#TEMP
lunes. 15.08.2022
CARTA ABIERTA A TODAS LAS FUERZAS POLíTICAS

15 necesidades que tiene España en materia de Derechos Humanos y civiles

Desde la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reclaman a todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales, 15 necesidades que debe paliar nuestro país en materia de Derechos Humanos.

violacio

Carta abierta a todas las fuerzas políticas que se presentan
a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015

 Estimado/a presidente, coordinador/a o secretario/a general:

Tenemos el agrado de escribirle en nombre de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas e integrada por 121 especialistas españoles y latinoamericanos en Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Nuestra Asociación nació en 2004 con la ambición de constituir un puente permanente de comunicación entre el mundo académico, las instituciones públicas y la sociedad civil, con el objeto de trasladar a la práctica española y latinoamericana las normas y principios del DIDH, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos que incumban a España y a América Latina.[1]

vi

Dada la proximidad de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, le hacemos llegar nuestra seria preocupación por las siguientes cuestiones de derechos humanos que le instamos a considerar en el programa electoral de su partido, de manera que se definan las bases de futuras políticas públicas que permitan mejorar sustancialmente la situación de los derechos humanos en España:

1. La protección y el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la actual y persistente crisis económica, con especial atención a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, e indudablemente las niñas y los niños, las mujeres, las personas de edad o con discapacidad, o las personas inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla. Resulta prioritario diseñar políticas públicas pensadas para todas las personas sin discriminación, y que protejan ante todo su derecho a la alimentación, la salud y la educación; promuevan su derecho al trabajo; el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores; las condiciones decentes de empleo y salario; el derecho a una prestación por desempleo y el derecho a una renta básica universal.

También urge proteger el derecho a la vivienda y la búsqueda de alternativas que defiendan este derecho frente a los desahucios de personas que no tienen medios económicos suficientes para el pago regular de sus préstamos hipotecarios, como son la dación de la vivienda hipotecada en pago de dichos préstamos, o una renegociación obligatoria de los préstamos con nuevos períodos de carencia u otras garantías que les faciliten el pago aplazado de la deuda hipotecaria, sin obligarles a desalojar la única vivienda de que disponen.

Recordamos que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló hace ya 20 años que «un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto» Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es Estado Parte. También añadió que «aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo».[2]

vio

2. El respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares, así como las solicitantes de asilo o refugio, en particular su derecho a la libertad y a la seguridad personales. Solicitamos que su grupo político promueva la abolición del internamiento preventivo en los Centros de Internamiento de Extranjeros de las personas que se encuentran en situación irregular. Se trata un trato discriminatorio incompatible con el principio de igualdad y no discriminación que consagra el DIDH.

Deben incrementarse además las políticas públicas para evitar la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas, poniendo de relieve su contribución positiva a la riqueza nacional y atajando todo brote de racismo, intolerancia, odio, discriminación racial y xenofobia, muy preocupantes en nuestro país porque victimizan a distintos grupos nacionales, étnicos y raciales que viven en España, como es el caso de la población de origen romaní, musulmán y africano. Ni siquiera las niñas y niños que integran estos colectivos escapan de esas conductas reprobables. Las campañas de sensibilización deberían concienciar a la población sobre los derechos enunciados en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), que España debe ratificar sin dilación. El respeto efectivo de estos derechos es la mejor vía para combatir el tráfico clandestino del que son víctimas las personas migrantes, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales.

3. Se debe incrementar el compromiso nacional con la causa de los pueblos saharaui y palestino, titulares del derecho a la libre determinación. En ambos casos, todas las Administraciones del Estado deben emprender, mantener y renovar, dentro de sus ámbitos de competencia, las acciones solidarias que contribuyan positivamente a aliviar la situación de esos dos pueblos, a la vez que reclamen en el seno de las Naciones Unidas el ejercicio efectivo del derecho a su libre determinación.

4. Reclamamos el compromiso de su partido en reformar la Constitución de 1978 siguiendo un modelo federal que sea respetuoso con la idiosincrasia de las naciones y pueblos que componen España. Esa reforma debería incluir una tutela judicial efectiva de los derechos a la alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento, electricidad, calefacción, salud y educación, evitando su subordinación a las políticas económicas.

5. Todos los partidos políticos y poderes públicos tienen el deber de fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado. En particular, deben renunciar a toda injerencia en el nombramiento de los magistrados de los altos tribunales de justicia y en el ejercicio de las competencias de los fiscales.

