nuevatribuna.es
25 de agosto de 2009, 13:57
L.M./ NUEVATRIBUNA.ES - 25.08.2009
Los sindicatos aguardan impacientes la comparecencia del Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, este jueves en el Congreso donde el Ejecutivo despejará, previsiblemente, quiénes son los beneficiarios del nuevo salario social de 420 euros aprobado el pasado 17 de agosto en Consejo de Ministros. Sin embargo, la nueva renta no acabará de perfilarse hasta la próxima semana cuando, tras la comparecencia de Corbacho, el Gobierno y los sindicatos mantengan una nueva reunión, cuya celebración confirmaron hoy en fuentes sindicales en declaraciones a nuevatribuna.es.
El Gobierno ha descartado modificar el próximo 28 de agosto el real decreto-ley aprobado a mediados de agosto. Quince días después de aprobación, el Ejecutivo se ha visto obligado a rectificar el contenido del real decreto-ley que marca las condiciones de acceso a esta ayuda social para los parados sin prestación ni subsidio, ya en vigor. Hasta el momento, unas 2.000 personas han solicitado la nueva ayuda, aunque los técnicos del Ministerio de Trabajo trabajan ahora a marchas forzadas para calcular los costes que supondrá para el Estado la ampliación de esta medida, pensada en principio para 340.000 beneficiarios.
Aunque la nueva renta cuenta con el respaldo, tanto de los sindicatos y empresarios, como de los partidos políticos, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido una lluvia de críticas centradas en la precipitación con que la medida obtuvo su aprobación. En este sentido, Comisiones Obreras reclamó hoy que la nueva renta beneficie a un número mayor de personas de las inicialmente previstas por el Gobierno. El pasado sábado, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tildó la norma aprobada por el Gobierno como “otra chapuza” por parte del Ejecutivo.
La próxima semana, Comisiones Obreras y UGT intentarán que el Gobierno amplíe el período de cobro de la nueva renta, pensado en principio para seis meses. Sin embargo, el Ejecutivo parece poco dispuesto a ceder en este sentido, y los retoques al real decreto-ley afectarán más bien al número de beneficiarios que podrán acogerse al cobro de los 420 euros.
Hasta ahora, sólo los parados que agotaron la prestación a partir del 1 de agosto pueden solicitar la renta. Sin embargo, el Ejecutivo podría ampliar este plazo hasta el 1 de junio o incluso más allá. En el caso de hacerlo hasta el 1 de junio, unas 100.000 personas más podrían beneficiarse de este subsidio ligado a la formación de sus beneficiarios.
A falta de confirmación, los negociadores sindicales que acudirán a la reunión la próxima semana serán Toni Ferrer y Almudena Fontecha por parte de UGT, y Paloma López y Ramón Górriz, por parte de Comisiones Obreras. Fuentes del Ministerio de Trabajo rechazaron hoy ofrecer más información al respecto y se remitieron a la comparecencia del jueves del Ministro Corbacho.
El director general del INEM, Javier Orduña, ha afirmado que las primeras ayudas se empezarán a cobrar el próximo 10 de septiembre, y subrayó que "más allá de las avalanchas del primer día o las afluencias masivas de las personas que solicitaban información, no ha habido queja ni problemas en la gestión".
EN VIGOR HASTA QUE LLEGUE AL CONGRESO
El Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo real decreto-ley que modifique el anterior el próximo 5 de septiembre. Luego, el debate continuará en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde el Grupo Socialista deberá lograr la convalidación de la norma por parte de los grupos políticos. Los socialistas no cuentan con mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que podría darse el caso, aunque no es previsible, de que el real decreto-ley se mantenga en vigor tan sólo un mes, si no lograra su convalidación parlamentaria. Sin embargo, el Partido Popular y otros grupos, aunque han criticado cuestiones formales de esta norma, anunciaron que apoyarán su aprobación.
Fuentes sindicales reprocharon hoy al Ejecutivo la forma en que se ha aprobado esta medida. En particular, los sindicatos culpan al Gobierno de “falta de previsión” al lanzar una ayuda que está incluida en el catálogo de políticas activas de empleo, cuyas competencias tienen las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias, Euskadi y Navarra ofrecen salarios sociales a todos los desempleados que no dispongan de ingresos, sin límite presupuestario. En cambio, el resto de regiones limita la percepción de estas ayudas a la cantidad anual presupuestada; es decir, cuando se acaba la cantidad asignada, el grifo se cierra y nadie más puede optar a los subsidios.
