nuevatribuna.es
3 de enero de 2010, 11:12
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 31.12.2009
Agotados los estímulos, llega el tiempo de las reformas legislativas. En 2010, la política económica española se centrará en urdir el entramado legal que impulse el abandono del monocultivo inmobiliario hacia unas bases más robustas. En esta dirección, los recortes del gasto se combinarán con el desarrollo de normas que guíen a la economía española a través de las tinieblas que ha dejado la gran crisis del sistema financiero.
El déficit obliga. La caída de la actividad ha abierto un agujero en las cuentas públicas – en torno a un 10 por ciento del PIB- que fuerza al Gobierno a caminar por el alambre de la retirada de estímulos, sin perjudicar la recuperación económica. Apenas quedan fondos. Y, los que quedan, se dedicarán a pagar el desempleo, sanear las venas del crédito y sentar las bases de una nueva economía.
Aupado a la presidencia de la UE, Zapatero tendrá que hilar muy fino en la tarea de coordinar la retirada de estímulos en el ámbito europeo, mientras la recuperación llega con retraso a España. El ‘riego a manta’ sobre el sistema financiero –que podría derivar en una espiral inflacionista- toca a su fin y amenaza con pillar todavía en pleno invierno a las cajas de ahorros españolas.
En el primer trimestre de 2010, el Gobierno pretende resolver, no sólo el saneamiento de las cajas, sino también un cambio en la normativa laboral que engrase el pistón de la recuperación. En esta labor, el titular de Trabajo viene manteniendo discretas reuniones con responsables sindicales, guiado por el grito de “más cocina” con que los sindicatos han afeado la imposible mezcla entre espectáculo y negociación.
Al otro lado de la mesa, Gerardo Díaz Ferrán se tambalea al frente de la patronal. La Confederación Empresarial CEOE dilucida ahora si el dueño de Air Comet debe continuar rigiendo los destinos de la patronal en un momento clave para el diálogo social. El cierre de la aerolínea ha socavado el prestigio del empresario y, en contra de su continuidad, se alzan ya voces procedentes de todo el espectro ideológico. Los nombres del empresario andaluz Santiago Herrero, del catalán Rosell y hasta el de Manuel Pizarro, diputado del PP, forman las quinielas sobre el posible sustituto del dueño de Marsans.
En la parte sindical, se confía en la palabra dada por Zapatero de acometer reformas sin abaratar el despido, ni mermar otros derechos de los trabajadores. Levanta más ampollas, por su falta de precisión, la anunciada reforma de la Ley de pensiones y Seguridad Social anunciada para finales de enero.
El Gobierno pretende ampliar el período de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación desde los 15 años actuales. En el ámbito laboral, el Ejecutivo aprobará un plan de incentivos al empleo juvenil, un colectivo que sufre un paro cercano al 40 por ciento, y tratará de compensar las desigualdades existentes entre los contratados fijos y los temporales.
Además, el Ejecutivo se dispone a reformar la negociación colectiva, aunque está por ver en qué sentido. Mientras los representantes de los trabajadores piden que se refuerce su poder colectivo en la negociación, los empresarios exigen poder descolgarse con más facilidad de los convenios, cuando las cosas vienen mal dadas. En esta reforma, podría colarse la reducción de jornada laboral, un experimento de probada eficiencia, al menos en la potente economía alemana.
Las exhaustas arcas públicas reservan dinero para un puñado de sectores innovadores, además de las cajas. A través del ICO, el Gobierno pondrá a disposición de estos sectores –entre ellos la rehabilitación de viviendas- un total de 10.000 millones de euros a partir del 1 de enero, que podrían duplicarse si fructifica la colaboración privada con este Fondo de Economía Sostenible.
Además, el Ejecutivo ha reservado otro fondo –el fondo local- para incentivar la innovación tecnológica y los servicios sociales (entre ellos, la dependencia), que gozarán de 5.000 millones adicionales, tras los buenos resultados obtenidos por el anterior programa.
Sin embargo, parte de este nuevo Fondo Local se reservará a pagar gastos corrientes de los ayuntamientos, que siguen acosados por las deudas y cuya financiación no se ha querido abordar junto a la nueva Ley de financiación autonómica, que tomará cuerpo este año.
