nuevatribuna.es
19 de julio de 2009, 7:27
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 15.07.2009
La crisis ha cambiado de cara en España. Tras una quincena de crecimiento económico vertiginoso, los pobres actuales distan mucho de ser las personas que antaño utilizaban los servicios asistenciales. Hoy, los vagabundos y personas sin hogar han dejado su lugar a una multitud de personas que acuden en masa a pedir socorro, golpeados por el paro y la crisis. Despertados de golpe del sueño de la prosperidad, los nuevos pobres se ven obligados a reclamar ropa y alimentos, si quieren pagar las letras de esa hipoteca que ahoga, o el alquiler abusivo de una habitación en un piso compartido. Hombres jóvenes, viudas en riesgo de perderlo todo, inmigrantes sin familia hacen cola a la puerta de los centros asistenciales, que a duras penas aciertan a contener la marea humana que les llega, ante la impotencia de la Administración. Ellos forman el rostro de la nueva pobreza en España.
La letra pequeña de la hipoteca, o la partición de los magros bienes que quedan tras un divorcio, acechan a quienes han vivido encandilados por una prosperidad que reventó al mismo tiempo que lo hacía la ‘burbuja’ inmobiliaria. Ahora llegan a los centros asistenciales regentados por las organizaciones no gubernamentales (ONG). Y lo hacen de forma masiva.
Los nuevos pobres distan mucho del perfil del desheredado de antaño. En poco más de veinte meses, una marea humana ha inundado los centros de ayuda en demanda de ropa, alimentos, dinero… Cáritas atendió el pasado año a cerca de 600.000 personas, un 50 por ciento más que en 2007. Y la cifra no hace más que crecer, en su mayor parte compuesta por personas jóvenes (de entre 20 y 40 años de edad), con niños pequeños, que acaban de perder su empleo en la construcción o los servicios. También abundan las mujeres solas con cargas familiares. Hombres solos sin hogar. Viudas con pensiones no contributivas. Inmigrantes en situación irregular. Todos ellos componen un "puzzle" inmenso, que comparte la angustia de no poder remontar su nueva situación de pobreza.
Recurren a los servicios asistenciales, pero nadie quiere llevar impreso en la frente el estigma de los desheredados. Sólo así se explica la última iniciativa que Cáritas, que ha llevado a cabo en la rica provincia de Vizcaya, donde la ONG anunció que repartirá cheques de 25 euros para que estas personas puedan seguir yendo al supermercado. El objetivo es que estas personas “puedan seguir acudiendo a los supermercados y no sentirse estigmatizadas”, informa el responsable de la organización, Mikel Ruiz.
Los hábitos cotidianos se vuelven un lujo para quienes se ven obligados a pedir ropa, alimentos y otros artículos básicos para sobrevivir. Este año Cáritas está repartiendo un 90 por ciento más de estos bienes que en 2007.
Esta marea humana ha desbordado la frágil asistencia que prestan las Administraciones Públicas. La mayor parte de estos servicios están colapsados o sin presupuesto. Por eso recurren a las ONG para aliviar la avalancha humana que pide ayuda. Cáritas afirma que el 52 por ciento de las personas que socorre han sido derivados desde los ayuntamientos.
Las Administraciones Públicas tienen previstas diversas ayudas de emergencia. Sin embargo, son lentas a la hora de tramitar las ayudas. En Madrid, por ejemplo, la renta mínima de inserción tarda “entre cuatro y diez meses" en llegar a su destino, afirma la coordinadora de Cáritas, Concha García. En ese intervalo, los ingresos no existen.
PAÑALES, CRÉDITOS, MATERIAL ESCOLAR
Tras la vivienda y la alimentación, el conjunto de necesidades que las ONG deben cubrir es amplio y variado. Según Cáritas, la demanda que más ha crecido en los últimos meses se refiere, por este orden a: formación para el empleo, ropa, medicinas, pañales y leche infantil, créditos personales impagables, tramitación de recursos y prestaciones, libros y material escolar.
La vivienda encabeza la columna del ‘debe’ en el balance de la nueva pobreza. Miles de personas deben recurrir a ayuda para no perder su casa. Cáritas ayudó este año a un 65 por ciento más de personas que el año pasado, a fin de evitar que estas personas se queden sin techo por no poder pagar alquileres o hipotecas.
Entre los más perjudicados por el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria, se encuentran las viudas mayores. Un número creciente de mujeres viudas con más de sesenta años acuden a Cáritas asustadas por la amenaza del banco de ejecutar los avales que prestaron a sus hijos para que estos pudieran comprar su propia casa. Ese fue su error. Avalar a sus hijos. Más tarde, sus vástagos cayeron en el paro y hoy no pueden pagar la letra de sus hipotecas. Implacable, la banca reclama ahora lo suyo. Por eso, un número creciente de ancianas viudas deben recurrir a ayuda externa si quieren evitar perder el techo que las cobija.