En lo que se refiere a la designación de los titulares de las Defensorías del Pueblo nacional y autonómicas, su selección debe hacerse en función de la competencia técnica de las personas candidatas.

Además, todos los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y los operadores de la administración de justicia —incluidos los jueces y fiscales— deben recibir un programa integral de formación en Derecho internacional de los derechos humanos, a fin de garantizar que en el cumplimiento de sus funciones respeten y protejan efectivamente los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color u origen étnico o nacional, sexo, orientación sexual, fortuna, idioma, religión, discapacidad o cualquier otra condición social.

viola

6. Solicitamos su compromiso para prevenir y, en su caso, alentar de oficio —con independencia de las denuncias que las víctimas pudieran presentar ante los tribunales de justicia—, la investigación pronta e independiente del cuerpo policial involucrado y la sanción efectiva de los malos tratos y torturas atribuidos a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales, dentro del respeto escrupuloso a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La detención incomunicada debe ser abolida de inmediato. Las garantías procesales del detenido no pueden ser suspendidas.

7. Reclamamos su compromiso para que se reconozca sin más dilaciones y en toda su extensión el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a que tienen derecho los familiares de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas en España durante la guerra civil y posterior represión franquista, así como la sociedad en general, adoptando un enfoque humanitario y jurídico, de acuerdo con las normas internacionales en materia de justicia de transición.

8. Todos los partidos deben proponer nuevas políticas públicas en materia de prevención y sanción de la violencia de género, la trata de mujeres y la infancia, así como la explotación de la pornografía infantil.

9. Todos los partidos deben comprometerse por una educación y una sanidad públicas y de calidad, a las que puedan acceder todas las familias que viven en España sin discriminación. Se debe reconocer el derecho de la mujer a determinar su propia salud sexual y reproductiva. También se deben mantener abiertos los comedores escolares durante todo el año allá donde fuera preciso, para asegurar que todos/as los/las niños/as y niños puedan nutrirse de forma adecuada y equilibrada, a la vez que reciben educación complementaria, siguiendo el modelo iniciado por varias Comunidades Autónomas.

Reclamamos también su compromiso en abolir el privilegio anticonstitucional que supone subvencionar con dinero público la enseñanza privada, especialmente la concertada con la Iglesia católica.

10. Todos los partidos deben renovar su compromiso a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, y la investigación y castigo de la corrupción. En el caso de los funcionarios públicos y de los representantes electos, la responsabilidad política deberá conllevar la separación cautelar e inmediata de sus funciones, mientras se realicen las investigaciones correspondientes, sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia en el orden penal.

11. También les invitamos a pronunciarse a favor de la libertad religiosa, de modo que se garantice la total aconfesionalidad de las instituciones y del Estado, así como el establecimiento de un sistema educativo público, laico y gratuito.

12. Todos los partidos deben comprometerse a no retroceder en las conquistas sociales y en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que el Derecho internacional de los derechos humanos reconoce a todas las personas que viven y trabajan en España, porque son la base de una convivencia en libertad, justicia y paz.

13. Solicitamos a todos los partidos que reclamen al Gobierno de España que defienda en las Naciones Unidas la codificación internacional del derecho humano a la paz, reclamada por amplios sectores de la sociedad civil española.

14. Exigimos el pleno restablecimiento de la competencia de los tribunales españoles para ejercer la jurisdicción universal en la persecución de crímenes internacionales y violaciones masivas de los derechos humanos, con independencia del lugar donde se hayan producido y de la nacionalidad de las víctimas. Y,

15. Pedimos a todos los partidos que apoyen la urgente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que dispone que se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que España violó alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos. El recurso de revisión se debe extender a los dictámenes, medidas provisionales y recomendaciones emanados de los órganos de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos.

En la confianza de que su formación política pueda incorporar al programa electoral las cuestiones arriba destacadas, aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar en nombre de la AEDIDH nuestros más atentos saludos.


[1] La AEDIDH trabaja en cinco áreas preferentes: la codificación internacional del derecho humano a la paz; la erradicación de la tortura y los malos tratos; los derechos humanos de las personas migrantes; la justicia de transición; y el estudio de la práctica española y latinoamericana en materia de derechos humanos. Para ello, se inspira en las normas internacionales vigentes y en las decisiones y recomendaciones dirigidas a España y a América Latina por los órganos internacionales competentes.

[2] Observación general 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados Partes en virtud del artículo 2 del Pacto, adoptada en 1995.

15 necesidades que tiene España en materia de Derechos Humanos y civiles
Comentarios