nuevatribuna.es
3 de abril de 2010, 10:31
NUEVATRIBUNA.ES 02.04.2010
La credibilidad de la clase política española está bajo mínimos y la sensación de impunidad por parte de la ciudadanía es cada vez mayor. Los últimos casos de corrupción conocidos, Pretoria, Gürtel o Palma Arena han puesto de manifiesto la necesidad de endurecer las penas de aquellos que sirviéndose de su estatus de funcionario al servicio de la administración pública desfalcan las arcas del Estado en su propio beneficio.
Las corruptelas políticas han situado a los partidos como el colectivo peor valorado después de los grupos okupas según revela el último barómetro del CIS correspondiente a marzo. Por quinta vez consecutiva, la política sigue situándose entre las principales preocupaciones de los españoles y el pesimismo también se impone entre la opinión pública.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre la reforma para el Código Penal que prevé un endurecimiento de las penas para delitos de corrupción urbanística, aumentándose el ámbito de las conductas típicas y persiguiéndose expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.
PSOE y PP llevan meses intercambiando impresiones para lograr un consenso en esta materia previo al trámite parlamentario que arrancará este mes de abril en el Congreso de los Diputados. Los socialistas se muestran confiados en llegar a un acuerdo. De hecho, algunas de las medidas propuestas por el principal partido de la oposición han empezado a ser estudiadas por el Gobierno.
“Si se puede llegar a un acuerdo, el Gobierno siempre está buscando el consenso y más en un tema que siempre ha liderado, como es la lucha contra la corrupción", dijo este jueves la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Según explicó la número dos del Ejecutivo, ya se han empezado a ver medidas como la nueva ley del gobierno local, ámbito en el que más avanzadas están las conversaciones.
Todos quieren sacar pecho a la hora de liderar la lucha contra la corrupción. En este sentido, De la Vega destacó que el Gobierno tiene una política "muy clara, firme y rotunda" de "condena y persecución" de cualquier caso de corrupción y recordó que desde 2004 ha tomado medidas en esa dirección como la ley del suelo, la nueva ley de incompatibilidades y la obligación de que los miembros del Gobierno publiquen su patrimonio o la ampliación de la plantilla anticorrupción del poder judicial.
”MATAS HOY Y ROLDÁN AYER”
Al asunto se han sumado otras voces como la del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que defiende una modificación del Código Penal para que los políticos corruptos "tengan la misma pena que el delito más grave que pueda existir".
En un artículo en su blog personal en el que hace referencia a la publicación en prensa de alusiones a la gestión del ex presidente de Baleares Jaume Matas, Vara señaló igualmente que "el político que se corrompa debe saber que aunque no devuelva el dinero, de nada le va a servir porque no lo volverá a ver".
Asimismo, y tras alertar de que en la cuestión de los políticos corruptos la sociedad se está "jugando tanto que hay que reaccionar", como "hombre de izquierda" defendió que "debería modificarse el Código Penal, para que el político que defraude la confianza de los ciudadanos y los utilice para beneficio propio, tenga la misma pena que el delito más grave que pueda existir".
En su artículo, que titula El Saqueo de Palma afirmó también que "Matas hoy, como Roldán ayer, no solamente se han enriquecido, han traicionado a los que pusieron la confianza en ellos", una cuestión que a su juicio "en democracia es esencial".
Finalmente, reconoció que él se "avergüenza por un momento" de pertenecer al mismo oficio que "tipos como ese presidente" (en alusión a Jaume Matas), aunque resaltó también que le "enorgullece, en cambio hacerlo al que tanta gente decente se dedica".
La credibilidad de la clase política española está bajo mínimos y la sensación de impunidad por parte de la ciudadanía es cada vez mayor. Los últimos casos de corrupción conocidos, Pretoria, Gürtel o Palma Arena han puesto de manifiesto la necesidad de endurecer las penas de aquellos que sirviéndose de su estatus de funcionario al servicio de la administración pública desfalcan las arcas del Estado en su propio beneficio.
Las corruptelas políticas han situado a los partidos como el colectivo peor valorado después de los grupos okupas según revela el último barómetro del CIS correspondiente a marzo. Por quinta vez consecutiva, la política sigue situándose entre las principales preocupaciones de los españoles y el pesimismo también se impone entre la opinión pública.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre la reforma para el Código Penal que prevé un endurecimiento de las penas para delitos de corrupción urbanística, aumentándose el ámbito de las conductas típicas y persiguiéndose expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.
PSOE y PP llevan meses intercambiando impresiones para lograr un consenso en esta materia previo al trámite parlamentario que arrancará este mes de abril en el Congreso de los Diputados. Los socialistas se muestran confiados en llegar a un acuerdo. De hecho, algunas de las medidas propuestas por el principal partido de la oposición han empezado a ser estudiadas por el Gobierno.
“Si se puede llegar a un acuerdo, el Gobierno siempre está buscando el consenso y más en un tema que siempre ha liderado, como es la lucha contra la corrupción", dijo este jueves la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Según explicó la número dos del Ejecutivo, ya se han empezado a ver medidas como la nueva ley del gobierno local, ámbito en el que más avanzadas están las conversaciones.
Todos quieren sacar pecho a la hora de liderar la lucha contra la corrupción. En este sentido, De la Vega destacó que el Gobierno tiene una política "muy clara, firme y rotunda" de "condena y persecución" de cualquier caso de corrupción y recordó que desde 2004 ha tomado medidas en esa dirección como la ley del suelo, la nueva ley de incompatibilidades y la obligación de que los miembros del Gobierno publiquen su patrimonio o la ampliación de la plantilla anticorrupción del poder judicial.
”MATAS HOY Y ROLDÁN AYER”
Al asunto se han sumado otras voces como la del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que defiende una modificación del Código Penal para que los políticos corruptos "tengan la misma pena que el delito más grave que pueda existir".
En un artículo en su blog personal en el que hace referencia a la publicación en prensa de alusiones a la gestión del ex presidente de Baleares Jaume Matas, Vara señaló igualmente que "el político que se corrompa debe saber que aunque no devuelva el dinero, de nada le va a servir porque no lo volverá a ver".
Asimismo, y tras alertar de que en la cuestión de los políticos corruptos la sociedad se está "jugando tanto que hay que reaccionar", como "hombre de izquierda" defendió que "debería modificarse el Código Penal, para que el político que defraude la confianza de los ciudadanos y los utilice para beneficio propio, tenga la misma pena que el delito más grave que pueda existir".
En su artículo, que titula El Saqueo de Palma afirmó también que "Matas hoy, como Roldán ayer, no solamente se han enriquecido, han traicionado a los que pusieron la confianza en ellos", una cuestión que a su juicio "en democracia es esencial".
Finalmente, reconoció que él se "avergüenza por un momento" de pertenecer al mismo oficio que "tipos como ese presidente" (en alusión a Jaume Matas), aunque resaltó también que le "enorgullece, en cambio hacerlo al que tanta gente decente se dedica".
