nuevatribuna.es
15 de octubre de 2010, 22:02
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 15.10.2010
Sociedades científicas y de profesionales sanitarios, el Partido Socialista de Madrid y UGT de Madrid han anunciado que recurrirán por la vía contencioso administrativa la ley de libre elección que ha entrado en vigor este viernes. La normativa reduce a una las once áreas de salud que existen en la Comunidad de Madrid para una población de 6.500.000 de personas.
UGT considera que la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre vulnera la ley general de Sanidad (1986) que establece un tope de 250.000 habitantes por cada área de salud. “La ley general es una ley básica y esto quiere decir que desarrolla competencias exclusivas del Estado. Ninguna comunidad puede alterar la norma por tratarse de una norma básica”, afirma Juan Luis Martín, secretario de Políticas Sectoriales del sindicato. La normativa estatal define las áreas de salud como “estructuras fundamentales del sistema”, estableciendo excepciones para Ceuta y Melilla y para Baleares y Canarias pero también fija garantías al obligar a que todas las provincias con menos de 200.000 habitantes dispongan al menos de un área de salud.
Ese es precisamente “el truco, la puerta de escape” que ha utilizado el Ejecutivo regional al interpretar dicha garantía para fijar una sola área en una comunidad uniprovincial como Madrid con seis millones y medio de personas. Por ello, UGT de Madrid considera que hay base legal suficiente para interponer el recurso sobre el que, en última instancia, deberá pronunciarse el Tribunal Supremo. Una base legal que el Ministerio de Sanidad no encontró frenando así la posibilidad de que llegase al Tribunal Constitucional. En este sentido, el dirigente sindical recuerda que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, cambió de posición “en virtud de un acuerdo político” con la consejería de Sanidad de Madrid: “Lo que ha habido es un compromiso político de la ministra de no recurrir la norma autonómica en virtud de que en ese momento estaban cerrando el acuerdo sobre mecanismos de eficacia y ahorro en el sistema sanitario español. En ese contexto se produjo la rectificación de la ministra. La posición del Ministerio no fue por falta de fundamentos jurídicos sino por el interés político del momento”, insiste.
El responsable de UGT Madrid en materia de sanidad recuerda que ya existe un precedente en este sentido. Se refiere a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba la razón al ayuntamiento de Carmona (Sevilla) contra una decisión de la Junta por vulnerar el principio poblacional y por no ajustarse a la ley general de sanidad.
Juan Luis Martín también explica que las áreas de salud –siempre en base a la norma estatal- se tienen que delimitar teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos. Al respecto, precisa que la ley de libre elección y área única “esquiva el factor demográfico” ya que agrupa en un solo área a toda la población; pero también el factor epidemiológico ya que las patologías que se dan en poblaciones del sur de la comunidad no coinciden con las de las poblaciones del norte, lo que dificultará, a su juicio, llevar a cabo políticas de prevención para patologías más frecuentes y programas de educación en el ámbito sanitario.
UN MODELO SANITARIO DE INSPIRACIÓN LIBERAL
“Lo que está haciendo Esperanza Aguirre con la sanidad es incorporar un planteamiento que responde a su propia ideología más allá de lo que pueda interesar a los madrileños en materia de eficacia y calidad del sistema”. Según UGT, el Gobierno regional plantea un modelo sanitario de “inspiración liberal”, una ideología que se fundamente en la desregularización del sistema creando, “en términos de negocio”, una sola área y pasando de tener “once mercados” a uno solo “con 6,4 millones de potenciales clientes, donde la materia prima es la persona enferma”.
“Hay que dar clientela a las empresas que se están incorporando a la gestión de los hospitales madrileños”, asegura Juan Luis Martín que acusa al Ejecutivo de Aguirre de querer convertir el sistema madrileño de salud en “un mercado de la enfermedad”.
