“Aguirre favorece la enseñanza privada a costa de maltratar a la pública”
nuevatribuna.es | La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado inflexible a la hora de negociar con los profesores de enseñanza secundaria, que continúan en pie de guerra desde el inicio del curso escolar. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los sindicatos?
Javier López | Como siempre CCOO llegaremos hasta donde estén dispuestos a llegar los trabajadores. En este caso son los trabajadores de la enseñanza pública los que nos marcan el camino. El Gobierno de Madrid debería entender que la imposición nunca es la solución y sentarse a negociar, para evitar el enquistamiento de un problema que ellos han creado con las instrucciones de inicio de curso y que afecta a toda la comunidad educativa.
Algunas voces sostienen que Aguirre está satisfecha con esta huelga al considerar que con ello se desprestigia a la escuela pública. ¿Está usted de acuerdo con quienes afirman que la presidenta utiliza el conflicto para seguir favoreciendo la enseñanza privada?
Cuando no se tocan ayudas y beneficios fiscales para la escuela privada y se recortan plantillas en la escuela pública de forma brutal, se puede usar la propaganda como argumento, pero las familias, los profesores y alumnos de la escuela pública sacamos nuestras conclusiones y una de ellas, inevitablemente, es que Esperanza Aguirre intenta favorecer la enseñanza privada, ideologizada y segregadora, a costa de maltratar a la enseñanza pública.
¿Podrían evitarse los recortes en educación?
Hay servicios públicos como la educación, sanidad, o servicios sociales, que deberían ser salvados a toda costa de la quema de la crisis, porque en ellos nos jugamos la cohesión social y superar estos duros momentos sin fracturas sociales difícilmente superables. Hay aún mucho gasto superfluo en publicidad, propaganda e inauguraciones, en asesores políticos, o en regalos fiscales, que no se han tocado y que pueden ser recortados.
Madrid se ha convertido en un campo de experimentación de todo tipo de modelos de gestión privada
En cuanto a la sanidad, ustedes se han mostrado muy activos en su oposición al ‘modelo Aguirre’, que cede la gestión de hospitales públicos a empresas privadas. ¿Se plantean novedades en esta legislatura?
Los recortes que vivimos en educación son fácilmente extrapolables a la sanidad madrileña. Madrid se ha convertido en un campo de experimentación de todo tipo de modelos de gestión privada: fundaciones, empresas públicas, compra de servicios a empresas sanitarias privadas, modelo público-privado, concesiones a empresas privadas.
Estos modelos profundizan cada vez más en la transferencia de ingentes recursos públicos hacia el sector privado. Aunque en un primer momento permiten construir sin grandes inversiones públicas, a lo largo de los 30 años de concesión los costes se multiplican con respecto a la gestión directa.
En un contexto de crisis prolongada, mantener las transferencias de dinero a la sanidad privada, supone recortes en la sanidad pública y el conflicto es inevitable.
El empleo sigue sin ser una prioridad del Gobierno Regional
¿Han notado algún cambio con la llegada de la nueva consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar?
El empleo sigue sin ser una prioridad del Gobierno Regional, ni en la creación de empleo, ni en la protección a las personas desempleadas. La supresión del Servicio Regional de Empleo siembra las dudas sobre el futuro de las políticas activas de empleo, y la entrega de las mismas, tanto en formación, como en búsqueda de empleo a empresas privadas.
El líder estatal de su sindicato, Ignacio Fernández Toxo, ha propuesto un gran pacto que incluya cambios fiscales, salariales y en los beneficios empresariales. ¿El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, está abierto a este pacto?
El Pacto por el Empleo que planteamos incluye instrumentos para la reactivación económica, creación de empleo, protección a las personas desempleadas, protección social, reforma fiscal, reforma del sistema financiero. Esas son las reformas necesarias y no las del mercado laboral, que soporta tasas de paro y temporalidad a la cabeza de Europa. Aún así, hay descerebrados que plantean que nuestro mercado laboral es muy rígido.
Han publicado ustedes un vídeo muy revelador sobre las prácticas antisindicales en las empresas madrileñas. ¿Ha afectado la crisis a la actividad sindical ‘a pie de obra’?
Claro. La crisis ha forzado la maquinaria sindical para poder estar con los trabajadores en cada empresa con problemas. El furibundo ataque de la derecha mediática ha producido un deterioro de nuestra imagen en sectores alejados del trabajo, pero los trabajadores saben que, cuando hay un problema, su mejor defensa es CCOO.
La reforma de la Constitución ha sido un golpe bajo a la democracia
Hemos pasado de situar como prioridad la recuperación del empleo a priorizar los recortes para ajustar el déficit. ¿Se avecina el desmantelamiento del Estado de Bienestar como augura el PSOE en caso de ganar el PP las elecciones generales?
La reforma de la Constitución ha sido un golpe bajo a la democracia. Situar el control del déficit como prioridad del Estado es un error de bulto que sitúa a los causantes de la crisis y los oportunistas de la misma, en situación de ventaja. Aún más, cuando para salir de la crisis, se apuesta por recortes sociales para reducir el gasto. Hay mucho que hacer, entre otras cosas actuar sobre los ingresos, antes que debilitar la cohesión y el Estado social.
La crisis es muy dura y nadie tiene derecho a convertirla en más amarga para los trabajadores y la ciudadanía
Teme su sindicato que el PP dé la puntilla final a la negociación colectiva y aborde una reforma del mercado laboral mucho más profunda?
Habrá que esperar los resultados electorales. Al nuevo Gobierno le trasladaremos nuestra exigencia de un Pacto por el Empleo y estaremos dispuestos a la negociación. Si el intento de quien asuma las responsabilidades de gobierno fuera debilitar aún más el empleo, los derechos laborales, o la negociación colectiva, topará con un sindicato organizado y dispuesto a la movilización, si ésta fuera necesaria. Eso no depende del color del Gobierno, sino del sabor de las políticas. La crisis es muy dura y nadie tiene derecho a convertirla en más amarga para los trabajadores y la ciudadanía. No se puede exigir a los trabajadores un esfuerzo que no se pide a los defraudadores de un sistema fiscal injusto, a los altos ejecutivos de las empresas, o al sistema financiero que bloquea la concesión de créditos a empresas y familias.
