Con el argumento de que la crisis económica hace necesaria la reducción de gasto público, la mayoría de las Comunidades Autónomas están procediendo a adelantar la edad obligatoria de jubilación de sus médicos de los 70 a los 65 años, a pesar de que recientemente se acordó retrasar la edad de jubilación de todos los trabajadores a los 67 años.
Esta contradicción de obligar a retrasar su jubilación a personas que realizan trabajos penosos que exigen esfuerzo físico (construcción, mecánicos, cadenas de montajes, agricultura, etc.) y adelantar la de profesionales que pueden perfectamente realizar su trabajo como los medicos hasta edades avanzadas, tiene una clara explicación, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
1. Ahorrar el gasto en pensiones prolongando la edad de jubilación de todo tipo de trabajadores.
2. Reducir los recursos de la sanidad pública, recortando las plantillas al combinar el adelanto la edad de jubilación obligatoria de los medicos y personal de enfermería con una reposición de tan solo el 10% de las vacantes producidas.
Como vemos en la tabla los recortes del personal médico en el conjunto del sistema sanitario puede alcanzar en los médicos la nada desdeñable cifra del 8,7%, con diferencias importantes entre CCAA (que van del 13,2% en Aragón al 7% en Cantabria lo que supone un 47% de diferencia) según el grado de envejecimiento de su población profesional .
Aunque en todas las CCAA los recortes de plantillas los podemos catalogar de brutales podríamos agruparlas en tres categorías según la intensidad de las reducciones de sus plantillas de médicos:
1.- CCAA con reducción importante en la platilla de facultativos, por encima del 10%: Aragón, Asturias, Pais Vasco y Galicia. Aunque las tres primeras tienen un número de médicos por mil habitantes superior a la media, Galicia está por debajo de la misma por lo que la reducción incrementará su déficit.
2.- CCAA con reducción media de plantillas entre el 8 y el 10%: Castilla y León, Comunidad Valencia, La Rioja, Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña y Murcia. En esta caso salvo Castilla y León y Cataluña las CCA están por debajo de la media en médicos por habitante.
3.- CCAA con reducción relativamente menor de plantillas, por debajo del 8%: Extremadura, Madrid Navarra, Castilla la Mancha y Cantabria . En este grupo Extremadura y Castilla la Macha están por encima de la media.
Este ERE (Expediente de Reducción de Empleo) encubierto, supone una paso más en el camino de utilizar la crisis y la teórica necesidad de reducir déficit, para desmantelar servicios esenciales para la comunidad como es la sanidad pública. La sanidad es uno de los sectores donde no es posible sustituir personal por máquinas, por lo que estos recortes contribuirán a reducir el acceso a la asistencia sanitaria y a los cuidados de salud. Numerosos estudios relacionan el número de médicos y de enfermeras en los centros sanitarios con incrementos en la mortalidad.
Consecuencias:
Evidencias existente entre el número de médicos por habitante y el nivel de salud
• Cada percentil de aumento de Médicos de Familia está asociado con un incremento del 4% en la probabilidad de diagnóstico precoz del cáncer de Mama, estadísticamente significativo
• Las tasa de incidencia de cáncer cérvico-uterino en fase avanzadas son menores en áreas mejor dotadas de Médico de Familia aunque no en las de mayor nº ginecólogos
• La detección de melanomas en etapas iniciales está asociada significativamente con las de mayor nº de Médicos de Familia (no así con dermatólogos)
• Existe relación significativa entre dotación de recursos humanos en Atención Primaria e indicadores generales de salud
• En Gran Bretaña cada médico adicional por 100.000 habitantes está asociado con un decrecimiento de la tasa de mortalidad ajustada socio-demográficamente entre el 3 y el 10%
• En USA por cada incremento en el nº médicos Atención Primaria determina una reducción de 1,44 muertes por cada 100.000 habitantes
• Con los datos del último informe de la OCDE (2009) hay una correlación positiva entre la densidad de profesionales médicos y de enfermería y la esperanza de vida al nacimiento
Conviene recordar que esta política de recorte de personal sanitario público se está aplicando en un país como España donde el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia. Parece por tanto que más que una propuesta racional, la reducción de plantillas del sector público responde a una estrategia ideológica neoliberal de dejar espacio al sector privado a la hora de proveer servicios públicos.
