Isabel G. Caballero | 03.02.2011 | Nuevatribuna.es | Este miércoles se ha escenificado en La Moncloa el gran pacto social alcanzado por Gobierno, sindicatos y patronal y en la foto no estaban los partidos políticos con representación parlamentaria. ¿En qué términos hay que entender ese ‘plantón’?
Gaspar Llamazares | No es que sea un plantón, es dotar de simbología a la propia realidad del pacto. El pacto no es un pacto de Estado porque no tiene carácter de consenso social y político y menos de carácter institucional y, por lo tanto, nos encontramos con un pacto social amplio, que compromete a Gobierno, sindicatos y patronal, pero no como los Pactos de La Moncloa, porque hoy, si tuviera que tener protagonistas imprescindibles (por supuesto sindicatos y patronal) estarían también las fuerzas políticas del Parlamento y además, habría presencia de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios.
Precisamente mucho se ha hablado sobre que la reforma de las pensiones se hacía al margen del Pacto de Toledo…
El núcleo del pacto social es el Pacto de Toledo porque éste tiene dos pilares fundamentales que el Gobierno no reconocía: el pilar político parlamentario y el pilar de la concertación social. En el pasado, primero se comenzó con el pilar de la concertación social y cuando se tenía cerrado el acuerdo entonces se iba a la comisión del Pacto del Toledo. En el caso concreto se han invertido los términos porque el Gobierno quería imponer una reforma de las pensiones y además quería hacerlo en el ámbito parlamentario, no imponerla con el riesgo de que la concertación social saliera mal. Ese era el modelo que tenía el Gobierno. De hecho, la resolución que da lugar a la negociación del Pacto de Toledo sin sindicatos ni patronal la votan CiU y el PSOE y, a lo largo del tiempo las cosas se han ido ampliando, ha vuelto otra vez a su ser. Los que hemos estado en el Pacto de Toledo no debemos olvidar lo que hemos hecho para que finalmente el Gobierno modificara su actitud y se ha visto forzado porque el Gobierno lo que tenía decidido era imponer una reforma y ha tenido que hacer concesiones. El Gobierno tendrá que aceptar también que hay un proceso parlamentario que comenzará cuando se presente ante la Cámara el proyecto de ley. El pacto todavía es un pacto social, pero para que sea un Pacto de Toledo en toda su amplitud y un pacto institucional necesita todavía un largo trecho.
IU Abierta, corriente a la que usted pertenece, ha valorado positivamente el trabajo negociador de los sindicatos en materia de pensiones al entender que se han suavizado las propuestas que en un principio planteó el Gobierno.
Han suavizado una propuesta feroz que era el desmantelamiento del sistema público de pensiones. Porque lo que late en el fondo de la propuesta del Gobierno y que es compartida por la Unión Europea y por los mercados es el cambio del actual sistema público de pensiones a un sistema mixto que ellos llaman multipilar, con una base pública muy insuficiente, prácticamente de subsistencia, una complementaria obligatoria privada para clases medias y finalmente una individual que es para las rentas que puedan tener el mayor ahorro, eso se ha hecho en Suecia y en Portugal y parece que esa era la orientación de la UE para el conjunto de las reformas incluida la española. Eso ha quedado mediatizado y limitado por el acuerdo, lo cual no quiere decir que no haya un recorte. Nosotros vamos a seguir defendiendo los 65 años y que los años de cálculo no sean tantos como plantea el Gobierno porque en nuestra opinión eso significa un recorte. Entre todo, del recorte inicial que proponía el Gobierno al actual, hay aproximadamente la mitad, del recorte inicial del Gobierno podría estar en torno al 25% y este recorte está en torno al 12%-14%.
Los sindicatos dicen que el pacto no es una “ofrenda” a Angela Merkel. ¿Está usted de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que no es una ‘ofrenda’ a Angela Merkel pero creo las medidas de ajuste que se están produciendo en España tienen una influencia determinante de los mercados y también de la política neoliberal encabezada por Alemania y la finalidad de estas políticas es que en vez de devaluar el euro lo que estamos haciendo los países del sur de Europa es devaluar nuestro estado social, devaluamos el modelo laboral y nuestro modelo de pensiones, nuestro sistema social, el modelo de prestaciones sociales, y estamos en trance de devaluar también nuestro modelo financiero con una privatización de cajas de ahorros que no es otra cosa que una gran desamortización de bienes públicos a manos privadas.
¿No cree que el hecho de que los sindicatos hayan terminado por rubricar ese pacto, da un balón de oxígeno al Gobierno y en cierta medida legitima los ajustes que se han hecho?
