nuevatribuna.es
18 de febrero de 2009, 18:33
AGENCIAS - 17.2.2009
Los trabajadores secundaron su segunda jornada de huelga con una concentración masiva frente a la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad para exigir a su responsable, Francisco Granados, la implantación inmediata de medidas que resuelvan el progresivo deterioro de los tribunales de región. Los portavoces sindicales emplazaron al Ejecutivo de Aguirre a convocar la Mesa de Negociación. Si la Comunidad no se sienta a dialogar, la huelga se mantendrá con carácter indefinido.
Alrededor de las 12.15 horas, los huelguistas invadieron los carriles de la calle Gran Vía, a la altura del número 18, obligando a cortar el tráfico. Pese al amplio dispositivo policial, la marea de funcionarios se apoltronó en medio de la calle para impedir el tráfico rodado. A la media hora, la Policía restableció la circulación. Los agentes solicitaron a los portavoces de los sindicatos identificarse por invadir los carriles, informándoles de que podrían ser multados con 6.000 euros cada uno por saltarse la autorización que tenían de concentrarse sólo en los número pares de la Gran Vía.
Un 80 por ciento del colectivo respaldó el segundo día de paro, mientras que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior lo rebajó a un 38,66 por ciento. El Registro Civil de la calle Pradillo se convirtió de nuevo en la sede más afectada por el paro de los funcionarios. Pese a las largas colas, sólo se dieron 57 números. Cada día, este registro realiza 270 partidas de nacimiento y abre 400 expedientes de extranjería. En la jornada de hoy, los madrileños no pudieron registrar a sus hijos recién nacidos ni certificar la muerte de sus familiares.
El departamento que dirige Granados insistió a Europa Press que "sigue trabajando" para llegar a un acuerdo con los huelguistas lo antes posible. Sin embargo, la parte contraria sostiene que Granados no se ha sentado todavía para dialogar con los representantes sindicales. Además, dejan claro que, al margen de cuestiones económicas, urge la puesta en marcha de un plan de choque para incrementar la plantilla de los Juzgados de lo Penal y del Registro de la calle Pradillo, los órganos judiciales más atascados.
"LA JUSTICIA SE CABREA"
"Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea", corearon los asistentes, intercalándolo con "más personal y menos espías". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las numerosas pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. "La Comunidad no deja dar un bien servicio público a los ciudadanos", decía otra. Al mismo tiempo, Un nutrido grupo de policías acordó el perímetro de la concentración.
Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la Mesa de negociación para desbloquear las movilizaciones. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia. "Estamos deseando que la Comunidad nos convoque sobre el acuerdo firmado en 2007", recalcó Ana García, portavoz de UGT.
El consejero anunció el lunes que se reuniría este martes con los representantes sindicales, una convocatoria de la que no tienen noticia los portavoces de los funcionarios. La Consejería les ha hecho una oferta que se limita al aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 357 euros, que se recibiría de manera progresiva hasta 2012. El acuerdo pactado en 2007 contemplaba una subida de 450 euros.
García insistió en que no se trata sólo de una cuestión de dinero, sino que "se lucha por mejorar el servicio público". Por su parte, Alberto García, del sindicato STAJ, denunció "la inseguridad jurídica" creada por el Gobierno regional "al incumplir los acuerdos" fijados por el ex consejero Alfredo Prada.
SUSPENDIDAS MÁS DE MIL ACTUACIONES JUDICIALES
La huelga iniciada el lunes por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña obligó a suspender 1.200 actuaciones judiciales y 900 juicios en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento de la primera jornada del paro en un 81,32 por ciento, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9 por ciento.
Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.
Un 85 por ciento de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.
La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.
Los trabajadores secundaron su segunda jornada de huelga con una concentración masiva frente a la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad para exigir a su responsable, Francisco Granados, la implantación inmediata de medidas que resuelvan el progresivo deterioro de los tribunales de región. Los portavoces sindicales emplazaron al Ejecutivo de Aguirre a convocar la Mesa de Negociación. Si la Comunidad no se sienta a dialogar, la huelga se mantendrá con carácter indefinido.
Alrededor de las 12.15 horas, los huelguistas invadieron los carriles de la calle Gran Vía, a la altura del número 18, obligando a cortar el tráfico. Pese al amplio dispositivo policial, la marea de funcionarios se apoltronó en medio de la calle para impedir el tráfico rodado. A la media hora, la Policía restableció la circulación. Los agentes solicitaron a los portavoces de los sindicatos identificarse por invadir los carriles, informándoles de que podrían ser multados con 6.000 euros cada uno por saltarse la autorización que tenían de concentrarse sólo en los número pares de la Gran Vía.
Un 80 por ciento del colectivo respaldó el segundo día de paro, mientras que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior lo rebajó a un 38,66 por ciento. El Registro Civil de la calle Pradillo se convirtió de nuevo en la sede más afectada por el paro de los funcionarios. Pese a las largas colas, sólo se dieron 57 números. Cada día, este registro realiza 270 partidas de nacimiento y abre 400 expedientes de extranjería. En la jornada de hoy, los madrileños no pudieron registrar a sus hijos recién nacidos ni certificar la muerte de sus familiares.
El departamento que dirige Granados insistió a Europa Press que "sigue trabajando" para llegar a un acuerdo con los huelguistas lo antes posible. Sin embargo, la parte contraria sostiene que Granados no se ha sentado todavía para dialogar con los representantes sindicales. Además, dejan claro que, al margen de cuestiones económicas, urge la puesta en marcha de un plan de choque para incrementar la plantilla de los Juzgados de lo Penal y del Registro de la calle Pradillo, los órganos judiciales más atascados.
"LA JUSTICIA SE CABREA"
"Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea", corearon los asistentes, intercalándolo con "más personal y menos espías". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las numerosas pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. "La Comunidad no deja dar un bien servicio público a los ciudadanos", decía otra. Al mismo tiempo, Un nutrido grupo de policías acordó el perímetro de la concentración.
Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la Mesa de negociación para desbloquear las movilizaciones. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia. "Estamos deseando que la Comunidad nos convoque sobre el acuerdo firmado en 2007", recalcó Ana García, portavoz de UGT.
El consejero anunció el lunes que se reuniría este martes con los representantes sindicales, una convocatoria de la que no tienen noticia los portavoces de los funcionarios. La Consejería les ha hecho una oferta que se limita al aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 357 euros, que se recibiría de manera progresiva hasta 2012. El acuerdo pactado en 2007 contemplaba una subida de 450 euros.
García insistió en que no se trata sólo de una cuestión de dinero, sino que "se lucha por mejorar el servicio público". Por su parte, Alberto García, del sindicato STAJ, denunció "la inseguridad jurídica" creada por el Gobierno regional "al incumplir los acuerdos" fijados por el ex consejero Alfredo Prada.
SUSPENDIDAS MÁS DE MIL ACTUACIONES JUDICIALES
La huelga iniciada el lunes por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña obligó a suspender 1.200 actuaciones judiciales y 900 juicios en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento de la primera jornada del paro en un 81,32 por ciento, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9 por ciento.
Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.
Un 85 por ciento de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.
La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.
