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13 de mayo de 2010, 13:20
NUEVATRIBUNA.ES - 11.05.2010
La aprobación de la Ley de la Memoria Histórica se consiguió en medio de críticas, enfados y amenazas. Parecía como si se estuviera hablando de un texto revolucionario que le daría un lugar al pasado de España, y sobre todo a las víctimas de una de las dictaduras más sangrientas de la Historia y la segunda con mayor número de desaparecidos.
Pasados más de dos años las víctimas siguen estando solas, en lo que Gaspar Llamazares ha llamado un “vía crucis judicial”.
Las personas a las que iba dirigida dicho texto no han sentido grandes cambios sino más bien un caos legislativo que se mueve en el terreno de la ambigüedad, consiguiendo incluso que el incumplimiento de dicha Ley pareciera estar permitido.
En un escenario que el politólogo Ariel Jerez califica de “coyuntura interesante” – se refiere al juicio que está siendo sometido el juez Garzón y que ha creado un movimiento social afín a las víctimas del franquismo y a las investigaciones de la dictadura- Izquierda Unida, Iniciativa Per Catalunya Verds y Esquerra Republicana han presentado una moción en el Congreso de los Diputados, en la que se solicita un marco constitucional claro en los que se refiere a este Ley y una batería de reformas.
Hasta ahora los familiares de las víctimas del franquismo han tenido que hacerlo todo solitos, más bien con la ayuda de las asociaciones de la memoria. Con la Ley que hoy se debate, el Gobierno se comprometía a ofrecer una serie de subvenciones de modo que las asociaciones se siguieran encargando de la exhumación de fosas y de la búsqueda de desaparecidos, pero con un dinerito extra.
Pero las subvenciones apenas han dado para formar el equipo de trabajo necesario que se enfrenta a tamaña tarea: “Es el peligro de delegar políticas a lo que denominamos el tercer sector, ya que es una institución con un perfil bajo, con un sistema de fiscalización menor”, le explica a nuevatribuna.es el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Pero para Jerez lo peor de todo es que este tercer sector “no tiene un responsable político que vele por el cumplimiento de sus objetivos”.
En este sentido la moción que se ha planteado este martes, entre otras cosas, pide “la responsabilidad de las administraciones públicas de satisfacer el derecho de los familiares de los desaparecidos y perseguidos por el franquismo a conocer la verdad y procurar la localización, recuperación e identificación de las víctimas”. A pesar de que la Ley lo contempla, a la hora de la verdad las familias se enfrentan a una burocracia que se caracteriza por la falta de coordinación. Las políticas públicas de memoria se reparten en tres ministerios diferentes: el de Justicia gestiona políticas de fosas; el de cultura se encarga de archivos y simbología; y el de Vicepresidencia lleva las subvenciones.
A pesar de que estamos muy lejos de países como Alemania donde se invierte 90 millones de euros para que el Estado investigue los crímenes nazis, y cuentan con una plantilla de 1.700 trabajadores en la elaboración de archivos y atención a las víctimas, el Gobierno español ha decidido aceptar este punto de la moción y se ha comprometido a hacer una reforma de la Ley para que las víctimas tengan una administración pública a la que dirigirse.
Por ahora no han tenido la misma suerte otros puntos como el de la creación de un Alto Comisionado de Apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que vigile el cumplimiento de dicha Ley. Tampoco se ha escuchado una de las peticiones más importantes, como la de poner las disposiciones legales necesarias que impidan las interpretaciones del ordenamiento jurídico por parte del Estado en lo que se refiere a los principio de Verdad, Justicia y Reparación. Si estas limitaciones jurídicas hubieran existido, Garzón no tendría que sentarse en el banquillo por investigar al franquismo, y en el futuro otros jueces podrían mirar hacia el pasado sin el temor de ser enjuiciados. “Estos objetivos se cumplirían si viviéramos en una sociedad democrática madura, pero todavía seguimos empantanados en un debate en el que algunos se preguntan si el franquismo fue o no fue una dictadura”, dice el profesor Ariel Jerez.
Esta mañana también han sacado a la luz otro de los temas polémicos: la eliminación de símbolos franquistas. Según Jerez “es una triste ironía que se pregunten si una estatua de Franco tiene valor artístico”. El experto en Ciencia Política es tajante: “Los símbolos son semáforos, señales de alerta, y mucha gente que ha vivido en plazas que homenajeaban al Caudillo han sentido que nada había cambiado. Pero además esos símbolos han contribuido a generar miedo y un silencio que todavía padecen muchos españoles”.
Simbólica también ha sido otra de las peticiones que recoge la moción y ante la que por ahora no se sabe qué dirá el Gobierno. Consiste en que se “conmemore de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condenar expresamente al régimen franquista y de apoyar a sus víctimas”, ofreciéndoles también “un día anual para la conmemoración y apoyo de los represaliados del franquismo”.
Si no hay condena expresa resulta complicado pensar que no haya otro juez al que le suceda lo mismo que a Garzón. Ariel Jerez recuerda la importancia de que se comprometa este Gobierno, el cual “no debería olvidarse que miles de cuerpos que hoy están en la cuneta eran socialistas afiliados a UGT, se lo deben”.
