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domingo 29/5/22

"El caso Garzón puede hundir en el descrédito al Tribunal Supremo"

ISABEL G. CABALLERO
Esta es la advertencia hecha por el magistrado José Antonio Martín Pallín que en declaraciones a nuevatribuna.es denuncia, entre otras cosas, que el debate por la causa abierta al juez de la Audiencia Nacional “está centrándose en la personalidad del sujeto y no en el fondo jurídico de la cuestión”, esto es, los crímenes del Franquismo.
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NUEVATRIBUNA.ES 12.02.2010

La causa abierta contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del Franquismo va camino de poner en cuestión los propios cimientos de la sociedad democrática española y de las instituciones emanadas de la Transición. Tal es así, que hoy se ha conocido la recusación formulada por la nieta de Juan Negrín contra varios magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos, el propio presidente Carlos Dívar, lo que pone en seria duda la independencia de aquellos que pretenden sentar en el banquillo de los acusados al juez de la Audiencia Nacional.

El paso dado por Carmen Negrín Fetter es uno más de una serie de actuaciones llevadas a cabo por su abogado, Joan Garcés, al que Garzón incluyó como testigo de la causa abierta contra los crímenes del Franquismo. Pero no será la última. Según ha podido saber este periódico, Fernando Magán, el letrado que representa a las asociaciones y particulares (alrededor de una treintena) de las causas contra la Dictadura y por las que Garzón se declaró competente, tiene previsto presentar el próximo lunes al Constitucional una petición de suspensión de la causa contra el magistrado hasta que se resuelvan las recusaciones por falta de imparcialidad e independencia judicial de los miembros del Supremo. Este abogado ya intentó personarse en las querellas interpuestas por grupos ultraderechistas lo que le fue negado con el argumento de que podría “perturbar” el proceso abierto. Por otro lado, los más de sesenta procedimientos para la apertura de fosas abiertos en distintos juzgados de instrucción de toda España están aún pendientes de ejecución.

Esto es grosso modo el guirigay jurídico generado a raíz de la instrucción puesta en marcha por Garzón y que amenaza con acabar con su carrera judicial después del auto dictado por el magistrado Luciano Varela acusándole de un delito de prevaricación, que no pocos juristas ponen en duda como el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín que, en declaraciones a este periódico, advierte del menoscabo que puede sufrir esta institución por el ‘caso Garzón’.

Lo más peligroso del asunto, afirma este magistrado, es que "puede hundir en el descrédito a la Sala 61 del Tribunal Supremo”. Para Martín Pallín no hay duda de que si se tratara de otro juez, en lugar de Garzón, las cosas no hubieran llegado a este extremo: “El debate se está centrando en la personalidad del sujeto y no en el fondo de la cuestión”, que no es otra que los crímenes de Estado. A su juicio, lo que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional ha sido “intentar corregir una aberración histórica de aquellos que fueron condenados por auxilio a la rebelión” lo que califica de “surrealismo jurídico” así como de “denigrante” el hecho de que ahora estos magistrados “se pongan en plan purista” cuando de lo que se trata es de defender el principio universal de los derechos humanos reconocido en la legislación internacional y la justicia universal.

Esta declaración a favor de Garzón se une a la potente reacción social generada en protesta por la causa abierta contra el magistrado articulada con la publicación de un manifiesto de apoyo en facebook; el documento firmado por varios intelectuales y artistas; o la denuncia hecha desde otros sectores como la universidad.

Pero, ¿dónde hay que buscar las razones que han llevado a este proceso? Para el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero (moderador del seminario sobre memoria histórica celebrado esta semana en el campus universitario) “son razones políticas y no jurídicas las que determinan la causa contra Garzón” de los que quieren “saldar cuentas del pasado”. A su juicio, el magistrado de la Audiencia Nacional “ha provocado” que se vuelva a discutir sobre la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica ante “la incapacidad” del Estado de “resarcir a las víctimas”. De hecho –añade- “si el Gobierno hubiera desarrollado la Ley esto no hubiera pasado”. Escudero también habla del delito de cohecho que se le imputa a Garzón por haber realizado unos cursos en Washington patrocinados por el Banco Santander y aunque no confía en que siga adelante (“está en vía muerta”, afirma), recuerda que si Garzón se sienta en el banquillo por esta acusación también lo tendrá que hacer Emilio Botín por “cohecho pasivo”.

El abogado Fernando Magán tampoco tiene dudas sobre la intencionalidad político-jurídica de la que él califica como “caza a un juez incómodo”. Garzón –recuerda- ha sido el juez instructor de causas tan sonadas y polémicas como los GAL, la Gürtel, y ahora los crímenes del franquismo, asunto que sigue siendo “tabú” en España, por ello, “el sistema democrático ha decidido anularle” cayendo en la “paradoja” de que los partidos políticos “que se dicen democráticos” junto con un sector de la judicatura “en teoría afín al PSOE” han terminado “apoyando una actuación de la extrema derecha”. En este sentido, Magán califica de “inconsistentes” los razonamiento de Varela y de “inédita” la actuación del Consejo General del Poder Judicial por iniciar los trámites para suspender a Garzón, impulsados entre otros magistrados por Margarita Robles, la que junto con la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega (que a su vez, mantiene una estrecha relación con Varela) ejercieron de secretarias de Estado en la época en la que Juan Alberto Belloch era ministro de Justicia en el Gobierno socialista de Felipe González.

Todas las personas consultadas mantienen que el delito de prevaricación por el que se pretende juzgar a Garzón no se sustenta. “Uno puede discutir si la Ley de Amnistía es aplicable o no pero no se le puede criminalizar de entrada”, dice Rafael Escudero, sobre todo cuando “está avalado por la doctrina internacional”, según la cual, las leyes de punto y final no pueden ser aplicadas cuando se trata de crímenes contra la humanidad.

En el mismo sentido se pronuncia Carmen Pérez, profesora de Derecho Internacional de la Carlos III, que recuerda (tal y como ya ha sido explicado en un reportaje elaborado por nuevatribuna.es) que “ha habido muchos pronunciamientos de organismo internacionales instando a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977” dada la “imprescriptibilidad” de este tipo de delitos. “No es prevaricación, es una discusión jurídica”, subraya esta doctora.

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