Sin embargo, no sólo ellas sufren el drama del abusivo precio de la vivienda en España, inaccesible para un buen puñado de ciudadanos. La carestía de los pisos provoca además que se esté extendiendo, como una siniestra mancha de aceite, el fenómeno del “hacinamiento severo” de personas sin ingresos suficientes para pagarse un techo, que se ven obligadas a vivir en habitaciones subarrendadas, siempre a precios “abusivos”.
El precio desorbitado de la vivienda en España y la angustia económica hacen saltar chispas en el seno de las familias. Cáritas ha detectado un aumento de los conflictos familiares y de los casos de malos tratos a consecuencia de la tensión que genera la crisis económica, tal y como se afirma en su último informe La respuesta de Cáritas ante la crisis.
EL NUEVO PERFIL DE LA EXCLUSIÓN
Los sindicatos también se han acercado al fenómeno de la exclusión social. UGT constata que la pobreza ha mutado de cara en España. “Ya no podemos hablar sólo de personas sin hogar”, manifiesta su sección de Madrid. Un 80 por ciento de los usuarios de los centros asistenciales de las ONG son hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, en la cúspide de su potencia laboral. El drama se ceba en quienes llegaron al país para trabajar y hoy no pueden hacerlo. Los inmigrantes regularizados acuden en busca de ayuda, después de que sus empresas los despidieran de sus trabajos de la construcción o los servicios.
Los nuevos pobres no son vagabundos, cuya asistencia se suele encauzar por otro lado. Perciben rentas en torno a los 400 euros al mes en el mejor de los casos. No tienen ya derecho a prestación por desempleo. Por eso solicitan pensiones no contributivas o rentas mínimas de inserción. Y utilizan esos ingresos para evitar dormir en la calle. Sin embargo, pagarse un techo bajo el cual vivir, en su mayor parte, habitaciones alquiladas en pisos compartidos, se lleva toda su renta. La mayor parte carece de familia en el país y deben recurrir a los centros asistenciales si quieren obtener ropa, alimentos y productos básicos de limpieza e higiene.
Así, los centros asistenciales hoy en España están levantando un gigantesco muro de contención contra el avance de la exclusión social. Sin su labor, cientos de miles de personas se verían empujadas a la exclusión total. Sin ropa, ni comida. Parados. A la espera de una recuperación que no termina de llegar…
La velocidad del descenso a los infiernos de la economía española contrasta con la lentitud desesperante de las Administraciones para tramitar las rentas de emergencia para los nuevos pobres en nuestro país. UGT advierte de que estas personas pasan seis meses “sin recurso económico alguno” mientras, en Madrid, el gobierno autónomo tramita las ayudas. La ley, que no impidió la caída de la economía ni el tropiezo para el millón y pico de parados que acumula España en el último año, fija un plazo máximo de tres meses.
La crisis ha cambiado de cara en España. Tras una quincena de crecimiento económico vertiginoso, los pobres actuales distan mucho de ser las personas que antaño utilizaban los servicios asistenciales. Hoy, los vagabundos y personas sin hogar han dejado su lugar a una multitud de personas que acuden en masa a pedir socorro, golpeados por el paro y la crisis. Despertados de golpe del sueño de la prosperidad, los nuevos pobres se ven obligados a reclamar ropa y alimentos, si quieren pagar las letras de esa hipoteca que ahoga, o el alquiler abusivo de una habitación en un piso compartido. Hombres jóvenes, viudas en riesgo de perderlo todo, inmigrantes sin familia hacen cola a la puerta de los centros asistenciales, que a duras penas aciertan a contener la marea humana que les llega, ante la impotencia de la Administración. Ellos forman el rostro de la nueva pobreza en España.
La letra pequeña de la hipoteca, o la partición de los magros bienes que quedan tras un divorcio, acechan a quienes han vivido encandilados por una prosperidad que reventó al mismo tiempo que lo hacía la ‘burbuja’ inmobiliaria. Ahora llegan a los centros asistenciales regentados por las organizaciones no gubernamentales (ONG). Y lo hacen de forma masiva.
Los nuevos pobres distan mucho del perfil del desheredado de antaño. En poco más de veinte meses, una marea humana ha inundado los centros de ayuda en demanda de ropa, alimentos, dinero… Cáritas atendió el pasado año a cerca de 600.000 personas, un 50 por ciento más que en 2007. Y la cifra no hace más que crecer, en su mayor parte compuesta por personas jóvenes (de entre 20 y 40 años de edad), con niños pequeños, que acaban de perder su empleo en la construcción o los servicios. También abundan las mujeres solas con cargas familiares. Hombres solos sin hogar. Viudas con pensiones no contributivas. Inmigrantes en situación irregular. Todos ellos componen un "puzzle" inmenso, que comparte la angustia de no poder remontar su nueva situación de pobreza.
Recurren a los servicios asistenciales, pero nadie quiere llevar impreso en la frente el estigma de los desheredados. Sólo así se explica la última iniciativa que Cáritas, que ha llevado a cabo en la rica provincia de Vizcaya, donde la ONG anunció que repartirá cheques de 25 euros para que estas personas puedan seguir yendo al supermercado. El objetivo es que estas personas “puedan seguir acudiendo a los supermercados y no sentirse estigmatizadas”, informa el responsable de la organización, Mikel Ruiz.
