nuevatribuna.es
8 de septiembre de 2010, 7:58
NUEVATRIBUNA.ES /L.M. - 06.09.2010
Cerca de 150 antiguos empleados del grupo Marsans se han asociado para "esclarecer” las acciones punibles y la deuda económica de la compañía vendida por el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual. A partir de la próxima semana, los fundadores de la asociación de afectados se comprometen a organizar protestas “allí donde más convenga”.
Los ex trabajadores de las diversas empresas del grupo Marsans han constituido una asociación de afectados con el objeto de "esclarecer las acciones punibles y la deuda económica contraída por la compañía en el proceso de quiebra del grupo", según asegura el sindicato CNT. El acto constitutivo de la Asociación tuvo lugar el pasado viernes. Durante la reunión, se efectuó un repaso a la situación en que se encuentran las diversas empresas del grupo, y se tomó una postura "clara y tajante" respecto a los atrasos pendientes. Los trabajadores "esperarán prudencialmente" durante esta semana antes de "organizar las protestas correspondientes".
De otro lado, el primero juicio contra el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por el impago de las nóminas a los trabajadores de Air Comet quedó hoy visto para sentencia. El fallo podría conocerse esta semana y podría extenderse a los casi 700 empleados de la aerolínea.
Mientras el Congreso de los Diputados ha convocado un concurso para contratar una nueva agencia de viajes en sustitución de Viajes Marsans, que hasta la pasada primavera se ocupaba de gestionar los desplazamientos de los diputados. La Cámara revocó su acuerdo con la agencia que preside el también presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el pasado 22 de abril, cuando la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) le retiró la licencia para la venta de billetes.
El pasado mes de julio, los trabajadores de Viajes Marsans aceptaron la propuesta de la compañía de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectará a la práctica totalidad de la plantilla, unos 1.400 empleados, a la vista de la "nula viabilidad" de la compañía.
Fuentes del sindicato UGT señalaron que las condiciones del ERE "estarán dentro de la normalidad a pesar de las dificultades de la empresa", e incluyen una indemnización de 32 días por año trabajado, por un máximo de 30 mensualidades, estableciendo un tope salarial de 70.000 euros "por motivos morales". Parte de la financiación del expediente provendrá del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el resto corresponderá a la masa concursal.
EMBARGO PREVENTIVO
Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, manifestó en agosto su intención de volver a emprender nuevos proyectos empresariales tras culminar la venta de Marsans y el cierre de Air Comet. Las declaraciones del líder patronal se conocieron días después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid decretara el embargo "preventivo" de bienes por un importe de 37,64 millones de euros a Inversiones Grudisan --sociedad patrimonial de Díaz Ferrán--, a su socio Gonzalo Pascual, a sus hijos Gerardo Díaz Santamaría e Ignacio Pascual de Riva, así como a José María Llodrá Serrano por las "graves irregularidades" para afrontar la quiebra de la compañía aérea.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo consideró en agosto que pudo haber "delito penal" en el trato a los trabajadores de Marsans, según la respuesta del Ministerio a la reclamación interpuesta por los representantes de los empleados.
Según adelantó Hosteltur, Trabajo reconoce cinco infracciones graves y muy graves y considera que en alguno de ellos puede haber delitos penales, por lo que dichos puntos han sido remitidos al Ministerio Fiscal.
Las infracciones que menciona dicha respuesta a la reclamación incluyen tanto a los anteriores dueños del negocio, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, como a Posibilitum Business, ya que aborda irregularidades cometidas hasta junio de 2010.
Concretamente, la respuesta a la reclamación realizada en nombre de Tiempo Libre, considera una infracción muy grave "el reiterado retraso y falta de puntualidad en el abono de los salarios devengados y la falta de pago de los salarios del mes de junio de 2010".
Cerca de 150 antiguos empleados del grupo Marsans se han asociado para "esclarecer” las acciones punibles y la deuda económica de la compañía vendida por el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual. A partir de la próxima semana, los fundadores de la asociación de afectados se comprometen a organizar protestas “allí donde más convenga”.
Los ex trabajadores de las diversas empresas del grupo Marsans han constituido una asociación de afectados con el objeto de "esclarecer las acciones punibles y la deuda económica contraída por la compañía en el proceso de quiebra del grupo", según asegura el sindicato CNT. El acto constitutivo de la Asociación tuvo lugar el pasado viernes. Durante la reunión, se efectuó un repaso a la situación en que se encuentran las diversas empresas del grupo, y se tomó una postura "clara y tajante" respecto a los atrasos pendientes. Los trabajadores "esperarán prudencialmente" durante esta semana antes de "organizar las protestas correspondientes".
De otro lado, el primero juicio contra el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por el impago de las nóminas a los trabajadores de Air Comet quedó hoy visto para sentencia. El fallo podría conocerse esta semana y podría extenderse a los casi 700 empleados de la aerolínea.
Mientras el Congreso de los Diputados ha convocado un concurso para contratar una nueva agencia de viajes en sustitución de Viajes Marsans, que hasta la pasada primavera se ocupaba de gestionar los desplazamientos de los diputados. La Cámara revocó su acuerdo con la agencia que preside el también presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el pasado 22 de abril, cuando la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) le retiró la licencia para la venta de billetes.
El pasado mes de julio, los trabajadores de Viajes Marsans aceptaron la propuesta de la compañía de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectará a la práctica totalidad de la plantilla, unos 1.400 empleados, a la vista de la "nula viabilidad" de la compañía.
Fuentes del sindicato UGT señalaron que las condiciones del ERE "estarán dentro de la normalidad a pesar de las dificultades de la empresa", e incluyen una indemnización de 32 días por año trabajado, por un máximo de 30 mensualidades, estableciendo un tope salarial de 70.000 euros "por motivos morales". Parte de la financiación del expediente provendrá del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el resto corresponderá a la masa concursal.
EMBARGO PREVENTIVO
Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, manifestó en agosto su intención de volver a emprender nuevos proyectos empresariales tras culminar la venta de Marsans y el cierre de Air Comet. Las declaraciones del líder patronal se conocieron días después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid decretara el embargo "preventivo" de bienes por un importe de 37,64 millones de euros a Inversiones Grudisan --sociedad patrimonial de Díaz Ferrán--, a su socio Gonzalo Pascual, a sus hijos Gerardo Díaz Santamaría e Ignacio Pascual de Riva, así como a José María Llodrá Serrano por las "graves irregularidades" para afrontar la quiebra de la compañía aérea.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo consideró en agosto que pudo haber "delito penal" en el trato a los trabajadores de Marsans, según la respuesta del Ministerio a la reclamación interpuesta por los representantes de los empleados.
Según adelantó Hosteltur, Trabajo reconoce cinco infracciones graves y muy graves y considera que en alguno de ellos puede haber delitos penales, por lo que dichos puntos han sido remitidos al Ministerio Fiscal.
Las infracciones que menciona dicha respuesta a la reclamación incluyen tanto a los anteriores dueños del negocio, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, como a Posibilitum Business, ya que aborda irregularidades cometidas hasta junio de 2010.
Concretamente, la respuesta a la reclamación realizada en nombre de Tiempo Libre, considera una infracción muy grave "el reiterado retraso y falta de puntualidad en el abono de los salarios devengados y la falta de pago de los salarios del mes de junio de 2010".
