UGT asegura que los datos del paro de marzo, que han arrojado 38.769 nuevos desempleados, requieren una política económica "adecuada" para recuperar los niveles de actividad y el empleo, algo que, en su opinión, "no se alcanzará con unos Presupuestos para 2012 como los que ha presentado el Gobierno".
El objetivo del Gobierno es "reducir el déficit público vía recorte de gastos para poder presentarlo ante los socios europeos y, en ningún caso, la creación de empleo"
En un comunicado, la organización liderada por Cándido Méndez ha criticado el recorte de 1.557 millones de euros previsto en el presupuesto destinado a las políticas de empleo.
El sindicato rechaza esta estrategia política y propone centrar los objetivos políticos en la recuperación económica, del empleo y en una mayor cohesión social, lo que permitirá, a su juicio, también ajustar las cuentas públicas.
CC.OO. cree que las políticas del Gobierno contribuyen a aumentar el paro
CC.OO. cree que las políticas adoptadas en los 100 primeros días de Gobierno, "centradas en la contención del déficit, la reducción del gasto y la falta de estímulos a la economía", están contribuyendo a aumentar el paro.
CC.OO ha denunciado que se mantenga el presupuesto para bonificaciones de empresarios "cuando es sobradamente conocido el escaso efecto que tienen sobre la contratación".
Además, el sindicato, que considera que los datos del paro del mes de marzo muestran una "reactivación" y una "aceleración" de la destrucción de empleo, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados hoy martes en el Congreso "van a contribuir a la pérdida de puestos de trabajo y a ahondar la crisis".
Según la organización, medidas como reducir el presupuesto para programas de políticas activas de empleo y formación contribuirán a que los jóvenes "queden cada vez más alejados de las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo".
"Insistir en la línea de recortes y en la falta de estímulos a la economía, abandonando la inversión en I+D+i, en educación y sanidad, y promover una amnistía fiscal para los defraudadores, solo conlleva falta de confianza, menor consumo, menor actividad económica y alargamiento de la crisis", ha subrayado el sindicato.