En el año 2010 entrarán también en vigor las leyes de Economía Sostenible, de la Ciencia y la Ley ómnibus de Liberalización de Servicios, el paraguas normativo que retocará hasta 47 leyes y que chocará con la oposición de aquellos sectores que se quieren abrir a la competencia (transporte, colegios profesionales….) Además, en materia de energía, Zapatero tratará de cerrar un pacto con el PP.
FINANCIACIÓN: EL PELIGRO GRIEGO
El coste de la financiación, y el valor del dinero, planean como aves de rapiña sobre las exhaustas arcas públicas de todo el planeta. Para evitar el peligro griego, el Gobierno se afana en apuntalar a toda prisa la credibilidad del Estado español con recortes y reformas que le sirvan para eludir la temida devaluación de expectativas, que miden las agencias de calificación de riesgos.
Aunque el diferencial con el bono alemán se mantiene en tasas aceptables, los costes de financiación de la deuda española podrían dispararse si los inversores –en su mayoría fondos de inversión- detectan riesgos ineludibles con sus exacerbados sistemas nerviosos.
La lucha por la financiación agudiza la necesidad de abordar reformas. En este caso, la deuda pública española -20 puntos por debajo de la media de los países europeos, en su relación con el PIB- apenas logra contrarrestar la elevada tasa de paro –cercana al 20 por ciento- y el agujero del déficit. La deuda del sector privado juega también en contra de las aspiraciones españolas a mantener su calificación financiera.
Por otro lado, el valor del dinero podría entrar en barrena si la ingente cantidad de billetes impresos, no sólo en la Unión Europea, se traduce en inflación, tal y como señalan algunos expertos. Aunque las familias han optado por ahorrar, el gran reto es que las entidades financieras abran a las empresas el ansiado grifo del crédito.
Sin embargo, tras la debacle financiera, nadie apuesta por ver crecer las cifras del crédito como en los últimos años. Esas son tasas propias de unos tiempos que, como tantas otras cosas, nunca volverán.
Agotados los estímulos, llega el tiempo de las reformas legislativas. En 2010, la política económica española se centrará en urdir el entramado legal que impulse el abandono del monocultivo inmobiliario hacia unas bases más robustas. En esta dirección, los recortes del gasto se combinarán con el desarrollo de normas que guíen a la economía española a través de las tinieblas que ha dejado la gran crisis del sistema financiero.
El déficit obliga. La caída de la actividad ha abierto un agujero en las cuentas públicas – en torno a un 10 por ciento del PIB- que fuerza al Gobierno a caminar por el alambre de la retirada de estímulos, sin perjudicar la recuperación económica. Apenas quedan fondos. Y, los que quedan, se dedicarán a pagar el desempleo, sanear las venas del crédito y sentar las bases de una nueva economía.
Aupado a la presidencia de la UE, Zapatero tendrá que hilar muy fino en la tarea de coordinar la retirada de estímulos en el ámbito europeo, mientras la recuperación llega con retraso a España. El ‘riego a manta’ sobre el sistema financiero –que podría derivar en una espiral inflacionista- toca a su fin y amenaza con pillar todavía en pleno invierno a las cajas de ahorros españolas.
En el primer trimestre de 2010, el Gobierno pretende resolver, no sólo el saneamiento de las cajas, sino también un cambio en la normativa laboral que engrase el pistón de la recuperación. En esta labor, el titular de Trabajo viene manteniendo discretas reuniones con responsables sindicales, guiado por el grito de “más cocina” con que los sindicatos han afeado la imposible mezcla entre espectáculo y negociación.
Al otro lado de la mesa, Gerardo Díaz Ferrán se tambalea al frente de la patronal. La Confederación Empresarial CEOE dilucida ahora si el dueño de Air Comet debe continuar rigiendo los destinos de la patronal en un momento clave para el diálogo social. El cierre de la aerolínea ha socavado el prestigio del empresario y, en contra de su continuidad, se alzan ya voces procedentes de todo el espectro ideológico. Los nombres del empresario andaluz Santiago Herrero, del catalán Rosell y hasta el de Manuel Pizarro, diputado del PP, forman las quinielas sobre el posible sustituto del dueño de Marsans.
