"El acuerdo supone la consagración jurídico-política de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario que están llevando a Europa a la recesión”
Los dos principales sindicatos respondieron este lunes a las conclusiones adoptadas por el Consejo y el Eurogrupo y manifestaron su “profundo desacuerdo” a las mismas. En un comunicado remitido a los medios, CCOO y UGT criticaron la exclusión de la Confederación Europea de Sindicatos en la reforma de los Tratados anunciada por los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona y reiteraron las exigencias hechas por la CES la semana pasada.
Ambos sindicatos subrayan que, a pesar del “riesgo inminente de recaída en la recesión” y cuando la cifra de desempleados en Europa se acerca a los 25 millones, “no se adoptó ninguna medida que pueda favorecer el crecimiento de la economía y el empleo”. Por el contrario –señalan-, las propuestas sobre el gobierno económico de la zona euro y la UE, “no son sino la consagración jurídico-política de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario que están llevando a Europa a la recesión”.
UGT y CCOO, al igual que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), manifiestan “su rechazo más absoluto al procedimiento antidemocrático” de elaboración del Tratado internacional que contendrá el desarrollo de las propuestas acordadas. En este sentido lamentan que no se consulte a los respectivos parlamentos nacionales y se excluya a los interlocutores sociales europeos, un paso más –dicen- “en la ampliación de los espacios de toma de decisiones al margen de los procedimientos vigentes en cualquier tipo de democracia parlamentaria”.
A su juicio, “la imposición de todas las decisiones por parte del gobierno conservador alemán, con la ayuda del francés, marginando permanentemente a las instituciones europeas, es otro factor de degradación de la democracia europea que pone en peligro el propio proyecto de la UE”.
También cuestionan que los acuerdos adoptados alivien la presión de los mercados de deuda y critican que no se haya adoptado la decisión de emitir eurobonos como pedía Van Rompuy, ni se reclame al Banco Central Europeo un papel más activo.
Por todo ello, exigen que los Tratados incluyan una “cláusula de progreso social que garantice el acervo social de la UE y el respeto a los derechos fundamentales, en particular el de negociación colectiva hoy seriamente amenazado”. También piden “promover con urgencia un plan europeo de inversiones para un crecimiento sostenible” y que el BCE lo sostenga “al tiempo que actúa en los mercados de la deuda”. A sus reivindicaciones se une un impuesto a las transacciones financieras; una “política fiscal justa” y que se desarrolle “una fuerte acción concertada contra la evasión y el fraude fiscales y la abolición de los paraísos fiscales”.
