Muchos de los argumentos que esgrimió hace exactamente un año se disolvieron como el humo a los pocos días de su toma de posesión y en cambio adopta medidas de recorte que están perjudicando al 99% de los ciudadanos
La política de recortes amenaza las bases de nuestro modelo democrático de convivencia, pero además cae la economía el 1,6% del PIB, está recortando derechos sin precedentes en todos los ámbitos hasta debilitar gravemente nuestro estado de bienestar y se destruye empleo sin pausa, más de 600.000 en el último año y el desempleo casi alcanza a 6 millones de personas, un 10% más que hace un año. Y no se ve la luz al final del túnel. Los ciudadanos padecen esta realidad, no la virtual que dibuja el presidente del Gobierno y que ve, en contra de las instituciones europeas, crecimiento para el año próximo. UGT insiste en reclamar del presidente la convocatoria de un referéndum, porque se dan las circunstancias que prevé la Constitución y el pueblo español tiene derecho a opinar sobre políticas que no tienen legitimidad social ni democrática.
Hoy se cumple un año de las elecciones generales que situaron al PP al frente del Gobierno con un programa por el que obtuvo la mayoría absoluta. Muchos de los argumentos que esgrimió se disolvieron como el humo a los pocos días de su toma de posesión y en cambio adopta medidas de recorte que están perjudicando al 99% de los ciudadanos.
Se ha arropado en la herencia recibida, pero es responsable de las políticas que ha aplicado en este último año, que no figuraban en su programa electoral, y que ahora juzga como “imprescindibles”, pese a que “hagan daño a mucha gente”, como dijo ayer el presidente del Gobierno.
Nos están empobreciendo. El riesgo de pobreza ha pasado de estar 6 décimas por debajo del promedio de la UE-27 en 2008, a estar 2,1 puntos por encima en 2010, según el último dato comparativo disponible. Y la economía cae ya el 1,6% anual. La Comisión Europea prevé el 1,4% para este año y el siguiente, mientras que el Gobierno reconoce que la caída será el 1,5% para este año, y tan solo el 0,5% para el año que viene, algo que nadie ve.
Política fiscal: “No voy a subir los impuestos. La subida de impuestos no se justifica y es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas”, Mariano Rajoy en su debate de investidura, en diciembre de 2011. Días después, el 30, en su primer Consejo de Ministros, anunció ya la subida del IRPF y el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI).
Era el inicio de una larga lista de incumplimientos en materia fiscal: en marzo, el Gobierno aprueba una amnistía a los defraudadores; en julio, decidió subir el IVA (del 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido) y en septiembre otra vez, acuciado por el descenso de los ingresos públicos, retocó ligeramente al alza el Impuesto de Sociedades.
Además, pese a su compromiso de mantener la deducción por la compra de vivienda habitual y de aplicar a la adquisición de nuevos inmuebles el tipo de IVA superreducido del 4%, pero se apresuraron a aprobar también en Consejo de Ministros el fin de la deducción por vivienda a partir del 31 de diciembre de 2012, y también del tan anunciado IVA superreducido, que solo será de aplicación para las viviendas compradas durante este ejercicio.
El empleo. Su apuesta por el empleo antes de las elecciones se plasmó en un periódico de tirada nacional, con una fotografía de Rajoy ante una oficina del INEM bajo el titular de “cuando gobierne bajará el paro”. Y bajo el paraguas del “no vamos a abaratar el despido”, el Gobierno aprueba una reforma laboral que le ha dado más poder al empresario para despedir más fácilmente y para aumentar sus beneficios.
Una reforma que se ha revelado como una auténtica máquina de destrucción de empleo. Se han perdido 600.000 puestos de trabajo en un año, los Expedientes de Regulación de empleo han aumentado un 80% (datos del propio Ministerio de empleo), se ha reducido el empleo indefinido y el temporal. Y además, esta política “centrada en los parados” ha reducido la protección por desempleo, en el decreto de julio, recortando la prestación por desempleo y endureciendo el acceso al Plan Prepara (ayuda de 400 euros a los desempleados de larga duración). Ésta es la línea que siguen los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que recortan 1.800 millones en las políticas de fomento al empleo, el 6% en prestaciones por desempleo y una ausencia de compromiso para mantener, a partir de febrero del próximo año, la ayuda de 400 euros para parados de larga duración.
El Gobierno, por otra parte, tiene en el punto de mira a los más de 2,5 millones de empleados públicos, a los que les ha congelado la oferta de empleo para 2013 y 2014, y les ha sometido a una continua pérdida de poder adquisitivo, ha congelado sus salarios en 2012 y 2013 y les ha suprimido la paga de Navidad de este año.
Dinero para los bancos: En campaña electoral defendían el saneamiento del sistema financiero, se comprometían a exigir todas las responsabilidades a los gestores que incurrieran “en una Administración desleal o negligente” y a “no dar ni un euro de dinero público a los bancos”. En cambio, el Ejecutivo estima en más de 100.000 millones el ajuste que llevará a cabo hasta el 2014, el equivalente a un 10% del PIB. Además, insiste en una política de recortes de la inversión productiva y económica en materia de industria, infraestructuras y de I+D+i.
Recortes del Estado de Bienestar: La sanidad ya no es universal y gratuita para todo el mundo, como prometió (ha impuesto en repago y ha excluido a los inmigrantes en situación irregular) y la educación cada vez es menos pública. Sometidas a recortes continuos, en sanidad 7.000 millones de euros y 3. 000 en educación. Además, prácticamente se ha aniquilado el sistema de servicios sociales y ha dejado sin contenido la Ley de dependencia, la ayuda a los que necesitan ayuda de otros. Y sigue sin aclarar qué va a pasar con las pensiones.
El 14 de noviembre los ciudadanos expresaron masivamente el rechazo a estas políticas. Es imprescindible por tanto que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía manifieste si quiere seguir por este camino y que dé una oportunidad a la democracia, con el fin de que el Ejecutivo conozca qué opina la población de este aprovechamiento inmoral de la crisis para desmantelar el modelo de convivencia social y económica de nuestro país.
Es mentira que no hay alternativas. Las hay. Las organizaciones sindicales lo hemos dicho hasta la saciedad y ayer también lo dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien advirtió que “la experiencia demuestra que la austeridad exagerada se derrota a sí misma”. Por eso, UGT considera que es necesaria una nueva estrategia de política económica que centre su objetivo en el crecimiento, no en el ajuste, y que estimule la demanda interna a través del consumo y de la inversión pública y privada.