La lectura que hacen los sindicatos es que han rentabilizado la huelga general y han llegado tan lejos como han podido recortando las ambiciones más negativas del Gobierno. Otra cosa es la lectura política y, en ese sentido, hay ‘partido’, la legislatura no está terminada como pretendía el PP. A pesar de la crisis, el Gobierno todavía tiene recursos tácticos y cualquiera que aspire a gobernar o a mejorar su situación electoral debe tener todo esto en cuenta para los meses que quedan. No vale cruzarse de brazos, no vale como el PP hacer un programa que más que un programa es un memorial de agravios o una revancha en forma de programa sino que hay que hacer un esfuerzo para presentar tus propuestas y para movilizar a tu electorado, esa es la principal reflexión que yo saco. El acuerdo no significa una variación de la orientación política conservadora del Gobierno aunque intente rentabilizarlo. La política económica a grandes rasgos se mantiene y el Gobierno debería hacer el esfuerzo de que esté el mayor número de fuerzas políticas y de ampliarlo con un acuerdo del modelo financiero, del modelo fiscal y de la política presupuestaria, y el Gobierno en estas materias todavía no ha hablado prácticamente con nadie.
Dice que todavía hay ‘partido’, ¿pero hay partido con Zapatero?
Tanto con Zapatero como con Rubalcaba la orientación del PSOE es igual. El PSOE cambió de orientación hace ya año y medio y ha sido una orientación liberal conservadora, no creo que ahí sea determinante quien la encabece. En el caso de que cambiasen de candidato, a mitad del río, en verano o después del verano, en función de los resultados de las autonómicas y municipales, creo que la política no variaría, la política sigue siendo neoliberal e incluso una política más claramente neoliberal en el caso de Rubalcaba. Es el centro derecha de la organización (PSOE) el que ha ganado la partida, primero con Zapatero y ahora con Rubalcaba.
¿Cómo ve el futuro de las cajas de ahorro después de los últimos anuncios hechos por el Gobierno?
La propuesta del Gobierno es una propuesta descarada de privatización del sistema de cajas de ahorro y de entrega del conjunto del sistema financiero a los fondos privados de pensiones y a los bancos. Es totalmente contrapuesto, ya no a un modelo de izquierdas -que el PSOE abandonó hace mucho tiempo cuando suprimió la presencia pública en el sistema financiero y lo dejó repartido al 50% entre bancos y cajas de ahorro-, sino que es ajena incluso al estado social, que requiere un sector público en el sector financiero, porque si no es así, si no hay un sector de interés social muy mal le va a ir a la pequeña y mediana empresa y a los ciudadanos. Es una situación muy grave porque vamos directamente a la fase de privatización del sistema de cajas. Ahora en el Congreso, el runrún de los diputados socialistas (con lo cual me da la impresión de que es un tema muy pensado y muy decidido ya) es que ha habido una mala gestión por parte de los responsables de las cajas, pero la mayor parte de ellos han sido nombrados con la anuencia del PSOE y del PP, así que tendrán que tener alguna responsabilidad en la materia. Y luego está la responsabilidad del Banco de España y del propio Gobierno cuando llevan diciéndonos hace casi tres años que España no tenía problemas en el sector financiero y que los principales problemas eran las pensiones o la reforma laboral… Bueno, ¿qué han hecho durante todo este tiempo? Da la impresión que muy poco y por lo tanto creo que hay que repartir responsabilidades y no buscar el chivo expiatorio en la gestión de las cajas. La privatización de las cajas no solamente tiene un impacto financiero sino también un impacto social y cultural.
¿Y en cuanto a la reforma fiscal, en qué términos cree que debería abordarse?
Nuestro modelo impositivo gravita fundamentalmente sobre consumo y rentas de los trabajadores y así es imposible mantener un sistema fiscal. Hay que volver a un sistema fiscal mucho más autónomo y que sea capaz de sostener nuestro sistema social y, en ese sentido, el reto no es el maquillaje sino una reconstrucción del mismo. Las medidas que deberían adoptarse cuanto antes son, en primer lugar, una lucha contra el fraude, no puede ser que tengamos un fraude calculado en 80.000 millones y solamente recaudemos 8.000 millones, me parece una cantidad absolutamente inaceptable. Y luego, hay mecanismos de fraude fiscal que hay que acabar con ellos, los de pensión privada, los fondos destinados a la promoción de la vivienda, las sicavs, las exenciones fiscales para la creación de empleo que en la mayor parte de los casos son abaratamientos destinados a los empresarios y a los promotores. También recuperaría el Impuesto de Patrimonio que en el 50% de los casos son patrimonios superiores a un millón y medio de euros (con lo cual no son clases medias); reformaría a fondo el sistema del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Con ello, España podría tener seis puntos más de ingresos fiscales y podría dedicar más a inversión y reactivación económica sin recortar tanto por razones de déficit.
No hay visos de que el Gobierno impulse estas reformas…
No, no, el Gobierno no piensa adoptar estas medidas a no ser que hubiera una situación grave desde el punto de vista de los ingresos públicos.
Pero, ¿cree que va a tocar alguna figura fiscal como ha hecho con la subida del IVA?
