rodríguez Quijano fue detenida el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó la trama, y puesta en libertad por la Policía. La mujer de Correa fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo, uno de los presuntos cerebros de la trama Gürtel. Además, Rodríguez Quijano fue jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, y secretaria general del partido en ese municipio.
LA RECUSACIÓN DE PEDREIRA
En cuanto al presunto 'cerebro' de la trama, Francisco Correa, su abogado, José Antonio Choclán, baraja recusar al juez Pedreira por falta de imparcialidad con motivo de la prórroga que dictó en abril de 2009 sobre las intervenciones de las comunicaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los imputados y sus letrados en prisión. El letrado prevé impugnar este auto, del 10 de abril de 2009, al igual que lo hará el abogado Ignacio Pelaez, que representa al constructor José Luis Ulibarri.
Asimismo, Choclán critica que el magistrado haya decidido mantener bajo secreto de sumario el contenido de las conversaciones grabadas en prisión "para preservar la intimidad" de los afectados, lo que les impedirá "conocer actuaciones que pueden ser nulas de pleno derecho". Una parte de estas escuchas ya se destaparon cuando se levantó en octubre la primera parte del secreto de las actuaciones. Hace dos semanas, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM anuló todas las escuchas intervenidas en la cárcel al considerarlas ilícitas.
El abogado de Correa conocerá este martes parte del contenido del sumario, una vez que su procurador acceda a las claves para entrar en el portal web donde se han volcado los 50.000 folios. El levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez a un total de diez países para obtener datos sobre cuentas bancarias. Tampoco incluirá cuestiones que afecten a la intimidad personal de los imputados, así como asuntos que afecten al interés público.
> PDF: Auto de la fianza para Francisco Correa
> PDF: Auto de la fianza para María del Carmen Rodríguez Quijano
> PDF: Auto de la fianza para Pablo Crespo
> PDF: Auto de la fianza para José Ramón Blanco Balín
> PDF: Auto de la fianza para Álvaro Pérez 'el bigotes'
