El Gobierno aprobó finalmente este viernes el plan contra el empleo sumergido entre las críticas de los sindicatos y los empresarios, que han reclamado al unísono medidas fiscales -y no sólo laborales- y que lo consideran un plan de corto alcance, que ofrecerá “resultados escasos” y que está ligado sólo a los compromisos contraídos por el Ejecutivo con Bruselas, en el marco del pacto del Euro y de la agenda modernizadora emprendida por la Unión Europea (UE) a raíz de la crisis de deudas soberanas.
El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió hoy viernes, tras el Consejo de Ministros donde se aprobó el plan, que el real decreto de medidas para la regularización y control del empleo sumergido se centra en "advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer muy significativamente".
El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
El decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de junio.
Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.
Ni permanente ni integral, según los sindicatos
Empresarios y sindicatos expresaron su poco entusiasmo por un plan que consideran “precipitado” y cuyos resultados los agentes sociales vaticinan “escasos”, según advirtió este viernes el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en una comparecencia junto a su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dedicada a presentar los actos programado el próximo 1 de Mayo.
A falta de conocer el texto final del real decreto, Méndez reclamó un plan integral y permanente contra la economía sumergida y consideró que el borrador del texto contiene un “vacío”, que es “todo lo relacionado con el fraude fiscal”, aclaró.
Además, el líder de UGT censuró que el plan sólo prevea incentivos para los empresarios y no para los trabajadores. Y, tras establecer una relación “directa” entre el real decreto y los compromisos contraídos con el Pacto del Euro, auguró al programa “resultados escasos”.
Por su parte, Toxo, a falta de conocer el texto definitivo, calificó de “bien intencionado” un plan que “pierde fuerza en los efectos prácticos”, dijo, y que puede suponer mayor precariedad a los trabajadores que hoy trabajan 'en negro' y a los que “el Gobierno sólo les ofrece un contrato temporal”, lamentó, en referencia a la posibilidad de regularizar a los trabajadores con la firma de un contrato temporal, y no indefinido, como reclamaban los sindicatos.
Por su parte, los empresarios echaron en falta el análisis y el diagnóstico de la situación de la economía sumergida en España y reclamaron a su vez medidas fiscales, y no sólo de índole laboral. Por otro lado, expresaron “su absoluto rechazo” a que las empresas se vean obligadas a asumir nuevas responsabilidades en el control de las subcontratas, y exigieron que sea la Inspección de Trabajo y no las empresas la que lleve a cabo tal control.
Además, CEOE y Cepyme criticaron que el núcleo duro del plan lo constituya un endurecimiento de las sanciones y aprovecharon la ocasión para pedir al Gobierno que reduzca las cotizaciones sociales que pagan las empresas, al entender que, según refleja el superávit de la Seguridad Social, existe actualmente una “sobrecotización”.
