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30 de marzo de 2009, 13:42
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 30.3.2009
Los familiares han llegado incluso a denunciar "chantajes emocionales" para tratar de evitar que se investigarán los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles. Así lo ha asegurado Francisco Javier González Castilla, hermano de una de las víctimas y ex presidente de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty), en su declaración como testigo en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en las identificaciones de las víctimas del accidente, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).
"Fueron muchísimos desprecios. No se entendía como los que tendrían que estar más preocupados por esclarecerlo todo, que habían enviado a sus propios soldados, no hacían nada", ha dicho González Castilla ante el tribunal. Entre otras situaciones utilizadas para ilustrar las prácticas del ministerio, el testigo relató la reunión mantenida por el que fuera titular de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, con su padre, general de intendencia, y único familiar al que recibió.
González Castilla ha asegurado que en el encuentro, que tuvo lugar en julio de 2003, Trillo "en ningún momento le consoló, no le dio ninguna razón ni causa del accidente, ni siquiera le dio el pésame". Y ha añadido: "Trillo quería que mi padre interviniera para que la asociación (Afaty) se plegara a lo que quería el ministerio y que no se investigara".
El testigo también ha hecho referencia a la carta enviada a su padre por el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejértico de Tierra (JEMET), Luis Alejandre. En ella, el mando militar "aseguraba que refugiarse en responsabilidades no conducía a nada" y le preguntaba que qué pensaría su hijo fallecido de su actitud, algo que González Castilla ha calificado de "chantaje emocional". "Me hubiese gustado que muchos de estos militares se hubiesen portado con la misma lealtad y con el mismo honor con el que se hubiese comportado mi hermano", ha dicho.
Otra de las reuniones a las que ha hecho referencia González Castilla fue la mantenida en el ministerio con el "número tres" de Trillo, Javier Jiménez Ugarte, una vez se empezaron a conocer los errores en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.
El encuentro fue "bastante tenso", y en él Jimenéz Ugarte adoptó una postura "cada vez más prepotente" especialmente ante las respuestas y preguntas del otro hermano de González Castilla, que en su condición de ingeniero aeronáutico puso en duda muchas de las explicaciones del responsable del ministerio. Al finalizar la reunión, Jiménez Ugarte, cuya comparecencia en el juicio ha sido solicitada por la Fiscalía, se dirigió al hermano del testigo y le dijo que "no volviera nunca más por el Ministerio".
En el juicio, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Vicente Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Todos ellos están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.
Los familiares han llegado incluso a denunciar "chantajes emocionales" para tratar de evitar que se investigarán los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles. Así lo ha asegurado Francisco Javier González Castilla, hermano de una de las víctimas y ex presidente de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty), en su declaración como testigo en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en las identificaciones de las víctimas del accidente, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).
"Fueron muchísimos desprecios. No se entendía como los que tendrían que estar más preocupados por esclarecerlo todo, que habían enviado a sus propios soldados, no hacían nada", ha dicho González Castilla ante el tribunal. Entre otras situaciones utilizadas para ilustrar las prácticas del ministerio, el testigo relató la reunión mantenida por el que fuera titular de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, con su padre, general de intendencia, y único familiar al que recibió.
González Castilla ha asegurado que en el encuentro, que tuvo lugar en julio de 2003, Trillo "en ningún momento le consoló, no le dio ninguna razón ni causa del accidente, ni siquiera le dio el pésame". Y ha añadido: "Trillo quería que mi padre interviniera para que la asociación (Afaty) se plegara a lo que quería el ministerio y que no se investigara".
El testigo también ha hecho referencia a la carta enviada a su padre por el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejértico de Tierra (JEMET), Luis Alejandre. En ella, el mando militar "aseguraba que refugiarse en responsabilidades no conducía a nada" y le preguntaba que qué pensaría su hijo fallecido de su actitud, algo que González Castilla ha calificado de "chantaje emocional". "Me hubiese gustado que muchos de estos militares se hubiesen portado con la misma lealtad y con el mismo honor con el que se hubiese comportado mi hermano", ha dicho.
Otra de las reuniones a las que ha hecho referencia González Castilla fue la mantenida en el ministerio con el "número tres" de Trillo, Javier Jiménez Ugarte, una vez se empezaron a conocer los errores en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.
El encuentro fue "bastante tenso", y en él Jimenéz Ugarte adoptó una postura "cada vez más prepotente" especialmente ante las respuestas y preguntas del otro hermano de González Castilla, que en su condición de ingeniero aeronáutico puso en duda muchas de las explicaciones del responsable del ministerio. Al finalizar la reunión, Jiménez Ugarte, cuya comparecencia en el juicio ha sido solicitada por la Fiscalía, se dirigió al hermano del testigo y le dijo que "no volviera nunca más por el Ministerio".
En el juicio, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Vicente Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Todos ellos están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.
