nuevatribuna.es
27 de septiembre de 2009, 20:16
NUEVATRIBUNA.ES - 27.09.2009
Mariano Rajoy conocía la estrecha relación del PP con la trama dirigida por Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel. Es más, él mismo estaba al tanto, personalmente, de los pagos pendientes a Alvaro Pérez (El Bigotes) por actos públicos del partido organizados por las empresas investigadas por corrupción.
Según la Cadena Ser, la documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales contiene un documento en forma de carta remitida por Álvaro Pérez a Mariano Rajoy para ponerle en conocimiento del impago de una deuda del año 1999 por actos públicos de la campaña de las municipales en Galicia, organizados por las empresas de la trama.
Por otro lado, la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría haberse negado a investigar pruebas relacionadas con la acusación de cohecho contra Francisco Camps, causa ahora archivada y sobreseída, cuando el caso estaba abierto y podrían haber sido definitivas.
En concreto, habría dejado pasar la oportunidad de saber si eran ciertos o no los datos contenidos en el informe policial sobre la financiación ilegal del PPCV que además de apuntar que Camps y el resto de la cúpula la conocían, contendría cifras relevantes que confirmarían el presunto delito de cohecho por parte de Camps, según informa el diario El País.
EXIGEN COPIAS DE LOS EXPEDIENTES DE SEDESA
Por su parte, el grupo socialista en las Corts Valencianes solicitará el próximo martes, día en que se inicia el Debate de Política General, "una copia de todos y cada uno de los 42 expedientes de las adjudicaciones" efectuadas por la Generalitat al grupo Sedesa en los últimos diez años, por un valor global que "asciende a 825 millones de euros".
Así lo anunció este domingo el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en la cámara, Francesc Signes, tras la publicación en varios medios de comunicación de un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que apunta a una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, en la que, presuntamente, estaría vinculada Sedesa, perteneciente a familiares del vicepresidente y conseller de Territorio, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino.
Signes confió en que "la mayoría del PP en la Mesa de las Corts no actúe como con los expedientes solicitados de Orange Market y dé luz verde" a una documentación a la que tiene "derecho" el PSPV, al tiempo que remarcó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "debe también dar cuenta" de estas cuestiones en el debate.
Mariano Rajoy conocía la estrecha relación del PP con la trama dirigida por Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel. Es más, él mismo estaba al tanto, personalmente, de los pagos pendientes a Alvaro Pérez (El Bigotes) por actos públicos del partido organizados por las empresas investigadas por corrupción.
Según la Cadena Ser, la documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales contiene un documento en forma de carta remitida por Álvaro Pérez a Mariano Rajoy para ponerle en conocimiento del impago de una deuda del año 1999 por actos públicos de la campaña de las municipales en Galicia, organizados por las empresas de la trama.
Por otro lado, la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría haberse negado a investigar pruebas relacionadas con la acusación de cohecho contra Francisco Camps, causa ahora archivada y sobreseída, cuando el caso estaba abierto y podrían haber sido definitivas.
En concreto, habría dejado pasar la oportunidad de saber si eran ciertos o no los datos contenidos en el informe policial sobre la financiación ilegal del PPCV que además de apuntar que Camps y el resto de la cúpula la conocían, contendría cifras relevantes que confirmarían el presunto delito de cohecho por parte de Camps, según informa el diario El País.
EXIGEN COPIAS DE LOS EXPEDIENTES DE SEDESA
Por su parte, el grupo socialista en las Corts Valencianes solicitará el próximo martes, día en que se inicia el Debate de Política General, "una copia de todos y cada uno de los 42 expedientes de las adjudicaciones" efectuadas por la Generalitat al grupo Sedesa en los últimos diez años, por un valor global que "asciende a 825 millones de euros".
Así lo anunció este domingo el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en la cámara, Francesc Signes, tras la publicación en varios medios de comunicación de un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que apunta a una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, en la que, presuntamente, estaría vinculada Sedesa, perteneciente a familiares del vicepresidente y conseller de Territorio, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino.
Signes confió en que "la mayoría del PP en la Mesa de las Corts no actúe como con los expedientes solicitados de Orange Market y dé luz verde" a una documentación a la que tiene "derecho" el PSPV, al tiempo que remarcó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "debe también dar cuenta" de estas cuestiones en el debate.