Bueno, de cara a las próximas elecciones generales, no creo que el Gobierno esté en condiciones de realizar un cambio, sí algún maquillaje, y yo no descartaría algún maquillaje no sólo de candidatos sino también en materia fiscal.
¿Puede que toque las rentas más altas?
Sí, pero levemente. Ha tocado ahora el IRPF pero para recaudar menos de 200 millones de euros. Esas rentas sólo habrán tenido que destinar 50 euros más en su declaración.
Su Grupo ha reabierto en el Congreso el debate sobre la ‘Tasa Tobin’. ¿Qué recorrido cree que puede tener?
Es la enésima vez que lo hacemos. Lo hicimos ya en periodo de crecimiento económico y nadie nos hizo caso. Incluso llegamos a crear en el Congreso una subcomisión sobre la ‘Tasa Tobin’ que terminó no recomendando prácticamente nada. Son iniciativas simbólicas pero que han sido comprometidas por el propio Gobierno y por los gobiernos europeos y que sin embargo se han olvidado en lo que denominaban la regulación del sistema financiero para caer de lleno en estimular únicamente al sector financiero y la burbuja inmobiliaria.
Esta semana también hemos conocido que en enero el desempleo ha subido en 130.000 personas, la cifra es incluso superior a enero de 2010. Cree que este pacto social, ¿servirá para frenar la sangría del paro?
Lo cual demuestra que lo que decíamos nosotros era verdad, que la política que va encaminada a reducir drásticamente el déficit, a recortar el presupuesto general del Estado, a enfriar la economía, lo único que hace finalmente es aumentar el desempleo y mantener la crisis. Cada vez nos parecemos más a la recuperación japonesa que fue una década. El norte y los mercados, me refiero a Alemania y al Banco Central Europeo, están condenando al sur europeo a una salida de la crisis a largo plazo y a una situación de estancamiento, eso es un hecho gravísimo y es porque no se tiene voluntad de una política económica con contenido social y porque se ha abandonado la voluntad de una construcción política de la UE.
La reforma de las pensiones ha levantado la liebre sobre los privilegios de los diputados y de los ex presidentes del Gobierno. El presidente el Congreso, José Bono, instó la semana pasada a todos los Grupos Parlamentarios a presentar sus propuestas al respecto. ¿Le ha contestado ya?
No creo que los parlamentarios tengan privilegios, creo que si hay privilegios o si hay problemas que requieren la regeneración de la vida pública y de la política tienen más que ver con la impotencia de la política frente a los mercados -ese el principal problema que lleva al escepticismo de los ciudadanos-; con el bipartidismo, que lleva a la crispación; y con la corrupción. Puede tener que ver con el hecho de que recientemente hayamos conocido que los ex presidentes del Gobierno son capaces de mantener su indemnización pública y al mismo tiempo aprovechar sus relaciones para entrar en una empresa privada. En España, en general, la política y los cargos públicos es honesta y austera. Las indemnizaciones –a excepción de la pensión vitalicia de los ex presidentes- es temporal, no supone otra cosa que el mantenimiento de una renta durante dos años para impedir la incompatibilidad del cargo público, es decir, que un determinado ministro que ha tocado temas de agricultura o de economía no pueda tener nada que ver con una empresa sobre la que haya tenido que decidir. No es un mecanismo de privilegios sino de protección del propio interés público. Respecto a las pensiones, creo que no se ha explicado bien. Hay una imagen falsa de la regulación de las pensiones de los diputados. Los diputados están sujetos al régimen general de la Seguridad Social, no tienen un régimen especial y si se produce una reforma de las pensiones van a tener las mismas exigencias y obligaciones. En la carta que nosotros le hemos enviado al presidente del Congreso defendemos la propuesta de que sea público el tema de incompatibilidades, renta y patrimonio y le hemos dicho que también estamos de acuerdo con restringir más la compatibilidad del diputado. Creemos que ser diputado puede ser compatible con dar una charla, con escribir un libro o artículos para periódicos, pero no estar activo en un bufete de abogados o en el consejo de administración de una empresa. En cuanto a la pensión de los ex presidentes no tengo inconveniente siempre y cuando eso signifique que tú proteges al presidente de cualquier tentación de entrar con su cartera de relaciones en el sector privado.
El próximo 9 de febrero Zapatero recibirá en La Moncloa al coordinador general de IU, Cayo Lara. ¿Espera de esa cita un acercamiento PSOE-IU?
Por esperar…, pero digamos que dentro de la teoría de las probabilidades, la probabilidad es muy pequeña porque el Gobierno sigue manteniendo el timón a la derecha aunque haya dado un pequeño volantazo derivado de su propia debilidad y derivado de la huelga general hacia la izquierda con el acuerdo con los sindicatos. Ha rectificado levemente esa orientación conservadora, pero no vamos a coincidir. No digo un diálogo de sordos, pero será un diálogo desde la distancia.
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