nuevatribuna.es
22 de abril de 2009, 14:36
NUEVATRIBUNA.ES - 22.4.2009
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado 30 de marzo contra la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre y que rige el proceso electoral que se sigue en Caja Madrid.
La admisión a trámite de este recurso �elaborado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají-, por parte del Constitucional supone la suspensión inmediata de la nueva normativa �según manda el artículo 161.2 de la Carta Magna- hasta un plazo máximo de cinco meses en los que el Ato Tribunal tendrá que pronunciarse, ratificando o levantando el recurso.
El “efecto suspensivo” que “producirá la paralización de esta norma" ha sido puesto de manifiesto por el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Francisco Marugán, quien ha criticado al dirigente del PP Cristóbal Montoro por haber hecho “trampa” al intentar ocultar el efecto real que produce la admisión a trámite del recurso del Gobierno.
La Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre altera los criterios de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales, así lo argumentó el Ayuntamiento de Madrid que también ha recurrido la ley. La Ley estatal 62/2003 definió de forma clara los principios que deben regir: el democrático, que garantiza el carácter representativo de los órganos rectores; el de gestión eficaz, que intenta garantizar que la gestión se realice con criterios profesionales y el de igualdad en la representación territorial.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Aguirre había hecho oídos sordos a estas advertencias pero hoy no ha tenido más salida que la negociación. Así lo ha hecho saber el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, a través de un comunicado en el que anuncia que iniciará conversaciones con el Gobierno central con vistas a presentar a la Asamblea de Madrid una nueva Ley de Cajas, y poder reanudar así el proceso electoral en la entidad financiera para que culmine este mismo año.
Beteta destacó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende su texto como “constitucional”, pero mantiene la idea máxima "de avanzar en la consecución del proceso electoral en la Caja".
"Para ello nos proponemos, sin perjuicio de las iniciativas ante el Tribunal Constitucional, que tiene 5 meses de plazo para evaluar la suspensión o no definitiva de la norma, iniciar conversaciones con el Gobierno de la nación en los diferentes foros de cooperación que existen, con el fin de alcanzar un acuerdo en los términos que ya indicó el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, para presentar un texto en la Asamblea que, recogiendo los principios de la Ley que regula las cajas de ahorros estatal, supere las diferencias que ahora tenemos con el Gobierno. Todo ello con el objetivo de reanudar el proceso electoral y que esté culminado antes de final de año", afirma.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado 30 de marzo contra la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre y que rige el proceso electoral que se sigue en Caja Madrid.
La admisión a trámite de este recurso �elaborado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají-, por parte del Constitucional supone la suspensión inmediata de la nueva normativa �según manda el artículo 161.2 de la Carta Magna- hasta un plazo máximo de cinco meses en los que el Ato Tribunal tendrá que pronunciarse, ratificando o levantando el recurso.
El “efecto suspensivo” que “producirá la paralización de esta norma" ha sido puesto de manifiesto por el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Francisco Marugán, quien ha criticado al dirigente del PP Cristóbal Montoro por haber hecho “trampa” al intentar ocultar el efecto real que produce la admisión a trámite del recurso del Gobierno.
La Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre altera los criterios de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales, así lo argumentó el Ayuntamiento de Madrid que también ha recurrido la ley. La Ley estatal 62/2003 definió de forma clara los principios que deben regir: el democrático, que garantiza el carácter representativo de los órganos rectores; el de gestión eficaz, que intenta garantizar que la gestión se realice con criterios profesionales y el de igualdad en la representación territorial.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Aguirre había hecho oídos sordos a estas advertencias pero hoy no ha tenido más salida que la negociación. Así lo ha hecho saber el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, a través de un comunicado en el que anuncia que iniciará conversaciones con el Gobierno central con vistas a presentar a la Asamblea de Madrid una nueva Ley de Cajas, y poder reanudar así el proceso electoral en la entidad financiera para que culmine este mismo año.
Beteta destacó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende su texto como “constitucional”, pero mantiene la idea máxima "de avanzar en la consecución del proceso electoral en la Caja".
"Para ello nos proponemos, sin perjuicio de las iniciativas ante el Tribunal Constitucional, que tiene 5 meses de plazo para evaluar la suspensión o no definitiva de la norma, iniciar conversaciones con el Gobierno de la nación en los diferentes foros de cooperación que existen, con el fin de alcanzar un acuerdo en los términos que ya indicó el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, para presentar un texto en la Asamblea que, recogiendo los principios de la Ley que regula las cajas de ahorros estatal, supere las diferencias que ahora tenemos con el Gobierno. Todo ello con el objetivo de reanudar el proceso electoral y que esté culminado antes de final de año", afirma.