En la parte sindical, se confía en la palabra dada por Zapatero de acometer reformas sin abaratar el despido, ni mermar otros derechos de los trabajadores. Levanta más ampollas, por su falta de precisión, la anunciada reforma de la Ley de pensiones y Seguridad Social anunciada para finales de enero.
El Gobierno pretende ampliar el período de cotización que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación desde los 15 años actuales. En el ámbito laboral, el Ejecutivo aprobará un plan de incentivos al empleo juvenil, un colectivo que sufre un paro cercano al 40 por ciento, y tratará de compensar las desigualdades existentes entre los contratados fijos y los temporales.
Además, el Ejecutivo se dispone a reformar la negociación colectiva, aunque está por ver en qué sentido. Mientras los representantes de los trabajadores piden que se refuerce su poder colectivo en la negociación, los empresarios exigen poder descolgarse con más facilidad de los convenios, cuando las cosas vienen mal dadas. En esta reforma, podría colarse la reducción de jornada laboral, un experimento de probada eficiencia, al menos en la potente economía alemana.
Las exhaustas arcas públicas reservan dinero para un puñado de sectores innovadores, además de las cajas. A través del ICO, el Gobierno pondrá a disposición de estos sectores –entre ellos la rehabilitación de viviendas- un total de 10.000 millones de euros a partir del 1 de enero, que podrían duplicarse si fructifica la colaboración privada con este Fondo de Economía Sostenible.
Además, el Ejecutivo ha reservado otro fondo –el fondo local- para incentivar la innovación tecnológica y los servicios sociales (entre ellos, la dependencia), que gozarán de 5.000 millones adicionales, tras los buenos resultados obtenidos por el anterior programa.
Sin embargo, parte de este nuevo Fondo Local se reservará a pagar gastos corrientes de los ayuntamientos, que siguen acosados por las deudas y cuya financiación no se ha querido abordar junto a la nueva Ley de financiación autonómica, que tomará cuerpo este año.
En el año 2010 entrarán también en vigor las leyes de Economía Sostenible, de la Ciencia y la Ley ómnibus de Liberalización de Servicios, el paraguas normativo que retocará hasta 47 leyes y que chocará con la oposición de aquellos sectores que se quieren abrir a la competencia (transporte, colegios profesionales….) Además, en materia de energía, Zapatero tratará de cerrar un pacto con el PP.
FINANCIACIÓN: EL PELIGRO GRIEGO
El coste de la financiación, y el valor del dinero, planean como aves de rapiña sobre las exhaustas arcas públicas de todo el planeta. Para evitar el peligro griego, el Gobierno se afana en apuntalar a toda prisa la credibilidad del Estado español con recortes y reformas que le sirvan para eludir la temida devaluación de expectativas, que miden las agencias de calificación de riesgos.
Aunque el diferencial con el bono alemán se mantiene en tasas aceptables, los costes de financiación de la deuda española podrían dispararse si los inversores –en su mayoría fondos de inversión- detectan riesgos ineludibles con sus exacerbados sistemas nerviosos.
La lucha por la financiación agudiza la necesidad de abordar reformas. En este caso, la deuda pública española -20 puntos por debajo de la media de los países europeos, en su relación con el PIB- apenas logra contrarrestar la elevada tasa de paro –cercana al 20 por ciento- y el agujero del déficit. La deuda del sector privado juega también en contra de las aspiraciones españolas a mantener su calificación financiera.
Por otro lado, el valor del dinero podría entrar en barrena si la ingente cantidad de billetes impresos, no sólo en la Unión Europea, se traduce en inflación, tal y como señalan algunos expertos. Aunque las familias han optado por ahorrar, el gran reto es que las entidades financieras abran a las empresas el ansiado grifo del crédito.
Sin embargo, tras la debacle financiera, nadie apuesta por ver crecer las cifras del crédito como en los últimos años. Esas son tasas propias de unos tiempos que, como tantas otras cosas, nunca volverán.