El dirigente sindical también denuncia la “centralización de las citas médicas” que se producirá con la nueva ley, de tal forma, que aquellos pacientes que rechacen una cita para acudir al especialista fijado por la central se quedará de inmediato fuera de la lista de espera oficial, no computando así en términos políticos según el compromiso adquirido por la presidenta. Para UGT “todo esto tiene un eslogan fácil de vender” ya que ¿quién se opone a que cualquier ciudadano pueda elegir libremente?. El problema es que habrá médicos que en estos momentos están muy bien valorados y que si se les satura de pacientes perderán calidad asistencial.
600 MILLONES DE EUROS EN EL NUEVO SISTEMA
Otra de las derivadas de la implantación de la ley de libre elección y área única es el dinero que la Comunidad de Madrid ha destinado para implantar el nuevo sistema informático AP Madrid: 600 millones de euros, según los datos aportados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, asegura que “se está complicando mucho el funcionamiento de los centros de salud” ya que el programa no está implantado en un 30-40% de los 400 centros que existen en la red sanitaria madrileña; y donde ya existe se encuentran en periodo de pruebas, es decir, medio operativos, dando problemas continuados y provocando una situación “caótica” ya que en muchas ocasiones no es posible el acceso a las historias clínicas.
Según la FADSP el programa citado tiene numerosos problemas de caídas de la red que “dejan sin ninguna información a los centros donde esta implantado y sin capacidad para cuestiones tan elementales como la realización de recetas”. También se han detectado numerosos problemas en su aplicación (por ejemplo un numero importante de ciudadanos que no tiene asignado profesional de enfermería), y muchas tarjetas sanitarias no permiten el acceso a las historias clínicas de los pacientes o se accede a las de otras personas. Incluso en los momentos en que funciona el programa se caracteriza por una gran lentitud y numerosas incidencias que ralentizan el funcionamiento de las consultas.
Todo ello sucede en una situación como la de Madrid en que hay una gran presión asistencial y más del 75% de los médicos generales tienen mÁs de 1.500 tarjetas sanitarias. “Mucho nos tememos que de mantenerse esta situación cuando se produzca el repunte de la demanda asistencial (noviembre-diciembre) se genere un caos asistencial”, advierte Sánchez Bayle.
Sociedades científicas y de profesionales sanitarios, el Partido Socialista de Madrid y UGT de Madrid han anunciado que recurrirán por la vía contencioso administrativa la ley de libre elección que ha entrado en vigor este viernes. La normativa reduce a una las once áreas de salud que existen en la Comunidad de Madrid para una población de 6.500.000 de personas.
UGT considera que la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre vulnera la ley general de Sanidad (1986) que establece un tope de 250.000 habitantes por cada área de salud. “La ley general es una ley básica y esto quiere decir que desarrolla competencias exclusivas del Estado. Ninguna comunidad puede alterar la norma por tratarse de una norma básica”, afirma Juan Luis Martín, secretario de Políticas Sectoriales del sindicato. La normativa estatal define las áreas de salud como “estructuras fundamentales del sistema”, estableciendo excepciones para Ceuta y Melilla y para Baleares y Canarias pero también fija garantías al obligar a que todas las provincias con menos de 200.000 habitantes dispongan al menos de un área de salud.
Ese es precisamente “el truco, la puerta de escape” que ha utilizado el Ejecutivo regional al interpretar dicha garantía para fijar una sola área en una comunidad uniprovincial como Madrid con seis millones y medio de personas. Por ello, UGT de Madrid considera que hay base legal suficiente para interponer el recurso sobre el que, en última instancia, deberá pronunciarse el Tribunal Supremo. Una base legal que el Ministerio de Sanidad no encontró frenando así la posibilidad de que llegase al Tribunal Constitucional. En este sentido, el dirigente sindical recuerda que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, cambió de posición “en virtud de un acuerdo político” con la consejería de Sanidad de Madrid: “Lo que ha habido es un compromiso político de la ministra de no recurrir la norma autonómica en virtud de que en ese momento estaban cerrando el acuerdo sobre mecanismos de eficacia y ahorro en el sistema sanitario español. En ese contexto se produjo la rectificación de la ministra. La posición del Ministerio no fue por falta de fundamentos jurídicos sino por el interés político del momento”, insiste.
