jueves. 28.03.2024

UGT enmienda la plana a Salgado sobre recortes de empleo público

El sindicato advierte de que “habrá que negociar” los ajustes que la vicepresidenta económica da ya por sentados. El 'baile' de declaraciones sobre el salario de los sindicatos se ha saldado, por otra parte, con el relevo de la secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, por Consuelo Rumí, hasta ahora secretaria de Estado de Inmigración.
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NUEVATRIBUNA.ES - 26.02.2010

UGT frenó hoy en seco la intención de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, de prolongar más allá de este año el ajuste de empleo entre los funcionarios al recordar que la tasa de reposición pactada para este año está aún pendiente de negociar para los próximos años 2011 y 2012. El anuncio del sindicato choca frontalmente con las previsiones de Salgado que, según dijo ayer, prevé ahorrar un 4 por ciento en gastos de personal hasta 2013 con el único recurso de esta tasa de reposición.

El sindicato recordó hoy a la titular de Economía que el pacto firmado el pasado mes de septiembre prevé una tasa de reposición de “hasta” el 15 por ciento para 2010. Sin embargo, continúa UGT, nada dice sobre los próximos años 2011 y 2012. En estos casos “habrá que negociar” el ajuste de empleo público, según dijo hoy la ‘numero dos’ del sindicato en la rama de función pública, Yolanda Palomo, en declaraciones a nuevatribuna.es.

La aclaración de UGT choca frontalmente con lo anunciado ayer por Salgado en su rectificación al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien se mostró partidario de renegociar el acuerdo salarial de los funcionarios, firmado en septiembre de 2009. Salgado explicó que basta con no cubrir las plazas de los funcionarios que se jubilen hasta 2013 para lograr el ahorro previsto en las administraciones públicas, un 4 por ciento de los gastos de personal hasta 2013, según los planes del ministerio.

La advertencia de UGT sirvió para recibir a Consuelo Rumí, que fuer nombrada hoy secretaria de Estado de la Función Pública por el Consejo de Ministros, en sustitución de Carmen Gomis. En este sentido, Yolanda Palomo explicó que Rumí debe cumplir “en todos sus términos” lo pactado en septiembre.

UGT reiteró que tiene su convicción de que el Gobierno cumplirá todos los términos del acuerdo firmado con los funcionarios (y que contempla una subida salarial de un 0,3 por ciento para este año) y quiso salir al paso del globo sonda que el miércoles lanzó el Gobierno, y que obligó a Salgado a desmentir ayer mismo a su secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, quien a su vez puso en duda que fuera a cumplirse ese pacto salarial.

UGT, que cargó contra los “agentes externos” que provocaron la incertidumbre entre los funcionarios esta semana, explicó además que la llegada de Rumí, nombrada hoy secretaria de Estado para la Función Pública, supondrá un “soplo de aire fresco” en esta secretaría.

Por su parte, Comisiones Obreras eludió hoy valorar el trabajo de la ex secretaria de estado de la Función Pública, Carmen Gomis, que ha permanecido en el cargo apenas un año. CCOO se limitó a valorar “muy positivamente” la llegada de Rumí y, añadió, “cualquier medida” que sirva para “activar” el acuerdo firmado el pasado mes de septiembre, según dijo el secretario de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul.

De otro lado, CSIF –el otro sindicato mayoritario entre los funcionarios- interpretó el relavo de Gomis como “un intento del gobierno de agilizar la negociación en la que se viene trabajando desde el 25 de septiembre” y que “no lleva el ritmo” esperado, afirmó el secretario de Formación del sindicato, Miguel Borra.

Salgado explicó ayer que, si no se cubriera ninguna de las plazas de los funcionarios que van a jubilarse, supondría una reducción del 7 por ciento del personal hasta 2013. Dicha medida ya sería suficiente para lograr el ahorro previsto, añadió.

Hace días, el secretario de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul , advirtió en nuevatribuna.es de que "si Salgado adelgaza el sector público, estaría justificada la huelga general".

UGT enmienda la plana a Salgado sobre recortes de empleo público