Los hábitos cotidianos se vuelven un lujo para quienes se ven obligados a pedir ropa, alimentos y otros artículos básicos para sobrevivir. Este año Cáritas está repartiendo un 90 por ciento más de estos bienes que en 2007.
Esta marea humana ha desbordado la frágil asistencia que prestan las Administraciones Públicas. La mayor parte de estos servicios están colapsados o sin presupuesto. Por eso recurren a las ONG para aliviar la avalancha humana que pide ayuda. Cáritas afirma que el 52 por ciento de las personas que socorre han sido derivados desde los ayuntamientos.
Las Administraciones Públicas tienen previstas diversas ayudas de emergencia. Sin embargo, son lentas a la hora de tramitar las ayudas. En Madrid, por ejemplo, la renta mínima de inserción tarda “entre cuatro y diez meses" en llegar a su destino, afirma la coordinadora de Cáritas, Concha García. En ese intervalo, los ingresos no existen.
PAÑALES, CRÉDITOS, MATERIAL ESCOLAR
Tras la vivienda y la alimentación, el conjunto de necesidades que las ONG deben cubrir es amplio y variado. Según Cáritas, la demanda que más ha crecido en los últimos meses se refiere, por este orden a: formación para el empleo, ropa, medicinas, pañales y leche infantil, créditos personales impagables, tramitación de recursos y prestaciones, libros y material escolar.
La vivienda encabeza la columna del ‘debe’ en el balance de la nueva pobreza. Miles de personas deben recurrir a ayuda para no perder su casa. Cáritas ayudó este año a un 65 por ciento más de personas que el año pasado, a fin de evitar que estas personas se queden sin techo por no poder pagar alquileres o hipotecas.
Entre los más perjudicados por el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria, se encuentran las viudas mayores. Un número creciente de mujeres viudas con más de sesenta años acuden a Cáritas asustadas por la amenaza del banco de ejecutar los avales que prestaron a sus hijos para que estos pudieran comprar su propia casa. Ese fue su error. Avalar a sus hijos. Más tarde, sus vástagos cayeron en el paro y hoy no pueden pagar la letra de sus hipotecas. Implacable, la banca reclama ahora lo suyo. Por eso, un número creciente de ancianas viudas deben recurrir a ayuda externa si quieren evitar perder el techo que las cobija.
Sin embargo, no sólo ellas sufren el drama del abusivo precio de la vivienda en España, inaccesible para un buen puñado de ciudadanos. La carestía de los pisos provoca además que se esté extendiendo, como una siniestra mancha de aceite, el fenómeno del “hacinamiento severo” de personas sin ingresos suficientes para pagarse un techo, que se ven obligadas a vivir en habitaciones subarrendadas, siempre a precios “abusivos”.
El precio desorbitado de la vivienda en España y la angustia económica hacen saltar chispas en el seno de las familias. Cáritas ha detectado un aumento de los conflictos familiares y de los casos de malos tratos a consecuencia de la tensión que genera la crisis económica, tal y como se afirma en su último informe La respuesta de Cáritas ante la crisis.
EL NUEVO PERFIL DE LA EXCLUSIÓN
Los sindicatos también se han acercado al fenómeno de la exclusión social. UGT constata que la pobreza ha mutado de cara en España. “Ya no podemos hablar sólo de personas sin hogar”, manifiesta su sección de Madrid. Un 80 por ciento de los usuarios de los centros asistenciales de las ONG son hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, en la cúspide de su potencia laboral. El drama se ceba en quienes llegaron al país para trabajar y hoy no pueden hacerlo. Los inmigrantes regularizados acuden en busca de ayuda, después de que sus empresas los despidieran de sus trabajos de la construcción o los servicios.
Los nuevos pobres no son vagabundos, cuya asistencia se suele encauzar por otro lado. Perciben rentas en torno a los 400 euros al mes en el mejor de los casos. No tienen ya derecho a prestación por desempleo. Por eso solicitan pensiones no contributivas o rentas mínimas de inserción. Y utilizan esos ingresos para evitar dormir en la calle. Sin embargo, pagarse un techo bajo el cual vivir, en su mayor parte, habitaciones alquiladas en pisos compartidos, se lleva toda su renta. La mayor parte carece de familia en el país y deben recurrir a los centros asistenciales si quieren obtener ropa, alimentos y productos básicos de limpieza e higiene.
Así, los centros asistenciales hoy en España están levantando un gigantesco muro de contención contra el avance de la exclusión social. Sin su labor, cientos de miles de personas se verían empujadas a la exclusión total. Sin ropa, ni comida. Parados. A la espera de una recuperación que no termina de llegar…
La velocidad del descenso a los infiernos de la economía española contrasta con la lentitud desesperante de las Administraciones para tramitar las rentas de emergencia para los nuevos pobres en nuestro país. UGT advierte de que estas personas pasan seis meses “sin recurso económico alguno” mientras, en Madrid, el gobierno autónomo tramita las ayudas. La ley, que no impidió la caída de la economía ni el tropiezo para el millón y pico de parados que acumula España en el último año, fija un plazo máximo de tres meses.