El responsable de UGT Madrid en materia de sanidad recuerda que ya existe un precedente en este sentido. Se refiere a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba la razón al ayuntamiento de Carmona (Sevilla) contra una decisión de la Junta por vulnerar el principio poblacional y por no ajustarse a la ley general de sanidad.
Juan Luis Martín también explica que las áreas de salud –siempre en base a la norma estatal- se tienen que delimitar teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos. Al respecto, precisa que la ley de libre elección y área única “esquiva el factor demográfico” ya que agrupa en un solo área a toda la población; pero también el factor epidemiológico ya que las patologías que se dan en poblaciones del sur de la comunidad no coinciden con las de las poblaciones del norte, lo que dificultará, a su juicio, llevar a cabo políticas de prevención para patologías más frecuentes y programas de educación en el ámbito sanitario.
UN MODELO SANITARIO DE INSPIRACIÓN LIBERAL
“Lo que está haciendo Esperanza Aguirre con la sanidad es incorporar un planteamiento que responde a su propia ideología más allá de lo que pueda interesar a los madrileños en materia de eficacia y calidad del sistema”. Según UGT, el Gobierno regional plantea un modelo sanitario de “inspiración liberal”, una ideología que se fundamente en la desregularización del sistema creando, “en términos de negocio”, una sola área y pasando de tener “once mercados” a uno solo “con 6,4 millones de potenciales clientes, donde la materia prima es la persona enferma”.
“Hay que dar clientela a las empresas que se están incorporando a la gestión de los hospitales madrileños”, asegura Juan Luis Martín que acusa al Ejecutivo de Aguirre de querer convertir el sistema madrileño de salud en “un mercado de la enfermedad”.
El dirigente sindical también denuncia la “centralización de las citas médicas” que se producirá con la nueva ley, de tal forma, que aquellos pacientes que rechacen una cita para acudir al especialista fijado por la central se quedará de inmediato fuera de la lista de espera oficial, no computando así en términos políticos según el compromiso adquirido por la presidenta. Para UGT “todo esto tiene un eslogan fácil de vender” ya que ¿quién se opone a que cualquier ciudadano pueda elegir libremente?. El problema es que habrá médicos que en estos momentos están muy bien valorados y que si se les satura de pacientes perderán calidad asistencial.
600 MILLONES DE EUROS EN EL NUEVO SISTEMA
Otra de las derivadas de la implantación de la ley de libre elección y área única es el dinero que la Comunidad de Madrid ha destinado para implantar el nuevo sistema informático AP Madrid: 600 millones de euros, según los datos aportados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, asegura que “se está complicando mucho el funcionamiento de los centros de salud” ya que el programa no está implantado en un 30-40% de los 400 centros que existen en la red sanitaria madrileña; y donde ya existe se encuentran en periodo de pruebas, es decir, medio operativos, dando problemas continuados y provocando una situación “caótica” ya que en muchas ocasiones no es posible el acceso a las historias clínicas.
Según la FADSP el programa citado tiene numerosos problemas de caídas de la red que “dejan sin ninguna información a los centros donde esta implantado y sin capacidad para cuestiones tan elementales como la realización de recetas”. También se han detectado numerosos problemas en su aplicación (por ejemplo un numero importante de ciudadanos que no tiene asignado profesional de enfermería), y muchas tarjetas sanitarias no permiten el acceso a las historias clínicas de los pacientes o se accede a las de otras personas. Incluso en los momentos en que funciona el programa se caracteriza por una gran lentitud y numerosas incidencias que ralentizan el funcionamiento de las consultas.
Todo ello sucede en una situación como la de Madrid en que hay una gran presión asistencial y más del 75% de los médicos generales tienen mÁs de 1.500 tarjetas sanitarias. “Mucho nos tememos que de mantenerse esta situación cuando se produzca el repunte de la demanda asistencial (noviembre-diciembre) se genere un caos asistencial”, advierte Sánchez Bayle.
