200 personalidades catalanas han impulsado la Declaración por la paz y la democracia en el País Vasco, un documento que carga contra la "involución política" del Estado, y reclama, sin citar explícitamente el nombre del partido, la legalización de Sortu.
"Es inaceptable el uso político de la justicia para limitar derechos constitucionales elementales como los derechos de reunión, afiliación política y a constituir candidaturas para concurrir a las elecciones", reza el texto.
Presentada este miércoles en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, la declaración critica la posición inmovilista del Estado con el conflicto, así como su "obstinada negativa" a aceptar el 'derecho a decidir' del pueblo vasco.
Asimismo, reclama el restablecimiento en Euskadi de los derechos de expresión, manifestación y participación política "sin exclusiones", y que el Gobierno adopte medidas de normalización jurídica en el ámbito policíaco y penitenciario.
Los impulsores de la iniciativa, entre los que se encuentra el ex líder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira, consideran que Cataluña "no puede quedar al margen" de la situación actual del País Vasco, por lo que ahora tratarán de que el documento reciba el máximo de adhesiones ciudadanas posibles.
Junto con Carod, han presentado e impulsado el texto la abogada Gemma Calvet, la actriz Silvia Bel y el jurista Agust Gil Matemala, quien ha recalcado que esperan una recogida "masiva" de firmas, y el apoyo explícito de los partidos políticos.
Gil Matemala ha precisado que la declaración es un "punto de partida" para unificar a toda aquella gente que desde hace mucho tiempo dedica sus esfuerzos a conseguir la normalización democrática de Euskadi, algo que pasa, según la declaración, porque la izquierda abertzale regrese a las urnas.
Entre los 200 firmantes del documento, que según Calvet persigue la "máxima representatividad", se encuentra el econosmista Arcadi Oliveres, la actriz Ariadna Gil, el ex vicepresidente del Parlamento Vasco Gorka Knörr, el ex consejero de ERC Joan Manuel Tresserras, el músico Lluís Llach, y el sociólogo Salvador Cardús.
Dentro del ámbito político, la declaración ha recibido el apoyo de la portavoz de ERC en el Parlamento catalán Anna Simó, del secretario general de SI Uriel Bertran, del diputado de ICV Joan Boada, del coordinador general de EUiA Jordi Miralles y del portavoz de la CUP Marc Sallas, entre otros.
EL AUTO DEL SUPREMO SE NOTIFICARÁ EL VIERNES
Por otro lado, los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo firmaron este miércoles el auto en el que prohíben la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior si bien la resolución no se notificará a las partes hasta el próximo viernes, ya que se ha dado plazo a los discrepantes para que puedan presentar sus votos particulares hasta las 12.00 horas del día 1 de abril.
Fuentes del alto tribunal informaron al término de la reunión de la Sala que las partes han sido citadas a las 13.00 horas del viernes para acudir a recoger la resolución.
Los magistrados de la Sala del 61, con algunas excepciones, como la del magistrado Alberto Jorge Barreiro -que este miércoles formaba parte del tribunal que revisaba en vista pública la condena a los responsables de una librería nazi en Barcelona-, se reunieron a las 12.00 horas para revisar el borrador del auto elaborado por el ponente, Carlos Lesmes. Hora y media más tarde ya había quedado firmada la resolución.
Tras la deliberación sobre este asunto, celebrada hace justo una semana, trascendió que 7 de los 16 magistrados que componen la Sala se posicionaron en contra de prohibir la inscripción de Sortu , si bien tan sólo tres de ellos anunciaron la presentación de voto discrepante (Manuel Alarcón, Rafael Gimeno-Bayón y Jose Luis Calvo Cabello).
No obstante, se ha especulado con la posibilidad, bastante probable, de que finalmente se redacte un solo voto, elaborado por el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, al que podrían adherirse el resto de discrepantes con el fin de dar más fuerza a su posición de cara al recurso que Sortu tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional.