La aprobación de la Ley de la Memoria Histórica se consiguió en medio de críticas, enfados y amenazas. Parecía como si se estuviera hablando de un texto revolucionario que le daría un lugar al pasado de España, y sobre todo a las víctimas de una de las dictaduras más sangrientas de la Historia y la segunda con mayor número de desaparecidos.
Pasados más de dos años las víctimas siguen estando solas, en lo que Gaspar Llamazares ha llamado un “vía crucis judicial”.
Las personas a las que iba dirigida dicho texto no han sentido grandes cambios sino más bien un caos legislativo que se mueve en el terreno de la ambigüedad, consiguiendo incluso que el incumplimiento de dicha Ley pareciera estar permitido.
En un escenario que el politólogo Ariel Jerez califica de “coyuntura interesante” – se refiere al juicio que está siendo sometido el juez Garzón y que ha creado un movimiento social afín a las víctimas del franquismo y a las investigaciones de la dictadura- Izquierda Unida, Iniciativa Per Catalunya Verds y Esquerra Republicana han presentado una moción en el Congreso de los Diputados, en la que se solicita un marco constitucional claro en los que se refiere a este Ley y una batería de reformas.
Hasta ahora los familiares de las víctimas del franquismo han tenido que hacerlo todo solitos, más bien con la ayuda de las asociaciones de la memoria. Con la Ley que hoy se debate, el Gobierno se comprometía a ofrecer una serie de subvenciones de modo que las asociaciones se siguieran encargando de la exhumación de fosas y de la búsqueda de desaparecidos, pero con un dinerito extra.
Pero las subvenciones apenas han dado para formar el equipo de trabajo necesario que se enfrenta a tamaña tarea: “Es el peligro de delegar políticas a lo que denominamos el tercer sector, ya que es una institución con un perfil bajo, con un sistema de fiscalización menor”, le explica a nuevatribuna.es el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Pero para Jerez lo peor de todo es que este tercer sector “no tiene un responsable político que vele por el cumplimiento de sus objetivos”.
En este sentido la moción que se ha planteado este martes, entre otras cosas, pide “la responsabilidad de las administraciones públicas de satisfacer el derecho de los familiares de los desaparecidos y perseguidos por el franquismo a conocer la verdad y procurar la localización, recuperación e identificación de las víctimas”. A pesar de que la Ley lo contempla, a la hora de la verdad las familias se enfrentan a una burocracia que se caracteriza por la falta de coordinación. Las políticas públicas de memoria se reparten en tres ministerios diferentes: el de Justicia gestiona políticas de fosas; el de cultura se encarga de archivos y simbología; y el de Vicepresidencia lleva las subvenciones.
A pesar de que estamos muy lejos de países como Alemania donde se invierte 90 millones de euros para que el Estado investigue los crímenes nazis, y cuentan con una plantilla de 1.700 trabajadores en la elaboración de archivos y atención a las víctimas, el Gobierno español ha decidido aceptar este punto de la moción y se ha comprometido a hacer una reforma de la Ley para que las víctimas tengan una administración pública a la que dirigirse.
Por ahora no han tenido la misma suerte otros puntos como el de la creación de un Alto Comisionado de Apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que vigile el cumplimiento de dicha Ley. Tampoco se ha escuchado una de las peticiones más importantes, como la de poner las disposiciones legales necesarias que impidan las interpretaciones del ordenamiento jurídico por parte del Estado en lo que se refiere a los principio de Verdad, Justicia y Reparación. Si estas limitaciones jurídicas hubieran existido, Garzón no tendría que sentarse en el banquillo por investigar al franquismo, y en el futuro otros jueces podrían mirar hacia el pasado sin el temor de ser enjuiciados. “Estos objetivos se cumplirían si viviéramos en una sociedad democrática madura, pero todavía seguimos empantanados en un debate en el que algunos se preguntan si el franquismo fue o no fue una dictadura”, dice el profesor Ariel Jerez.
Esta mañana también han sacado a la luz otro de los temas polémicos: la eliminación de símbolos franquistas. Según Jerez “es una triste ironía que se pregunten si una estatua de Franco tiene valor artístico”. El experto en Ciencia Política es tajante: “Los símbolos son semáforos, señales de alerta, y mucha gente que ha vivido en plazas que homenajeaban al Caudillo han sentido que nada había cambiado. Pero además esos símbolos han contribuido a generar miedo y un silencio que todavía padecen muchos españoles”.
Simbólica también ha sido otra de las peticiones que recoge la moción y ante la que por ahora no se sabe qué dirá el Gobierno. Consiste en que se “conmemore de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condenar expresamente al régimen franquista y de apoyar a sus víctimas”, ofreciéndoles también “un día anual para la conmemoración y apoyo de los represaliados del franquismo”.
Si no hay condena expresa resulta complicado pensar que no haya otro juez al que le suceda lo mismo que a Garzón. Ariel Jerez recuerda la importancia de que se comprometa este Gobierno, el cual “no debería olvidarse que miles de cuerpos que hoy están en la cuneta eran socialistas afiliados a UGT, se lo deben”.