Los sindicatos aguardan impacientes la comparecencia del Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, este jueves en el Congreso donde el Ejecutivo despejará, previsiblemente, quiénes son los beneficiarios del nuevo salario social de 420 euros aprobado el pasado 17 de agosto en Consejo de Ministros. Sin embargo, la nueva renta no acabará de perfilarse hasta la próxima semana cuando, tras la comparecencia de Corbacho, el Gobierno y los sindicatos mantengan una nueva reunión, cuya celebración confirmaron hoy en fuentes sindicales en declaraciones a nuevatribuna.es.
El Gobierno ha descartado modificar el próximo 28 de agosto el real decreto-ley aprobado a mediados de agosto. Quince días después de aprobación, el Ejecutivo se ha visto obligado a rectificar el contenido del real decreto-ley que marca las condiciones de acceso a esta ayuda social para los parados sin prestación ni subsidio, ya en vigor. Hasta el momento, unas 2.000 personas han solicitado la nueva ayuda, aunque los técnicos del Ministerio de Trabajo trabajan ahora a marchas forzadas para calcular los costes que supondrá para el Estado la ampliación de esta medida, pensada en principio para 340.000 beneficiarios.
Aunque la nueva renta cuenta con el respaldo, tanto de los sindicatos y empresarios, como de los partidos políticos, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido una lluvia de críticas centradas en la precipitación con que la medida obtuvo su aprobación. En este sentido, Comisiones Obreras reclamó hoy que la nueva renta beneficie a un número mayor de personas de las inicialmente previstas por el Gobierno. El pasado sábado, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tildó la norma aprobada por el Gobierno como “otra chapuza” por parte del Ejecutivo.
La próxima semana, Comisiones Obreras y UGT intentarán que el Gobierno amplíe el período de cobro de la nueva renta, pensado en principio para seis meses. Sin embargo, el Ejecutivo parece poco dispuesto a ceder en este sentido, y los retoques al real decreto-ley afectarán más bien al número de beneficiarios que podrán acogerse al cobro de los 420 euros.
Hasta ahora, sólo los parados que agotaron la prestación a partir del 1 de agosto pueden solicitar la renta. Sin embargo, el Ejecutivo podría ampliar este plazo hasta el 1 de junio o incluso más allá. En el caso de hacerlo hasta el 1 de junio, unas 100.000 personas más podrían beneficiarse de este subsidio ligado a la formación de sus beneficiarios.
A falta de confirmación, los negociadores sindicales que acudirán a la reunión la próxima semana serán Toni Ferrer y Almudena Fontecha por parte de UGT, y Paloma López y Ramón Górriz, por parte de Comisiones Obreras. Fuentes del Ministerio de Trabajo rechazaron hoy ofrecer más información al respecto y se remitieron a la comparecencia del jueves del Ministro Corbacho.
El director general del INEM, Javier Orduña, ha afirmado que las primeras ayudas se empezarán a cobrar el próximo 10 de septiembre, y subrayó que "más allá de las avalanchas del primer día o las afluencias masivas de las personas que solicitaban información, no ha habido queja ni problemas en la gestión".
EN VIGOR HASTA QUE LLEGUE AL CONGRESO
El Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo real decreto-ley que modifique el anterior el próximo 5 de septiembre. Luego, el debate continuará en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde el Grupo Socialista deberá lograr la convalidación de la norma por parte de los grupos políticos. Los socialistas no cuentan con mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que podría darse el caso, aunque no es previsible, de que el real decreto-ley se mantenga en vigor tan sólo un mes, si no lograra su convalidación parlamentaria. Sin embargo, el Partido Popular y otros grupos, aunque han criticado cuestiones formales de esta norma, anunciaron que apoyarán su aprobación.
Fuentes sindicales reprocharon hoy al Ejecutivo la forma en que se ha aprobado esta medida. En particular, los sindicatos culpan al Gobierno de “falta de previsión” al lanzar una ayuda que está incluida en el catálogo de políticas activas de empleo, cuyas competencias tienen las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias, Euskadi y Navarra ofrecen salarios sociales a todos los desempleados que no dispongan de ingresos, sin límite presupuestario. En cambio, el resto de regiones limita la percepción de estas ayudas a la cantidad anual presupuestada; es decir, cuando se acaba la cantidad asignada, el grifo se cierra y nadie más puede optar a los subsidios.
