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27 de enero de 2011, 5:18
nuevatribuna.es | I.G.C. | 24.01.2011
Aunque se desconoce el día exacto (por motivos de seguridad), está previsto que esta misma semana el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, viaje a Irak, para intentar esclarecer los sucesos que rodearon el asesinato del cámara de Telecinco José Couso. En tan sólo medio año, el caso ha dado un giro importante. Primero, por la reapertura de la investigación, ordenada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo; y segundo, por los papeles de Wikilekas, que revelan presiones por parte de la embajada de Estados Unidos en Madrid al Gobierno español para intentar parar dicha investigación.
“Ha sido una campaña de acoso y derribo contra la comisión judicial por parte del Gobierno y de la Fiscalía, a nuestro juicio, indignante. Viendo que no podían parar la comisión, intentaron meterle miedo diciendo que no había seguridad y mintiendo también con la falta de colaboración por parte de Irak”.
Así se manifiesta en conversación con nuevatribuna.es Javier Couso, hermano del camarágrofo que resultó muerto el 8 de abril de 2003 por el disparo de un obús estadounidense en Bagdad en plena guerra de Irak. Siete años después, la familia sigue exigiendo que se haga justicia y para ello están dispuestos a acudir a todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Javier acusa al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de “insumisión” y de haber realizado “una maniobra de Goebbels”, por haber intentado “bloquear” e “impedir” el viaje de Pedraz, sobre todo, teniendo en cuenta que pasados seis meses desde la orden dada por el Supremo, la Fiscalía no lo ha recurrido. El Ministerio público ha alegado problemas de seguridad, es decir, no ha garantizado la protección del magistrado y del resto de miembros (en total nueve) que conformarán la comisión judicial, lo que en opinión de Javier no parece razonable, dado que otros viajes realizados por miembros del Gobierno e incluso por el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo a Afganistán, han estado acompañados por una treintena de periodistas a los que sí se les ha garantizado su seguridad. “Imagínate que te dice tu propio gobierno que no te puede garantizar la seguridad para uno de los lugares más peligrosos del mundo”, subraya.La familia del cámara asesinado tiene muchas esperanzas puestas en la investigación de Pedraz del que admiran su trayectoria judicial. “Nos parece una persona independiente y que lo que busca es cumplir las leyes, que parece un contrasentido o una verdad de Perogrullo, pero últimamente en este país decir que un juez es independiente políticamente y que solo se ciñe a la ley es algo un poco extraño y eso me preocupa muchísimo”, asegura Javier, que explica que los argumentos dados por la Fiscalía se caen por su propio peso y hasta faltan a la verdad porque las autoridades iraquíes –a diferencia de lo que sostiene el Fiscal- “han dado los visados y están colaborando con el juez para garantizar su seguridad”.
El otro frente que la familia de Couso tiene abierto viene a raíz de los papeles de Wikeleaks. Dichas filtraciones revelan que “hubo una connivencia entre la embajada de EEUU en Madrid y el Gobierno y la Fiscalía. Ministros, la vicepresidenta (María Teresa Fernández de la Vega), Fiscal General y Fiscal de la Audiencia y algún magistrado de Sala realizan conciertos con la embajada para impedir que el caso prospere, e incluso el ministro de Justicia (en ese momento Juan Fernando López Aguilar) llega a asesorar a EEUU para que no haya reacciones, les da indicaciones para abrir algo allí, pero EEUU ni siquiera le hace caso, ni siquiera para cubrir el expediente”, cuenta el hermano de José Couso.
Para Javier “lo grave no son las presiones, lo grave es que un Estado soberano como España, que además es aliado, acepte esas presiones y además contra un ciudadano español, me parece gravísimo. Entonces, la soberanía o el pertenecer a un Estado concreto, ¿de qué te vale si no te defienden?”, se pregunta.
La familia de Couso confía en que la inspección ocular que realice el juez Pedraz en Bagdad revele muchas cosas como la cercanía de los carros de combate a las sedes de las televisiones de Al-Jazeera y Abu Dhabi. “Pedraz ha visto las imágenes que grabó mi hermano y otras”, recuerda, por lo que podrá comprobar cómo los carros de combate pueden visualizar hasta de noche y a una distancia de hasta ocho kilómetros lo que tienen delante, en ese momento el hotel Palestina, donde estaban alojados muchos periodistas. “A todos los niveles se sabía que allí estaban periodistas. De hecho, el día anterior se saludaron con unidades de la misma compañía. Pero además el propio sargento que disparó, con muchos años de experiencia, estuvo muchos minutos mirando al hotel Palestina e incluso, algo que no nos habíamos dado cuenta antes de que mi hermano fuera asesinado: que los carros de combate estuvieron mirando y viendo el hotel y luego giraron. Lo tenían perfectamente identificado, ¿por qué no los dispararon unas horas antes?, se pregunta.
El objetivo de la familia del cámara asesinado es que el proceso siga abierto como un crimen de lesa humanidad. Para ello agotarán todas las instancias judiciales en España en la confianza de al menos lograr que los tres militares implicados y que a día de hoy ya están procesados (reconocieron los hechos) “estén en busca y captura toda su vida”. Los obstáculos, no obstante, son grandes, Javier dice que la Interpol “se ha negado a cumplir la orden del juez” y el Eurojustice (Espacio europeo de justicia) está poniendo muchos problemas: “Las presiones llegan a unos niveles increíbles, pero esperamos saltarnos estos problemas y que estos tres militares estén en busca y captura como criminales de guerra toda su vida”, confía Javier.
La familia, que lleva ya recogidas varias miles de firmas (la última iniciativa se puede encontrar en Actuable), no descarta acudir al Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo: “Si vamos es por otras razones, estamos estudiándolo, para exigir nuestro derecho a un proceso justo y denunciar que se han vulnerado nuestros derechos por parte de los poderes del Estado”, avanza a este periódico.
